El Comercio De La República - España y la ola Migratoria

España y la ola Migratoria

España vive desde hace años un flujo migratorio intenso que impacta en sus costas, sus fronteras terrestres y su estructura demográfica. Este fenómeno no es nuevo, pero los datos recientes muestran un mosaico de tendencias: un descenso global de las llegadas irregulares en 2025, un aumento de entradas en rutas concretas, un número creciente de personas nacidas en el extranjero y un debate político cada vez más intenso. Este artículo analiza las cifras oficiales, los principales sucesos de 2024 y 2025, las tragedias humanas en el Atlántico y el Mediterráneo, el impacto demográfico y las respuestas políticas en España y en el marco europeo.

Entradas irregulares: descenso general y rutas en auge
Tras un año 2024 marcado por niveles récord de llegadas irregulares a la península (63 970 entradas, frente a 52 852 en 2023), 2025 ha registrado un descenso global. Hasta el 15 de agosto de 2025, el número de migrantes que alcanzaron España de forma irregular cayó un 29,3 % respecto al mismo periodo de 2024. El informe quincenal del Ministerio del Interior divulgado en noviembre de 2025 cifraba en 30 263 los migrantes llegados de forma irregular hasta el 31 de octubre, un 35,8 % menos que en los diez primeros meses de 2024. Esta reducción se debe en gran medida a la caída de las entradas por la ruta canaria, que tras el pico de 2024 ha descendido un 58,6 %: 14 099 personas llegaron a las islas hasta octubre, frente a 34 087 en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, la presión migratoria no desaparece, sino que se desplaza. En las Islas Baleares, las llegadas se dispararon. Hasta mediados de agosto se habían registrado 4 323 migrantes y 230 pateras, un aumento del 77 %. La tendencia continuó en otoño: a 31 de octubre, 6 280 personas habían arribado a Baleares por mar, un 66 % más que en 2024, y el Ministerio de Interior destacaba que las 342 embarcaciones interceptadas superaban en más de un centenar a las del año anterior. Las llegadas marítimas a la península también aumentaron un 20 % en 2025 (6 593 personas). Las entradas por tierra en Ceuta y Melilla también crecieron: 1 887 personas hasta agosto (un 14,9 % más) y 3 262 personas hasta octubre (un 41,3 % más). El flujo terrestre a Melilla se disparó un 336 %, de 38 a 166 personas.

Estas cifras matizan el discurso de que la crisis está controlada. El notable descenso en Canarias coincide con una “hibernación” de la ruta, pero la presión se traslada a Baleares y a las fronteras terrestres. Las autoridades también destacan que el número de embarcaciones interceptadas sigue siendo alto: 1 066 barcos en todo el país hasta octubre, 298 menos que en 2024 pero todavía una cifra considerable.

2024: un año récord de llegadas y de muertes
Los datos de 2024 ayudan a contextualizar la situación actual. A finales de ese año habían llegado a la península 63 970 migrantes irregulares. La inmensa mayoría, 61 323 personas, lo hicieron por mar. Las entradas por tierra crecieron un 114,5 % hasta sumar 2 647. Ese mismo año se registraron 10 457 muertes o desapariciones en rutas hacia España, según la organización Caminando Fronteras, lo que supone una media de casi 30 personas al día y un incremento del 58 % respecto al año anterior. La cifra de fallecidos de 2024 muestra que, aunque las llegadas descienden en 2025, los riesgos persisten.

Tragedias recientes en el Atlántico y el Estrecho
El verano de 2025 volvió a evidenciar la letalidad de las rutas. En julio, más de 80 personas —incluidos al menos 50 menores de origen marroquí y palestino— se lanzaron al mar para alcanzar a nado la ciudad de Ceuta. Fueron rescatados 54 menores y unos 30 adultos por unidades marítimas españolas. Algunas personas lograron eludir el control y se dispersaron por la ciudad, lo que llevó a las autoridades locales a pedir apoyo al Gobierno central. Los intentos a nado son cada vez más frecuentes cuando las pateras disminuyen y reflejan la desesperación de muchos jóvenes.

Un mes después, el 29 de agosto de 2025, se produjo una tragedia en la ruta atlántica: una embarcación que había salido de Gambia con destino a las Islas Canarias naufragó frente a las costas de Mauritania. La Guardia Costera mauritana recuperó 70 cadáveres y rescató a 17 supervivientes, mientras continuaban las labores de búsqueda. La barca llevaba más de cien personas, la mayoría procedentes de Gambia, Zambia y Senegal. Esta tragedia subraya la peligrosidad de la ruta canaria, por la que en 2024 llegaron 46 843 personas y 9 757 murieron en la travesía, según datos oficiales citados por organizaciones humanitarias.

La ruta atlántica hacia Canarias es actualmente la más mortífera del mundo. Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de junio de 2024 se han contabilizado 18 680 personas muertas o desaparecidas en esta ruta. En los últimos cinco años, las llegadas han crecido de forma exponencial: 120 905 supervivientes llegaron a las islas entre 2020 y principios de julio de 2024. Los expertos señalan que el cierre de otras rutas mediterráneas y la mayor vigilancia en el Estrecho han desplazado el flujo hacia el Atlántico, donde las distancias son mayores y las embarcaciones más precarias.

Impacto demográfico: España bate récords de población gracias a la inmigración
A pesar del descenso en las llegadas irregulares, España sigue incrementando su población gracias a la inmigración legal y a los procesos de nacionalización. Según la Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística, la población del país aumentó en 105 488 personas en el tercer trimestre de 2025 y alcanzó un máximo histórico de 49 442 844 habitantes. El crecimiento anual estimado es de 474 454 personas.

Este aumento se debe, en gran medida, a las personas nacidas en el extranjero. A 1 de octubre de 2025 había 9 825 266 residentes nacidos fuera de España. El número de extranjeros aumentó en 78 937 personas durante el trimestre, hasta 7 132 324. En cambio, el número de personas nacidas en España disminuyó en 9 901. Estas cifras implican que la inmigración contribuye no solo a compensar el déficit de nacimientos, sino a impulsar el crecimiento demográfico. Las principales nacionalidades de los inmigrantes en el último trimestre de 2024 fueron Colombia (43 400), Venezuela (30 500), Marruecos (27 700), Honduras (19 700) y China (18 800).

Entre 2013 y 2023 se produjeron 1 645 261 naturalizaciones en España, con un crecimiento notable entre los colectivos marroquí, venezolano y colombiano. Los datos del Servicio Jesuita a Migrantes muestran que a 1 de enero de 2024 había 9 341 782 personas de origen inmigrado, lo que representaba el 19,21 % de la población. Las Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana figuran entre las regiones con mayor proporción de población nacida en el extranjero.

Este incremento demográfico tiene consecuencias en el mercado laboral, el sistema de pensiones y el equilibrio territorial. En algunos territorios con fuerte dinamismo económico, como la Comunitat Valenciana, Madrid y Cataluña, la población extranjera creció en 2024 más de un 0,3 % trimestral. La UGT subraya que, sin la aportación migrante, la población española habría disminuido en 20 505 personas en ese mismo periodo.

Debate político y respuestas institucionales
El fenómeno migratorio se ha situado en el centro del debate político español. El Barómetro del CIS de septiembre de 2025 situaba la inmigración como la segunda preocupación de los ciudadanos, solo por detrás de la vivienda. Esta percepción ha llevado a distintos partidos a presentar propuestas. Un plan elaborado por el principal partido de la oposición propone un sistema de visados por puntos que vincularía la entrada de extranjeros a sectores con escasez de mano de obra y priorizaría a personas procedentes de países “culturalmente próximos”. La propuesta endurece las regularizaciones y condiciona el acceso a prestaciones públicas a la búsqueda activa de empleo. Incluye expulsiones de inmigrantes con delitos graves y un refuerzo del control fronterizo.

Mientras tanto, en el Congreso se tramita una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a cientos de miles de personas sin papeles. Tras superar la toma en consideración en abril de 2024, su avance se ha estancado. El Gobierno estudia un borrador alternativo que permitiría regularizar a quienes hayan llegado antes de 2025. Algunos grupos parlamentarios reclaman al Ejecutivo que apruebe la regularización por decreto debido a la falta de apoyos.

Uno de los puntos más sensibles es el reparto de los menores no acompañados. El Ejecutivo ha puesto en marcha un mecanismo para trasladar a estos menores desde territorios saturados —Canarias, Ceuta y Melilla— a otras comunidades. El decreto fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100 000 habitantes y contempla reubicar a unos 3 000 menores en un año. Algunas comunidades se resisten y otras, como Cataluña y el País Vasco, han quedado exentas de la obligatoriedad de los traslados. El Gobierno también ha asignado 22 millones de euros para financiar la acogida. La ministra de Inclusión y Migraciones, en un balance de 2024, insistió en que la solidaridad no debe ser un eslogan, sino una práctica que inspire a las comunidades autónomas.

En paralelo, España participa en la reforma europea de migración y asilo. El Consejo de la UE adoptó el Pacto sobre Migración y Asilo el 14 de mayo de 2024. La reforma pretende aliviar la carga de los países con más llegadas, crear procedimientos uniformes de registro y procesamiento de solicitudes y asegurar un reparto equitativo de responsabilidades. España impulsa una aplicación temprana del pacto y observa con cautela algunas propuestas europeas, como la creación de centros de deportación en terceros países y el aumento de los retornos. La Comisión Europea prevé presentar en 2025 una directiva de retornos para aumentar la eficacia de las expulsiones. La idea de instalar centros de deportación en Albania ha ganado apoyos entre varios Estados miembros, aunque genera rechazo en España y se encuentra paralizada por cuestiones legales.

Respuestas sociales y humanitarias
La gestión del flujo migratorio no recae únicamente en el Gobierno central. Organizaciones humanitarias, comunidades autónomas y ayuntamientos participan en la acogida. La ministra Elma Saiz subrayaba que en 2024 se garantizó diariamente a todas las personas atención humanitaria —cama, formación y apoyo emocional— gracias al trabajo del personal público y de las ONG. Sin embargo, la capacidad de los centros se ha visto desbordada en algunos momentos, especialmente en las islas y en Ceuta y Melilla. Además, los discursos de odio y la desinformación han crecido, obligando a las instituciones a reforzar sus mecanismos de vigilancia y a promover campañas antirracistas.

En varias provincias, asociaciones y colectivos han exigido rutas seguras, visados humanitarios y políticas de integración que eviten el exilio clandestino. La organización Caminando Fronteras recuerda que miles de cuerpos nunca son recuperados y denuncia la falta de mecanismos de búsqueda y repatriación. La sociedad civil también ha impulsado iniciativas para facilitar el empadronamiento, el acceso a la sanidad y la regularización extraordinaria de personas que llevan años residiendo en España.

Conclusión
Las llegadas irregulares a España se han reducido en 2025, pero continúan desbordando determinadas rutas y provocando tragedias. Al mismo tiempo, la inmigración, en sus múltiples formas, se ha consolidado como el motor del crecimiento demográfico y como un elemento estructural del mercado laboral y del sistema de bienestar. El país afronta el reto de gestionar esta realidad con políticas que combinen control fronterizo, respeto a los derechos humanos, solidaridad entre territorios y oportunidades de integración. La “bomba” migratoria no es un fenómeno incontrolable, sino un desafío complejo que exige datos veraces, cooperación internacional y un enfoque equilibrado entre seguridad y humanidad.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Lanza del sur en vilo

A mediados de noviembre de 2025 el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur a instancias de la Casa Blanca. La misión, coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, se presentó como una campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico. El secretario Pete Hegseth explicó que se trataba de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger al país de la droga que entra por el sur. En la práctica, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra del Golfo: comprende un portaaviones de propulsión nuclear con más de 4 000 marineros, un grupo anfibio con unos 2 200 marines y buques de guerra, además de destructores lanza‑misiles, cruceros, un submarino de ataque, aviones F‑35, drones de reconocimiento y 150 tropas de operaciones especiales embarcadas en el buque MV Ocean Trader. Estas fuerzas se combinan con plataformas robotizadas de superficie y drones capaces de despegar verticalmente, integrados con buques de la Guardia Costera en el marco de una red de vigilancia de alta tecnología.Ataques recientes y balance de víctimasDesde agosto se han llevado a cabo al menos una veintena de ataques contra lanchas consideradas “narcolanchas”, con un saldo que ya supera las ochenta muertes. El 10 de noviembre, un ataque cinético contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe acabó con la vida de sus cuatro tripulantes, acción que el Comando Sur justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico. Cinco días después, el 15 de noviembre, otra intervención en el Pacífico oriental destruyó una lancha que transportaba estupefacientes; murieron tres hombres que Estados Unidos calificó de narcoterroristas. Las autoridades militares estadounidenses insisten en que los objetivos recorrían rutas habituales del tráfico de drogas y que los ataques cuentan con respaldo legal. Sin embargo, la cifra acumulada de víctimas y la ejecución de los operativos —que dejan sin posibilidad de captura a los ocupantes— alimentan las críticas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre la pérdida de potencial información de inteligencia.Declaraciones ambiguas de Donald TrumpEl presidente estadounidense ha mantenido una estrategia de ambigüedad. Tras reunirse con altos mandos del Pentágono para analizar opciones sobre Venezuela, aseguró que “ya se decidió” acerca de los próximos pasos, aunque evitó revelar la naturaleza de sus órdenes. Trump sostiene que el despliegue militar ha frenado la entrada masiva de drogas y, en declaraciones a la prensa, dejó abierta la puerta a conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario también ha deslizado la posibilidad de autorizar ataques contra carteles en México y Colombia, afirmando que consultaría al Congreso y que contaría con el respaldo de ambos partidos para combatir a organizaciones criminales. Esta postura ambivalente —mezcla de mano dura y eventual disposición al diálogo— mantiene a la región en vilo y multiplica las especulaciones sobre un ataque terrestre.Objetivos y designaciones de grupos terroristasUno de los ejes de la operación es la criminalización de redes asociadas al poder venezolano. Washington ha anunciado que designará al Cartel de los Soles, organización vinculada a altos mandos de la fuerza armada venezolana, como una organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, la medida busca tipificar como delito cualquier apoyo material a este cartel y responde a la supuesta cooperación de este grupo con bandas como el Tren de Aragua para enviar narcóticos a Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una estructura criminal de tráfico de drogas. Esta estrategia de designaciones se acompaña de ofertas de conversación al propio Maduro, lo que refleja la contradicción entre la vía judicial y la política.Reacción venezolana: movilización y retórica de soberaníaLa respuesta de Caracas ha sido contundente. El gobierno venezolano considera que la Operación Lanza del Sur es un pretexto para una intervención militar. Nicolás Maduro ha movilizado 200 000 efectivos —incluidos soldados, milicias civiles y policías— y ha instruido la creación de “grupos de calle” para defender cada centímetro del territorio. En un encuentro con juristas, el mandatario pidió al pueblo estadounidense que detenga “la mano enloquecida de quien ordena bombardear” y preguntó si el continente está dispuesto a vivir “otra Gaza en Suramérica”. Caracas también ha convocado vigilias y marchas permanentes y ha elevado la alerta militar ante la presencia de buques estadounidenses en Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, funcionarios venezolanos buscan articular denuncias ante instancias internacionales para, según dicen, defender el derecho a la paz y la soberanía. Este discurso combina la retórica antiimperialista con la preparación para una eventual confrontación armada.Reacción colombiana: ruptura de cooperación e investigacionesColombia, aliado tradicional de Estados Unidos en materia de narcotráfico, rompió filas cuando el presidente Gustavo Petro ordenó suspender la cooperación en inteligencia hasta que cesen los ataques a lanchas rápidas. El mandatario escribió en redes que su ejército debe terminar “las comunicaciones y otros acuerdos” con las agencias de seguridad estadounidenses, al considerar que la ofensiva viola derechos humanos y constituye ejecuciones extrajudiciales. Petro sostiene que la lucha contra las drogas debe supeditarse a los derechos de las comunidades caribeñas y pidió que Donald Trump sea investigado por crímenes de guerra. Según las cifras que maneja Bogotá, al menos 75 personas han muerto en estos bombardeos desde agosto. El líder colombiano afirma que las víctimas incluían pescadores civiles y que existían alternativas legales como la incautación y el procesamiento de las embarcaciones. La Casa Blanca respondió imponiendo sanciones económicas a Petro y a miembros de su familia bajo acusaciones de connivencia con cárteles de droga, lo que profundizó una crisis diplomática sin precedentes.Controversias y críticas internacionalesLa actuación estadounidense ha suscitado un amplio rechazo. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionan que bombardear embarcaciones sin intentar capturar a sus ocupantes elimina fuentes valiosas de inteligencia y podría costar más que el valor de la droga incautada. La Guardia Costera de Estados Unidos ha obtenido incautaciones récord de cocaína mediante interdicciones convencionales —225 toneladas en un año— mientras que las incursiones militares apenas han mostrado resultados medibles. La ONU, por su parte, acusó a Washington de violar el derecho internacional; el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, señaló que más de 60 personas murieron en quince ataques antes de noviembre y exigió el fin de las operaciones. Naciones Unidas insiste en que las acciones no tienen la cobertura de un conflicto armado y constituyen ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse. Estas críticas se suman a las de los gobiernos de Venezuela y Colombia, así como a un creciente malestar en Trinidad y Tobago por los ejercicios navales estadounidenses cerca de su costa.Balance y perspectivasA tres meses de su inicio, la Operación Lanza del Sur ha provocado más tensión que logros verificables. Estados Unidos exhibe la destrucción de embarcaciones como un avance en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Venezuela y Colombia la califican de agresión. La región observa con inquietud la posibilidad de que los bombardeos a narcolanchas evolucionen hacia ataques a objetivos en tierra, dado que Trump, al mismo tiempo que insinúa conversaciones, no descarta un “siguiente paso” y algunas unidades militares están preparadas para recibir órdenes. La designación de grupos como el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas y las sanciones contra mandatarios latinoamericanos completan un escenario en el que la política antidrogas se mezcla con la estrategia geopolítica. En ausencia de transparencia sobre los criterios y la legalidad de los ataques, la campaña amenaza con convertirse en un nuevo foco de inestabilidad en América Latina, con riesgos de escalada y de violaciones a los derechos humanos.