El Comercio De La República - Bolivia: Tormenta económica

Bolivia: Tormenta económica

Cuando el economista Rodrigo Paz juró como presidente de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, heredó una economía asfixiada. Durante las últimas dos décadas el país mantuvo precios de la gasolina y el diésel artificialmente bajos y dejó en manos del Estado la explotación de hidrocarburos. Esas políticas vaciaron los cofres públicos. Las reservas internacionales, que en 2014 superaban los quince mil millones de dólares, se desplomaron a menos de dos mil millones en 2024; al asumir el poder, Paz no tenía reservas líquidas para importar combustible. La inflación superaba el 20 % y en agosto de 2025 llegó al 25,15 %, el nivel más alto en más de treinta años. La economía se contrajo 2,4 % en el primer semestre de 2025, se perdieron empleos y el poder adquisitivo se erosionó día a día.

El déficit fiscal, que un asesor de Paz estimó en más del 11 % del producto interno bruto (PIB), dejó al país sin margen de maniobra. José Gabriel Espinoza, miembro del equipo económico del nuevo presidente, advirtió que la nación disponía de menos de mil millones de dólares, insuficientes para cubrir dos semanas de importación de combustible o el pago de la deuda externa, y que serían necesarios al menos 2 500 millones para cerrar el año. La falta de divisas obligó al Banco Central a vender su oro y a imponer controles; se instaló un mercado paralelo donde el dólar se cotizaba a más del doble del tipo oficial. Muchos ahorristas no pudieron retirar sus depósitos en moneda extranjera y se vieron obligados a aceptar bolivianos al tipo de cambio oficial, provocando un “corralito” que alimentó la desconfianza en el sistema bancario.

Para intentar estabilizar la situación, Paz viajó a Washington antes de asumir el cargo y se reunió con instituciones multilaterales. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo manifestaron su disposición a apoyar a Bolivia. Sin embargo, los préstamos deben ser aprobados por una Asamblea Legislativa fragmentada: la nueva coalición del presidente carece de mayoría propia y depende de alianzas con partidos de derecha y centro. Economistas advierten que la estabilidad política será esencial para implementar reformas impopulares como la reducción de subsidios y la flexibilización del tipo de cambio.

La emergencia energética
La segunda crisis, que agrava la primera, es el colapso del sector energético. Bolivia fue durante años un exportador de gas natural; hoy su producción se ha desplomado un 54 % en la última década. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cerró 2024 con pérdidas operativas de 11 700 millones de bolivianos (1 700 millones de dólares). Cada litro de gasolina y diésel que vende genera pérdidas por los subsidios, y solo el año pasado el subsidio al diésel importado costó 6 300 millones de bolivianos (914 millones de dólares). La empresa fue descrita por analistas como “prácticamente en bancarrota”.

La caída en la producción interna obligó a importar el 95 % del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume el país. A finales de octubre solo quedaba combustible para un día de diésel y tres de gasolina. Las filas en las estaciones se extendieron por kilómetros y duraban horas o incluso días. Los panaderos redujeron la producción de pan y los avicultores advirtieron sobre escasez de pollo debido a la falta de carburante. La crisis se reflejó también en las carreteras: se multiplicaron los bloqueos, se cancelaron rutas de autobuses y el transporte público funcionó a medias.

El desabastecimiento tiene otra dimensión: el contrabando. La gasolina y el diésel subsidiados son vendidos ilegalmente en Perú, Brasil y Chile, provocando pérdidas millonarias. Para combatirlo, Paz ordenó a las Fuerzas Armadas perseguir a los contrabandistas y calificó el contrabando de combustibles como un “ataque a la economía nacional”. Al mismo tiempo, anunció auditorías a YPFB y revisiones a los precios de los combustibles para hacer el sistema sostenible. Su ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, busca reformar el esquema de subsidios para que sean focalizados y dejen de ser un incentivo para el contrabando.

Las soluciones no llegarán rápido. El gas boliviano ya no abastece a Argentina ni a Brasil como antes; el país ha pasado de ser exportador a importador neto. El gobierno reactivó contratos con proveedores de Argentina, Chile, Paraguay y Perú para garantizar la oferta inmediata. Pero a largo plazo, Paz propone un “capitalismo inteligente de la energía”, combinando inversión privada con control estatal y exploración de nuevos campos, incluso en la Amazonía. Organizaciones indígenas y ecologistas advierten que la extracción en áreas protegidas, como los pozos Tomachi X1 y X2 en la cuenca del río Madre de Dios, pone en riesgo a comunidades como los tacanas y amenaza a miles de especies.

La fragilidad institucional
La tercera crisis es política e institucional. Después de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el nuevo presidente enfrenta un Parlamento sin mayoría y un sistema judicial desprestigiado. La Constitución boliviana obliga a que los jueces sean elegidos por voto popular a partir de listas elaboradas por el Congreso, un mecanismo que ha permitido que el oficialismo de turno cooptara los tribunales y utilizara la justicia para perseguir a opositores. En 2025 el país ocupó el puesto 131 de 143 en el índice del Estado de derecho del World Justice Project, uno de los más bajos del continente.

Paz prometió convocar una “Cumbre de la Justicia” para diseñar reformas y modernizar los tribunales. Sin embargo, las divisiones políticas complican cualquier cambio. Su partido, el demócrata cristiano, obtuvo menos de un tercio de los escaños y necesita el apoyo de partidos conservadores y centristas para aprobar leyes. Algunos legisladores del MAS podrían sumarse, pero otros podrían boicotear las iniciativas. La falta de confianza en las instituciones se refleja en las calles: tras la segunda vuelta electoral, miles de manifestantes marcharon en La Paz exigiendo una auditoría del escrutinio y denunciando fraude; aunque no hubo enfrentamientos graves, la protesta evidenció el clima de polarización.

La seguridad también preocupa. Bolivia es un corredor para el narcotráfico y alberga laboratorios clandestinos; la detención de un ex viceministro por poseer un laboratorio de cocaína subrayó la penetración del crimen organizado en el Estado. Paz anunció que restablecerá la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y reforzará la colaboración con países vecinos para combatir las redes criminales. Sin embargo, organismos de derechos humanos recuerdan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico ha provocado abusos en el pasado.

¿Qué puede hacer Rodrigo Paz?
En su discurso inaugural, el presidente afirmó que Bolivia se “abrirá al mundo” y dejó atrás el aislamiento de los gobiernos anteriores. Prometió un “capitalismo para todos” que combine disciplina fiscal con programas sociales y descentralización. Para ello tendrá que equilibrar exigencias contradictorias: acabar con los subsidios que desangran al Estado sin provocar un estallido social; liberalizar el tipo de cambio sin disparar la inflación; y atraer inversión extranjera sin ceder la soberanía sobre recursos estratégicos.

Una de sus primeras medidas será reducir los subsidios al diésel para la agricultura y las empresas, mientras que las subvenciones a la gasolina para el transporte público se desmantelarán de manera gradual. También planea flexibilizar el tipo de cambio para acercarlo a la cotización del mercado paralelo. El Fondo Monetario Internacional recomienda un programa de consolidación fiscal que incluya la eliminación de la financiación monetaria del déficit, la reducción del gasto en salarios públicos y la racionalización del presupuesto. La tarea es ardua: la proyección del FMI para 2025 anticipa un crecimiento de apenas 0,6 % y una inflación de 20,8 %.

Paz también pretende revisar los contratos de explotación de litio firmados con empresas chinas y rusas durante el gobierno anterior. Bolivia posee unos 21 millones de toneladas de litio, lo que podría convertirla en un actor clave de la transición energética. El nuevo gobierno quiere promulgar una ley que refuerce la supervisión ambiental y aumente la participación de las comunidades locales. Además, el presidente busca estrechar relaciones con Estados Unidos y otros países de la región para atraer inversión y diversificar mercados.

En materia de justicia, su iniciativa estrella será convocar una cumbre para reestructurar la elección de jueces y garantizar su independencia. También planea fortalecer los organismos de control y transparencia para combatir la corrupción y reconstruir la confianza ciudadana. La meta a largo plazo es transformar a Bolivia en un ejemplo de estabilidad centrista en la región.

Conclusión
Bolivia está al borde de la quiebra. El agotamiento de las reservas, la inflación galopante y el colapso de la industria de hidrocarburos han puesto al país al límite. La herencia de políticas estatistas y subsidios indiscriminados ha dejado a Rodrigo Paz un panorama desolador: una economía sin liquidez, una empresa petrolera casi quebrada y un Estado debilitado por la corrupción y la desconfianza. Para superar las tres crisis —económica, energética e institucional— se requiere un liderazgo capaz de tomar decisiones impopulares, dialogar con una oposición fragmentada y restaurar la credibilidad de las instituciones. Las próximas semanas y meses serán decisivas para saber si el nuevo gobierno puede evitar el colapso y encaminar a Bolivia hacia una recuperación sostenible.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.