OCDE: Alerta final a España
España afronta un momento crítico en sus finanzas públicas. En su último examen económico, publicado a finales de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo sonar todas las alarmas. Aunque el organismo reconoce que la economía española ha mostrado una sorprendente resiliencia tras la pandemia y que el crecimiento del producto interior bruto podría alcanzar el 2,9 % en 2025 y el 2,2 % en 2026, advierte de que ese impulso está sostenido por pilares frágiles: deuda elevada, un déficit estructural enquistado y presiones demográficas que amenazan con desbordar el sistema de prestaciones públicas.
Según los datos del primer semestre de 2025, la economía española creció principalmente gracias al endeudamiento. Por cada euro adicional de producto interior bruto, la deuda pública aumentó 1,5 euros. Los ingresos tributarios subieron un 6,5 %, pero el gasto lo hizo un 6,1 %, generando un desequilibrio de 32.800 millones en sólo seis meses. Los intereses de la deuda alcanzaron más de 20.500 millones de euros, un 8,2 % más que un año antes, una cifra que ya supera el presupuesto anual de muchas políticas públicas. Estos datos reflejan una dinámica insostenible: la economía crece, pero lo hace apoyada en un endeudamiento masivo que absorbe casi toda la capacidad de expansión real.
La OCDE comparte ese diagnóstico: la deuda pública se mantiene en niveles elevados y el déficit estructural ronda el 3 % del PIB. Aunque el déficit nominal descendió al 3,2 % en 2024, el desequilibrio de fondo apenas se ha corregido. Sin medidas contundentes, el organismo alerta de que el envejecimiento de la población y el aumento del gasto público pueden abocar al país a un colapso fiscal. La institución advierte de que, entre 2023 y 2050, el gasto en pensiones crecerá 3,2 puntos del PIB, y si se añaden los costes sanitarios y de cuidados de larga duración la presión total ascenderá a 5,2 puntos. Esta tendencia se agrava porque las prestaciones están indexadas a la inflación y ya no existe un factor automático de sostenibilidad: los ajustes que contemplaba la reforma anterior se pospusieron y el gasto en pensiones depende enteramente del IPC. La OCDE propone volver a vincular la edad y el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida o ampliar el periodo de cómputo para mejorar la sostenibilidad.
El organismo también critica que el Plan de Estabilidad a medio plazo presentado por el Gobierno carece de detalles sobre cómo reducir el déficit al 0,8 % y llevar la deuda al 90,6 % del PIB en 2031. Señala que el gasto público está demasiado concentrado en transferencias corrientes –especialmente pensiones y prestaciones por desempleo– mientras que la inversión en educación, servicios básicos e infraestructuras se sitúa por debajo de la media europea. Recomienda reforzar la eficiencia del gasto, recortar partidas improductivas y priorizar el gasto orientado al crecimiento.
Uno de los focos que más preocupa a la OCDE es el mercado laboral. España mantiene la tasa de paro más alta de la organización, a pesar de la creación récord de empleo en 2024. El organismo subraya la necesidad de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores sénior y de los inmigrantes para sostener la oferta laboral. Insta a mejorar la formación para adultos, revisar los incentivos al subsidio de mayores de 52 años y facilitar la integración de las personas migrantes. También llama a reducir la carga administrativa y ampliar el acceso a la financiación para pymes y emprendedores, uno de los grandes obstáculos a la productividad española.
La recaudación tributaria es otro punto crítico. El llamado “tax wedge” –la diferencia entre el coste laboral total y el salario neto que percibe el trabajador– se sitúa en el 40,6 % para un trabajador medio sin hijos, muy por encima de la media de la OCDE. La presión fiscal se apoya demasiado en las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta, mientras que el IVA recauda poco debido a los numerosos tipos reducidos y exenciones. El organismo propone ampliar la base del IVA, revisar las bonificaciones que generan distorsiones y reorientar la carga hacia impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, como los ambientales.
El informe dedica un capítulo específico a la vivienda. Entre 2022 y 2024 se concedieron apenas 345.000 licencias de construcción, mientras se formaron 604.000 nuevos hogares; el resultado es un déficit de unas 600.000 viviendas. La OCDE considera que la regulación del alquiler y las trabas urbanísticas estrangulan la oferta, provocando subidas de precios de doble dígito. Recomienda liberar suelo, agilizar y digitalizar los permisos, invertir en vivienda social y establecer un sistema nacional de ayudas al alquiler ajustado a ingresos y precios locales. Sin una intervención decidida, advierte, la tensión en los precios de la vivienda seguirá aumentando y se convertirá en un freno adicional para la competitividad.
El organismo internacional reconoce que España ha tenido un desempeño mejor que el de sus socios en términos de crecimiento y creación de empleo, gracias al consumo privado, la llegada de inmigrantes y la inversión impulsada por los fondos europeos. Sin embargo, insiste en que la productividad por trabajador sigue siendo baja y que el capital humano y tecnológico crece lentamente. La inversión en investigación y desarrollo se mantiene por debajo del objetivo europeo, y muchas pymes siguen teniendo dificultades para acceder a financiación alternativa. Estas debilidades estructurales limitarán el crecimiento potencial si no se abordan con reformas profundas.
El diagnóstico de la OCDE coincide con las advertencias de economistas independientes. José Ramón Riera, uno de los analistas más críticos con la evolución macroeconómica reciente, sostiene que la economía se está inflando artificialmente; por cada euro de PIB que se genera, la deuda pública aumenta 1,5 euros. El déficit consumió en seis meses el 80 % del límite autorizado por Bruselas, y el coste financiero de la deuda supera ya presupuestos completos de ministerios. En su opinión, sin contención del gasto y sin un impulso decidido a la productividad, España entrará en diciembre de 2026 en una situación fiscal extremadamente preocupante.
En 2026 entrará en vigor la nueva regla fiscal europea, que obligará a todos los Estados a situar el déficit por debajo del 3 % y a reducir la deuda de manera sostenida. La OCDE considera que el margen de maniobra del Gobierno español es cada vez menor y que los próximos meses serán decisivos para reconducir las cuentas públicas. Sin reformas estructurales, el crecimiento robusto de hoy podría convertirse en una falsa calma previa a un ajuste doloroso.
El mensaje es claro:
El tiempo se agota. La OCDE no sólo mejora sus previsiones de crecimiento, sino que lanza una advertencia final. España necesita un pacto de Estado para restaurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, reformar el sistema de pensiones, reorientar la política fiscal, mejorar la competitividad y garantizar vivienda asequible. De lo contrario, los desequilibrios acumulados acabarán por desatar una crisis fiscal que las generaciones futuras no podrán evitar.
