El Comercio De La República - Crisis laboral en EE.UU.

Crisis laboral en EE.UU.

A finales de 2025 la economía estadounidense empezó a detenerse. En un país acostumbrado a crear cientos de miles de empleos al mes, los informes de otoño hablaban de solo unos 64 000 puestos nuevos en noviembre y de meses en los que el empleo total cayó. Aun así, el número de vacantes supera con creces al de personas disponibles: las empresas ofrecían unos 7,7 millones de puestos de trabajo y existían alrededor de 1,1 vacantes por cada persona desempleada. Este desajuste ha hecho que cada vez más titulares se pregunten: ¿Y ahora qué?

Una demografía que exprime el mercado laboral
El primer factor que explica la escasez de trabajadores es el envejecimiento de la población. Más de una quinta parte de los habitantes de EE. UU. ya tiene 65 años o más y la población jubilada alcanzó los 52,8 millones en 2025, casi 13 millones más que diez años antes. Esta oleada de jubilaciones obligaría a contratar alrededor de 142 000 trabajadores adicionales al mes sólo para mantener las plantillas actuales. La tasa de actividad global se mantiene en torno al 62,5 %, porque el aumento entre la población en edad productiva (83,4 %, cerca de su máximo histórico) no compensa el retiro de los “baby boomers”.

Las empresas no pueden recurrir a los parados de larga duración como en anteriores recesiones: se calcula que hay solo 381 000 trabajadores desanimados y el 94 % de las personas fuera de la fuerza laboral afirma no querer un trabajo. Además, 28 millones de adultos en edad productiva tienen algún tipo de discapacidad que limita su incorporación al empleo. El resultado es un mercado muy tenso: por cada jubilado que abandona su puesto hay tres desocupados dispuestos a sustituirle.

Menos inmigrantes, más escasez
Otro pilar del crecimiento laboral estadounidense ha sido la inmigración. Entre 2020 y 2024 los recién llegados explicaron el 83 % del crecimiento de la población. Inmigrantes y trabajadores extranjeros ocupan cerca del 29 % de los empleos en la construcción y al menos uno de cada cinco puestos en sectores como la hostelería, el transporte, la manufactura y los servicios profesionales.

Sin embargo, las políticas de 2025 redujeron drásticamente estas entradas. Los servicios migratorios calculan que en 2025 llegarían unos 500 000 inmigrantes, frente a 2,2 millones el año anterior. Planes gubernamentales prevén deportaciones masivas de hasta un millón de personas al año, redadas en centros de trabajo y recortes en visados. Bajo uno de los escenarios modelizados por economistas, la fuerza laboral dejaría de crecer y empezaría a reducirse si se materializan estos planes. Una tercera parte de las empresas constructoras ya afirma que las medidas federales en materia migratoria han provocado retrasos en sus proyectos.

Sectores bajo presión
La falta de mano de obra no afecta por igual a todas las industrias. Algunos de los sectores más críticos son:
Salud: el envejecimiento de la población multiplica la demanda de cuidados, pero se espera una carencia de casi 700 000 médicos, enfermeras tituladas y auxiliares antes de 2037. Las encuestas muestran que más de la mitad de los trabajadores sanitarios planean buscar otro empleo en los próximos años.

Manufactura: esta industria debe cubrir 3,8 millones de puestos en la próxima década; hasta 1,9 millones podrían quedar vacantes si no se corrige la tendencia. Los trabajadores fabriles, que ganan de media más de 102 000 dólares al año entre salario y prestaciones, están envejeciendo y las nuevas generaciones no se sienten atraídas por estas carreras.

Construcción: nueve de cada diez contratistas tienen vacantes sin cubrir y se necesitarían unos 723 000 trabajadores adicionales al año para responder a la demanda. Uno de cada cinco trabajadores del sector tiene más de 55 años y la edad media de un oficio cualificado se aproxima a los 43. Además, se estima que los costes laborales subirán entre un 6 % y un 8 % anual de aquí a 2026 debido a esta escasez.

Hostelería y ocio: aunque los hoteles prevén contratar 14 000 empleados más en 2025, más del 64 % aún se enfrenta a problemas de personal. Para atraer trabajadores, más del 47 % ha aumentado salarios y otros ofrecen horarios flexibles o descuentos en alojamientos.

Ciberseguridad y tecnología: cerca del 75 % de las empresas reconocen que no encuentran talento cualificado y el 40 % de los adultos carece de competencias digitales básicas. La demanda de especialistas en ciberseguridad, microelectrónica, construcción naval, inteligencia artificial y energías renovables supera con creces la oferta; por ejemplo, se necesitan 265 000 expertos en ciberseguridad y más de 300 000 soldadores adicionales para 2030.

Un mercado sin margen de maniobra
Esta combinación de factores genera un mercado anómalo. Los empresarios tienen dificultades para encontrar candidatos cualificados a pesar de que la creación de empleo se está ralentizando. Un sondeo entre pequeñas empresas señala que el 89 % de los propietarios que intentaba contratar en noviembre de 2025 recibía pocos o ningún solicitante adecuado, y una tercera parte tenía puestos vacantes sin cubrir. No obstante, el 19 % planea crear nuevos empleos en los próximos meses, lo que denota confianza en la economía. Los directivos de grandes empresas también miran hacia 2026 con optimismo: dos tercios de los responsables de contratación prevén aumentar plantilla en la primera mitad del año y más de una cuarta parte planea recurrir a trabajadores temporales o contratistas para adaptarse a la demanda.

Al mismo tiempo, la falta de habilidades es el principal obstáculo. El 36 % de las compañías admite tener vacantes imposibles de cubrir y la mitad de los candidatos no reúne la experiencia necesaria. Esto provoca que la competencia por el talento se encarezca y que las empresas tengan que invertir en formación o contratación internacional. Otro factor emergente es la automatización: casi el 39 % de las empresas que planea reducir personal lo hace porque adoptará inteligencia artificial. Aun así, los expertos señalan que la IA no destruirá empleo de forma masiva de inmediato; más bien modificará las tareas y exigirá nuevas competencias.

Consecuencias económicas
Las repercusiones de este desequilibrio no se limitan a las empresas. La escasez de mano de obra y la subida de sueldos presionan la inflación y elevan los costes de proyectos públicos y privados. En la construcción, se recomienda añadir cláusulas de ajuste salarial en los contratos y ampliar los plazos de entrega, ya que incluso tareas sencillas pueden tardar hasta un 15 % más por falta de personal. Para las pequeñas empresas, la combinación de salarios en ascenso (el salario medio por hora creció un 3,5 % interanual en noviembre de 2025) e incertidumbre regulatoria complica la planificación y la contratación.

La política comercial también pesa. La imposición de aranceles globales en 2025 redujo drásticamente el ritmo de creación de empleo: de 147 000 puestos al mes antes de los aranceles a apenas 38 600 después. Los economistas señalan que la falta de claridad sobre los costes de importación frena inversiones y contrataciones. Con una política arancelaria más estable y recortes fiscales previstos para finales de 2026, algunos analistas prevén un repunte de la actividad en la segunda mitad del año. No obstante, la previsión dominante es que el desempleo pueda alcanzar el 4,5 % a comienzos de 2026 antes de descender.

¿Y ahora qué?
La escasez de trabajadores en Estados Unidos no es un fenómeno pasajero ni se resolverá sola. Su raíz se halla en tendencias demográficas inevitables, en políticas que restringen la inmigración y en una transición tecnológica que exige habilidades distintas a las disponibles. Para evitar que la falta de mano de obra frene el crecimiento económico se plantean varias líneas de actuación:

1) Fomentar la formación y el reciclaje profesional: se necesitan programas de capacitación a gran escala en oficios técnicos, cuidados de la salud, tecnologías de la información y energías limpias. La colaboración entre empresas, centros educativos y administraciones es clave para generar la mano de obra cualificada que demandan sectores estratégicos.

2) Atraer a más jóvenes a sectores esenciales: la construcción, la manufactura y la sanidad deben mejorar su imagen y ofrecer itinerarios claros de carrera para seducir a la generación Z. Aprender oficios a través de programas de aprendizaje remunerado puede ser una vía atractiva.

3) Revisar las políticas migratorias: la economía necesita trabajadores extranjeros. Un marco legal que combine seguridad fronteriza con vías de acceso ágiles para cubrir vacantes en agricultura, construcción, hostelería, alta tecnología y cuidado de mayores puede aliviar la presión del mercado laboral.

4) Aprovechar la tecnología de forma humana: la automatización y la inteligencia artificial pueden mejorar la productividad y compensar la falta de mano de obra. Sin embargo, deben implementarse con planes de transición que protejan a los trabajadores y actualicen sus competencias.

El interrogante “¿y ahora qué?” invita a reflexionar sobre la sostenibilidad de un modelo basado en el crecimiento continuo del consumo y del empleo. La respuesta pasa por reconciliar economía y demografía, innovación y equidad. En la próxima década, la mayor economía del mundo tendrá que reinventar su mercado laboral para evitar quedarse sin manos que hagan funcionar la maquinaria del progreso.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

El Pacto UE‑India al desnudo

Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, la Unión Europea (UE) y la India anunciaron a finales de enero de 2026 la conclusión de un acuerdo de libre comercio que aspira a crear la mayor zona comercial bilateral del planeta. El pacto abarca un mercado de casi 2.000 millones de personas y cerca de una cuarta parte del producto interior bruto mundial. Para ambas partes representa mucho más que un simple tratado: la UE, segunda economía mundial, busca diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia de China y Estados Unidos, mientras que la India, ya la nación más poblada y la cuarta economía del mundo, pretende consolidar su ascenso como potencia global.Las conversaciones comenzaron en 2007, se paralizaron en 2013 por diferencias sobre patentes, seguridad de datos y movilidad de profesionales, y se retomaron finalmente en 2022. En un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y rivalidad geopolítica con China, Bruselas calificó el acuerdo como “la madre de todos los acuerdos” y lo enmarcó en una estrategia para una “nueva Europa”.Claves económicas: reducción de aranceles y apertura del mercadoEl núcleo del pacto reside en la eliminación casi total de los derechos aduaneros. India se compromete a suprimir o reducir los aranceles sobre el 96,6 % del valor de las exportaciones europeas, mientras que la UE liberalizará el 99,5 % de sus partidas arancelarias en un plazo de siete años. La Comisión Europea estima que los exportadores del bloque ahorrarán hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros. El comercio bilateral, que ya sostiene unos 800.000 puestos de trabajo en Europa, podría duplicar las exportaciones de bienes de la UE a la India para 2032.Las exportaciones europeas de maquinaria y material eléctrico (16.300 millones de euros en 2024) soportaban aranceles de hasta un 44 %; estos derechos se eliminarán en gran medida en un periodo de entre cinco y diez años. Los aviones y naves espaciales europeos, gravados hasta ahora con aranceles del 11 %, verán reducidos sus derechos a cero de forma gradual. Productos químicos, farmacéuticos y bienes de equipo también disfrutarán de rebajas arancelarias sustanciales. El sector automovilístico se beneficiará especialmente: los impuestos indios sobre vehículos de motor bajarán del 110 % al 10 %, con una cuota anual para 250.000 vehículos europeos. Para productos agroalimentarios de alto valor —vino, aceite de oliva, confitería y bebidas espirituosas—, el acuerdo prevé reducciones drásticas de aranceles, que pasarán del 150 % a una horquilla del 20 % al 40 %.Desde la perspectiva europea, el acceso al vasto mercado indio supone una oportunidad histórica para diversificar exportaciones y reforzar la autonomía económica en un mundo de cadenas de suministro fragmentadas. La UE mantiene un arancel medio de sólo el 4 % para los productos indios, mientras que India aplicaba tasas medias del 37 % a los bienes agroalimentarios europeos y entre el 10 % y el 44 % a productos industriales. La apertura del mercado asiático es por tanto cualitativamente mayor y se prevé particularmente beneficiosa para sectores como maquinaria, automoción, química, aeroespacial, farmacéutica y agroalimentación. Además, España aspira a duplicar sus exportaciones a la India en pocos años gracias al pacto.Servicios, digital y pequeñas empresasMás allá del comercio de bienes, el acuerdo introduce la liberalización más ambiciosa de servicios que la India haya ofrecido a un socio externo. Nueva Delhi abrirá 144 subsectores —incluidos servicios financieros, transporte marítimo, servicios profesionales y educación— y facilitará la movilidad laboral. La UE, por su parte, busca un acceso más predecible para sus empresas, con normas claras sobre licencias, presencia local y dirección de las compañías. En 2024, las exportaciones de servicios de la UE a la India sumaron 26.000 millones de euros; Bruselas confía en que esta cifra crezca significativamente gracias a las nuevas reglas.El tratado también establece un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas (pymes), con puntos de contacto y plataformas digitales para facilitar la información sobre aranceles, procedimientos aduaneros y requisitos de acceso al mercado. Se refuerza la protección de la propiedad intelectual y se simplifican trámites aduaneros y normas de origen, de modo que sólo los productos transformados significativamente en una de las partes puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias. Esta cláusula pretende evitar que bienes de terceros países, incluida Rusia, se reexporten a Europa a través de la India.Compromisos laborales, de género y medioambientalesUno de los aspectos destacados del pacto es la inclusión de compromisos vinculantes en materia de trabajo digno, igualdad de género y sostenibilidad. Ambas partes se obligan a respetar los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, a mejorar la inspección laboral y a promover la igualdad de género. El acuerdo recoge también cláusulas de cooperación para implementar el Acuerdo de París sobre el clima, la Convención sobre la Diversidad Biológica y otras iniciativas ambientales. Estos compromisos se ejecutarán a través de mecanismos de consulta capaces de abordar cuestiones laborales, ambientales y de género de manera sostenible.En el ámbito digital, las normas pactadas buscan crear un entorno de comercio electrónico seguro y previsible, reforzar la confianza del consumidor y mantener el derecho a regular en materia de privacidad y seguridad. La protección de la propiedad intelectual se eleva al nivel de los estándares europeos.Críticas y preocupacionesAunque Bruselas presenta el acuerdo como un hito histórico, diversos colectivos han denunciado la opacidad de las negociaciones y advierten de que el tratado podría favorecer sobre todo a las grandes corporaciones. Organizaciones sociales sostienen que el pacto se negoció a puerta cerrada y que incluso algunos miembros del Parlamento Europeo tuvieron dificultades para acceder a los textos. Para estos críticos, el acuerdo responde ante todo a los intereses de empresas multinacionales europeas e indias, mientras que los posibles impactos en los derechos laborales, el acceso a medicamentos, los servicios públicos y la soberanía regulatoria han sido minimizados.La liberalización de la propiedad intelectual ha generado inquietud en el ámbito sanitario. India es conocida como la “farmacia del Sur global” por su capacidad para producir medicamentos genéricos asequibles. Las nuevas reglas de patentes podrían retrasar la fabricación de genéricos y encarecer tratamientos contra enfermedades como el VIH, el cáncer o la hepatitis. También preocupa el efecto sobre la agricultura de subsistencia india: la entrada de productos europeos subsidiados podría arrasar los medios de vida de millones de familias campesinas. En Europa, productores y sindicatos temen que los salarios y estándares laborales se vean presionados a la baja por la competencia de bienes indios más baratos.Desde un ángulo geopolítico, algunos analistas señalan que el acuerdo no persigue tanto la creación de un bloque indo‑europeo frente a Washington o Pekín como la búsqueda de un nuevo mercado que sustituya a China. India ofrece salarios seis veces inferiores a los de China y veintiocho veces inferiores a los de Alemania, lo que explica la atracción que ejerce sobre el capital europeo. Sin embargo, replicar la estrategia de deslocalización de principios de los 2000 puede exacerbar las desigualdades y no garantiza la reindustrialización europea. Además, India mantiene estrechos vínculos con Rusia y China y no renuncia a su lógica de multilateralidad, por lo que el acuerdo difícilmente alterará los grandes equilibrios mundiales.Otras voces subrayan la dificultad de implementar el tratado. India tiene una tradición profundamente proteccionista y cuenta con barreras jurídicas, administrativas y culturales muy distintas a las europeas. La diferencia cultural y empresarial convierte a este pacto en uno de los acuerdos comerciales más complejos de gestionar. Los analistas advierten de que, si bien la reducción gradual de aranceles podría generar 4.000 millones de euros en ahorros, el verdadero reto será superar la burocracia y las barreras no arancelarias que históricamente han frenado a los inversores europeos.También existe preocupación por la posible reexportación de productos de terceros países a través de la India y por la exposición de la industria y el campo europeos a una competencia que consideran desleal. Algunos productores temen que se sacrifiquen sectores estratégicos y la autonomía económica en nombre de grandes cifras macroeconómicas, mientras el productor europeo continúa asfixiado por impuestos y regulaciones. Expertos señalan que las normas de origen, aunque necesarias, son difíciles de controlar y no siempre evitan la triangulación comercial.Proceso de ratificación y perspectivas futurasEl tratado aún debe superar la revisión jurídica, la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE y la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, así como la ratificación india. Las disposiciones arancelarias y regulatorias se aplicarán de forma gradual durante un periodo de hasta diez años. Algunos sectores sensibles —carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar— quedan excluidos o sujetos a cuotas, protegiendo a los agricultores europeos e indios.La evolución del acuerdo dependerá de la capacidad de ambas partes para equilibrar los beneficios económicos con la protección de los derechos laborales, la salud pública, el medio ambiente y la soberanía regulatoria. Si se implementa con transparencia y vigilancia social, el pacto podría impulsar la creación de empleo, el acceso a un inmenso mercado y la diversificación de las cadenas de suministro. Sin embargo, sin mecanismos eficaces de control y participación, corre el riesgo de profundizar las asimetrías económicas y reproducir los errores de una globalización que ya muestra signos de agotamiento.