El Comercio De La República - ¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?

¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?

En la madrugada del 3 de enero de 2026 aviones de combate estadounidenses irrumpieron en Caracas. La operación, bautizada Resolución Absoluta, terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Dos días después, el presidente depuesto se declaraba inocente ante un tribunal federal en Nueva York, acusado de narcotráfico y conspiración. Mientras tanto, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumía el poder interino, pero sin garantías de elecciones inmediatas. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno dirigiría Venezuela «hasta que podamos hacer una transición adecuada», sugiriendo un tutelaje de la industria petrolera venezolana y despertando dudas sobre la legalidad internacional de la intervención. Las potencias regionales protestaron, y la captura de Maduro se convirtió en un terremoto que reverberó en La Habana y Managua.

En La Habana el efecto fue casi inmediato. Cuba vive la peor crisis económica en décadas: el peso perdió más del 10 % de su valor en tres semanas y las colas para conseguir combustible se alargan en una isla castigada por apagones de hasta doce horas. La falta de petróleo venezolano y mexicano —bloqueado por las nuevas sanciones de Washington— dejó a las gasolineras sin reservas. Los cubanos soportan precios de alimentos y transporte por las nubes, largas filas para comprar pan y un racionamiento de combustible que obliga a muchos a pagar en dólares, una moneda inaccesible para la mayoría. Aunque las penurias han desencadenado protestas esporádicas, la represión y el exilio de hasta dos millones de personas desde la pandemia han desarticulado cualquier oposición organizada. Según organismos de derechos humanos, en 2025 había al menos 203 personas detenidas arbitrariamente y cerca de 700 presos políticos en la isla. Las detenciones masivas, los juicios sin garantías y la vigilancia sobre las familias de los presos forman parte de un patrón de intimidación estatal.

La Nicaragua de Daniel Ortega sigue una deriva parecida. Desde las protestas de abril de 2018, que dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen ha reprimido sistemáticamente la disidencia. En 2023 expulsó a 222 presos políticos y les retiró la nacionalidad; cientos más perdieron su ciudadanía y sus bienes por decreto. Al menos 81 críticos permanecían encarcelados a finales de 2023, acusados de «menoscabar la integridad nacional», muchos en condiciones inhumanas. La persecución no se limita a la oposición secular: el obispo Rolando Álvarez recibió una condena de 26 años de prisión y fue incomunicado, y las cuentas bancarias de varias diócesis fueron congeladas. Desde 2018 el gobierno ha clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, confiscaron universidades y medios de comunicación y obligaron a exiliarse a centenares de periodistas.

En agosto de 2024 el Parlamento nicaragüense canceló de un plumazo 1.500 organizaciones sin ánimo de lucro, incluida la Cruz Roja, elevando a más de 5.200 el número de asociaciones cerradas desde 2018. Un mes después, 135 presos políticos fueron liberados y expulsados del país, mientras siete sacerdotes fueron enviados al Vaticano. En noviembre el oficialismo aprobó una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y designa a Rosario Murillo como «copresidenta», consolidando la concentración del poder. La reforma también autoriza despojar de ciudadanía a quien el Ejecutivo considere traidor. Las autoridades, además, ampliaron la ley de ciberdelitos para penalizar publicaciones en redes sociales y aprobaron normas que permiten perseguir y confiscar bienes de opositores que residen en el extranjero.

Este clima de persecución ha empujado a miles de nicaragüenses al exilio. En 2018, unos 40 000 huyeron a Costa Rica; las oleadas se han multiplicado desde entonces, alimentadas por la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y el cerco a la Iglesia católica. En febrero de 2023 el gobierno quitó la nacionalidad a 222 presos excarcelados y, días después, privó de ciudadanía a otros 94 opositores, entre ellos destacados escritores y religiosos. La Organización de las Naciones Unidas denunció que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 se despojó de la nacionalidad a 452 personas y que el régimen extendió sus amenazas al extranjero mediante vigilancia digital y castigos contra familiares de exiliados. En diciembre de 2024 el oficialismo prohibió el ingreso de periodistas y activistas; esa misma política se ha traducido en investigaciones por «lavado de dinero» contra congregaciones religiosas y el cierre de la universidad jesuita UCA.

El fantasma venezolano
La crisis venezolana es el ejemplo que más temen los nicaragüenses. En el primer semestre de 2024, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales plagadas de irregularidades en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con poco más del 51 % de los votos, sin entregar las actas de votación ni permitir auditorías. Organismos internacionales y centros de observación consideraron que el opositor Edmundo González había obtenido la mayoría, pero el régimen emitió una orden de detención contra él y forzó su exilio. Antes de la votación, el gobierno lanzó el plan «Furia Bolivariana» y detuvo a decenas de militares, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos bajo acusaciones de conspiración.

La represión ha ido acompañada de un colapso económico. Alrededor de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional sin acceso a alimentos ni medicinas esenciales. Más de ocho millones han abandonado el país desde 2014, lo que ha generado la mayor crisis de desplazamiento del hemisferio. Colombia alberga a 2,8 millones de migrantes, Perú a 1,6 millones y otros cientos de miles han cruzado la peligrosa selva del Darién. La hiperinflación, la corrupción y la dependencia del petróleo han destruido la economía. Las remesas y la explotación informal de oro han sido la principal fuente de supervivencia de muchas familias.

La captura de Maduro en enero de 2026 abre un nuevo capítulo incierto. Muchos venezolanos celebraron la noticia, pero expertos advierten que la destitución del líder no garantiza un cambio democrático. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora dirige el país, formó parte del núcleo autoritario y enfrenta sanciones internacionales. La posibilidad de que Estados Unidos supervise la transición genera preocupación tanto en la región como entre organizaciones internacionales, que cuestionan la legalidad de la operación y temen que el conflicto se prolongue.

¿Puede Nicaragua terminar como Cuba o Venezuela?
Existen paralelismos evidentes entre los tres países. En Nicaragua, como en Venezuela y Cuba, el poder se concentra en un núcleo familiar que controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; las reformas constitucionales eliminan los contrapesos y prolongan los mandatos. Las detenciones arbitrarias, la represión de protestas y la criminalización de la libertad de expresión son patrones comunes. La cancelación de organizaciones civiles, la expropiación de bienes y la retirada de ciudadanía recuerdan a las políticas de La Habana que, desde 2021, han encarcelado a centenares de manifestantes y mantienen a casi 700 presos políticos.

También hay diferencias. A pesar de la represión, la economía nicaragüense creció un 3,9 % en el primer semestre de 2025 gracias a remesas y a la estabilidad macroeconómica, y se proyecta un crecimiento del 3,4 % en 2026. La inflación está controlada y la deuda pública ha disminuido. En cambio, la economía venezolana se contrajo más del 75 % desde 2013 y la cubana enfrenta un desabastecimiento crónico. Las sanciones internacionales contra la minería de oro nicaragüense y la congelación de préstamos extranjeros podrían, no obstante, socavar esta relativa estabilidad.

El régimen de Ortega parece seguir aprendiendo del manual cubano y venezolano: utiliza la represión, la propaganda y el despojo de ciudadanía para consolidar su poder. El cierre masivo de ONG y universidades ha dejado a la sociedad civil sin capacidad de organización. La información oficial se reduce a los monólogos diarios de Rosario Murillo, mientras los datos sobre pobreza, salud o educación se ocultan o manipulan.

Sin embargo, el desenlace no está escrito. La captura de Maduro demuestra que las autocracias no son invulnerables y que la región vive un momento de gran volatilidad. Nicaragua mantiene vínculos económicos con Estados Unidos y Europa que podrían erosionarse si el gobierno insiste en convertir al país en un Estado paria. La experiencia cubana también muestra que una economía asediada por sanciones y una población empobrecida pueden perdurar durante décadas a costa de un éxodo masivo y la represión constante.

El futuro de Nicaragua dependerá de la capacidad del régimen para adaptarse a un entorno regional cambiante y de la presión interna y externa por restaurar la democracia. Las lecciones de Cuba y Venezuela son claras: la concentración de poder, la persecución de la disidencia y el aislamiento internacional llevan a la estagnación económica, al deterioro de las condiciones de vida y a la emigración masiva. Ortega puede temblar ante ese espejo, pero aún tiene la posibilidad de evitar que Nicaragua se convierta en la próxima Cuba o Venezuela.

UE: Baja demanda de coches eléctricos

Europa: Tecnología y gestión del agua

París: Izquierda contra Nominación de Sejourné

Destacados

Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.