El Comercio De La República - Sistema fiscal español: ¿injusto?

Sistema fiscal español: ¿injusto?

En España se está librando un acalorado debate sobre el sistema fiscal, que los críticos califican como uno de los más injustos de Europa. El creciente descontento se alimenta de una combinación de elevada presión fiscal, distribución desigual de la carga tributaria y unas políticas que muchos consideran contraproducentes para el crecimiento económico y la justicia social.

La presión fiscal en España ha alcanzado máximos históricos en los últimos años. En 2024, se prevé que la presión fiscal se sitúe en torno al 39 % del producto interior bruto (PIB), lo que situaría a España cerca de la media europea, que se sitúa en torno al 41 %. Especialmente llamativo es el denominado «gasto fiscal», que mide la presión fiscal en relación con la capacidad económica. En España, este se sitúa entre un 14 % y un 18 % por encima de la media de la UE, lo que significa que los contribuyentes españoles pagan muchos más impuestos en proporción a sus ingresos que sus vecinos europeos. Los más afectados son los trabajadores y las pequeñas empresas, que soportan una elevada carga del impuesto sobre la renta (IRPF) y las cotizaciones sociales.

Una de las principales críticas es la falta de progresividad del sistema fiscal. Si bien el impuesto sobre la renta es, en teoría, progresivo, los hogares más pobres soportan una carga desproporcionadamente alta a través de impuestos indirectos como el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Los estudios muestran que el 20 % de los hogares más pobres pagan casi el mismo tipo impositivo efectivo que el 1 % más rico, lo que agrava la desigualdad. El IVA grava más a los hogares con bajos ingresos, ya que estos destinan una mayor parte de sus ingresos al consumo. Por el contrario, los hogares ricos se benefician de desgravaciones fiscales y de estructuras financieras complejas que reducen su carga fiscal.

Las empresas también son objeto de críticas. El tipo impositivo del impuesto de sociedades en España, del 25 %, es considerablemente superior a la media de la UE, que se sitúa en el 21,3 %. Además, las cotizaciones sociales de las empresas representan una parte importante de la carga fiscal, lo que afecta a la competitividad. Los críticos argumentan que la elevada fiscalidad de las empresas frena la inversión y provoca la fuga de capitales al extranjero. Son especialmente controvertidos los nuevos impuestos a los bancos, las empresas energéticas y los grandes patrimonios, que se introdujeron inicialmente con carácter temporal, pero que ahora se mantendrán de forma permanente. Aunque estas medidas han generado unos ingresos récord de casi 3000 millones de euros en 2023, son criticadas por lastrar la economía y poner en peligro el empleo.

El Gobierno defiende su política fiscal argumentando que es necesaria para sanear las finanzas públicas y financiar programas sociales. De hecho, España ha avanzado en la reducción del déficit presupuestario, que se prevé que se sitúe en el 2,7 % del PIB en 2025. También se prevé que la deuda se reduzca por debajo del 100 % del PIB para 2027. La Comisión Europea ha valorado positivamente el plan fiscal de España para 2025-2028, ya que cumple las nuevas normas fiscales de la UE y fomenta un crecimiento equilibrado. No obstante, sigue sin estar claro si esta política es sostenible a largo plazo. Los críticos advierten de que la elevada presión fiscal podría frenar el crecimiento económico, especialmente en un momento en el que la productividad se estanca y la inversión se debilita.

Otro problema es el elevado desempleo y la economía sumergida, que suponen una carga adicional para el sistema fiscal. Si España alcanzara las tasas de desempleo de la UE, se podrían obtener ingresos adicionales de hasta 14 000 millones de euros. La economía sumergida, que se estima que representa el 20 % del PIB, priva al Estado de recursos adicionales. En lugar de seguir aumentando los tipos impositivos, los expertos reclaman una base impositiva más amplia y una lucha más eficaz contra la evasión fiscal.

La percepción pública del sistema fiscal está marcada por la frustración. Muchos españoles consideran que la política fiscal es una «caza fiscal» que afecta sobre todo a la clase media y a las pequeñas empresas, mientras que las grandes empresas y los súper ricos suelen encontrar lagunas legales. El debate sobre una reforma fiscal que genere más justicia y competitividad está cobrando impulso. Las propuestas van desde una reducción de los impuestos a las empresas hasta un mayor gravamen del patrimonio para reducir la desigualdad de ingresos.

España se encuentra en una encrucijada. Mientras el Gobierno apuesta por la consolidación y la justicia social, los críticos advierten de un sistema que frena el crecimiento y la innovación. La pregunta sigue siendo cómo puede España encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y el dinamismo económico sin poner en peligro la cohesión social.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

IA en apuros Energéticos

En los últimos años, el auge de los modelos de inteligencia artificial (IA) ha desencadenado una fiebre por construir gigantescos centros de datos repletos de procesadores especializados. Esta infraestructura de alto rendimiento necesita una cantidad de energía sin precedentes. Los centros de datos dedicados a la IA consumieron en torno a 415 TWh en 2024, lo que equivale a alrededor del 1,5 % de la electricidad mundial. La demanda crece a un ritmo superior al 12 % anual y podría duplicarse hasta 945 TWh para 2030. En Estados Unidos, estas instalaciones utilizaron 183 TWh en 2024 (cerca del 4 % de la demanda nacional) y se proyecta que llegarán a 426 TWh en 2030. Los analistas prevén que el consumo estadounidense de los centros de datos oscile entre el 6,7 % y el 12 % de la electricidad total en 2028, lo que requerirá triplicar la capacidad anual de generación.Un solo centro de datos centrado en IA puede necesitar tanta electricidad como 100.000 hogares. Los proyectos más ambiciosos que están en marcha podrían multiplicar por veinte esa cifra. Las mayores concentraciones se sitúan en el llamado “corredor de la IA” de Estados Unidos, donde los centros de datos consumieron el 26 % del suministro eléctrico de Virginia y superaron la demanda de los hogares en condados como Loudoun. Europa vive una fiebre similar: la construcción prevista de centros de datos podría añadir 170 GW de carga y elevar el consumo eléctrico continental en un 10–15 % en la próxima década. La patronal eléctrica europea estima que estas instalaciones pasarán de representar el 3 % de la demanda comunitaria a entre 149 y 287 TWh en 2030, un incremento del 170 %.Cuando la red eléctrica se convierte en obstáculoLas infraestructuras de transmisión resultan ser el eslabón más débil. La mayor parte de las redes de Estados Unidos se construyó en los años cincuenta y setenta; su envejecimiento y la falta de capacidad impiden conectar nuevos centros de datos a la velocidad requerida. El tiempo de espera para recibir un punto de conexión en Europa oscila entre siete y diez años, y podrían aplazarse una quinta parte de los proyectos. Ante este cuello de botella, los promotores invierten en generación in situ (plantas solares, parques eólicos, turbinas de gas y baterías) para alimentar directamente sus servidores. Este modelo transforma a los centros de datos en pequeñas ciudades energéticas que compran electricidad al por mayor, gestionan sus propias redes y negocian con las compañías eléctricas para reforzar la infraestructura regional.Mientras las empresas presumen de contratos verdes, la realidad es que cerca del 60 % de la energía de los centros de datos procede todavía de combustibles fósiles. Las tecnologías de refrigeración también son voraces. En un centro convencional, los servidores absorben alrededor del 60 % de la electricidad, mientras que la refrigeración puede oscilar entre el 7 % y el 30 % según la eficiencia. La innovación en eficiencia energética es vital: equipamientos con un índice de eficiencia energética (PUE) de 1,1 reducen hasta un 84 % el consumo de energía auxiliar frente a los centros con PUE de 2,0, y sistemas de refrigeración líquida pueden ahorrar hasta un 40 % de electricidad y mejorar 3,5 veces la disipación térmica.Impacto ambiental y uso de aguaEl hambre energética de la IA conlleva un alto coste ambiental. A nivel mundial, los centros de datos consumieron aproximadamente 66 mil millones de litros de agua dulce en 2023 y podrían duplicar o triplicar esa cifra en 2028. En Estados Unidos, estas instalaciones consumieron 17 mil millones de galones (64,3 mil millones de litros) de agua en 2023 y podrían necesitar entre 16 y 33 mil millones de galones cada año para 2028. Cada centro utiliza alrededor de 300.000 galones diarios. Esta demanda se vuelve crítica en zonas con escasez; se estima que dos tercios de los centros construidos desde 2022 se encuentran en regiones de estrés hídrico. Además, la huella de carbono podría dispararse: los nuevos centros de datos europeos podrían emitir 39 millones de toneladas de CO₂ anuales en 2030 y acumular 121 millones de toneladas en seis años si dependen del gas y el carbón. En Irlanda, donde los centros de datos ya absorben el 20 % de la energía nacional y podrían alcanzar el 30 % en 2030, la presión sobre la red provoca cortes de suministro y subidas tarifarias que afectan a hogares y pequeñas empresas.Una carrera a contrarrelojEl rápido ascenso de la IA ha desatado inversiones masivas. El número de centros de datos a escala global superó los 11.800 en 2024. La expansión responde a la demanda de modelos generativos más potentes que necesitan millones de chips específicos y grandes volúmenes de datos. Los analistas advierten que para 2030 se habrán construido centros de más de 500 MW, veinte veces más grandes que los tradicionales. Este crecimiento no solo tensiona la red eléctrica; también puede repercutir en los precios minoristas. En Estados Unidos, los consumidores ya perciben una subida de las tarifas eléctricas y un 16 % culpa a los centros de datos de sus facturas más elevadas. En Virginia, el coste de la electricidad se duplicó en cinco años en las zonas con alta concentración de centros de datos.El desafío no es solo energético. La demanda de materiales como cobre y acero para los centros de datos podría desbordar la capacidad de la cadena de suministro. El agua necesaria para enfriar estos complejos podría reducir la disponibilidad para la agricultura y el consumo humano. Además, los expertos alertan de que la concentración de grandes cargas en unas pocas regiones genera vulnerabilidades; un fallo en la red puede desencadenar apagones y obligar a recurrir a generadores diésel, con un enorme impacto en la calidad del aire.Hacia un modelo energético sostenibleA pesar de las amenazas, el sector también ofrece oportunidades. La urgencia de abastecer a la IA está impulsando la modernización de la red eléctrica y el despliegue de energías renovables. Actualmente, las energías renovables suministran cerca del 27 % de la electricidad que consumen los centros de datos, y se prevé un crecimiento anual del 22 % para cubrir al menos la mitad del aumento de demanda. Combinado con la digitalización, este auge podría acelerar la transición hacia redes más inteligentes que integren generación distribuida, almacenamiento y gestión automatizada para evitar apagones. Innovaciones como la reutilización del calor residual en redes de calefacción urbana, la reducción del factor de potencia y la migración de cargas a regiones con exceso de energía renovable se perfilan como estrategias para minimizar la huella de la IA.ConclusiónLa inteligencia artificial se enfrenta a una paradoja: su desarrollo requiere cantidades colosales de electricidad que superan la capacidad de las redes actuales, y a la vez la misma tecnología puede ofrecer soluciones para optimizar el uso de energía. La escasez de electricidad y agua ya es una realidad en regiones con alta concentración de centros de datos y se agravará si no se actúa con rapidez. Para evitar que la promesa de la IA se convierta en un problema energético y ambiental, será necesario combinar inversiones en infraestructuras, avances en eficiencia y una regulación que ponga límites y obligue a las empresas a compartir recursos. De lo contrario, la inteligencia artificial podría quedarse sin la energía que necesita para seguir creciendo.