El Comercio De La República - Sombras en el reciclaje

Sombras en el reciclaje

Muchos ciudadanos creen que depositar los envases en el contenedor amarillo garantiza su reciclaje. Sin embargo, las cifras oficiales revelan que España recicla apenas algo más del 40 % de sus residuos municipales y no alcanza ni la mitad de las metas marcadas por la Unión Europea para 2025. La tasa de reciclaje efectivo de envases de plástico ronda el 41 %, y la situación se agrava en la fracción de materia orgánica, que a menudo termina en la bolsa de resto por falta de instalaciones y de información al ciudadano. El optimismo que transmiten algunas campañas contrasta con los números: el Ministerio para la Transición Ecológica reconoció el año pasado que solo se recuperan cuatro de cada diez botellas de plástico de un solo uso, muy lejos del 70 % que exigen las leyes actuales.

La diversidad de envases y el exceso de embalajes complican la separación en origen y saturan las plantas de clasificación. Según las organizaciones ambientales, cerca del 40 % de lo que llega al contenedor amarillo se rechaza en las plantas porque no cumple los requisitos; esos residuos acaban incinerados o en vertederos. Los tetrabriks son casi imposibles de recuperar completamente porque combinan cartón, plástico y aluminio, y los envases pequeños o de colores no superan los filtros de las cintas. Mientras los ciudadanos separan su basura, buena parte del plástico recogido se exporta a países con menos controles medioambientales. España es el tercer país de la Unión Europea que más residuos plásticos envía a naciones no pertenecientes a la OCDE, con más de trece millones de kilogramos al mes embarcados hacia Malasia, Turquía o Portugal. El valor de esas exportaciones alcanzó los 86 millones de dólares en 2022, un aumento del 50 % respecto al año anterior.

Dudas sobre el monopolio estadístico
Detrás del contenedor amarillo hay un modelo de gestión controlado por una sola entidad privada: Ecoembes. Esta sociedad, formada por las principales empresas envasadoras y distribuidores del país, gestiona la recogida selectiva de envases y calcula las tasas de reciclaje. Ecologistas y expertos denuncian desde hace años que las cifras oficiales están infladas y que se falsea el número de envases puestos en el mercado para que los porcentajes de recuperación parezcan más altos. Los datos del propio Ministerio y de algunas comunidades autónomas muestran grandes discrepancias con los que ofrece Ecoembes; mientras la empresa aseguraba que en 2021 se recogió el 71 % de las botellas de plástico, estudios independientes apuntan a que la recogida separada apenas alcanzaba el 33 %. El control de los datos impide verificar si España cumple los objetivos y dilata la implantación de soluciones alternativas.

El actual Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) se articula en torno a convenios firmados entre Ecoembes, ayuntamientos y empresas. Es un modelo lucrativo para las compañías envasadoras porque pagan tasas más bajas de las que corresponderían si se declararan todos los envases vendidos. Los ecologistas critican que el Gobierno carece de medios para auditar estas cifras y que el monopolio de los datos permite retrasar la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), similar al que funciona en países como Alemania y que obliga a pagar un pequeño depósito recuperable por cada envase de bebida.

El debate sobre el sistema de depósito
La directiva europea de plásticos de un solo uso obliga a los Estados miembros a recolectar selectivamente el 77 % de las botellas de plástico en 2025 y el 90 % en 2029. La ley española de residuos establece que si no se logra reciclar al menos el 70 % de las botellas en 2023, deberá implantarse un sistema de depósito en un plazo máximo de dos años. En noviembre de 2024 el Gobierno reconoció que no se alcanzaba ese porcentaje, por lo que, según la normativa, el SDDR debería estar operativo como tarde en noviembre de 2026.

A diferencia del modelo actual, el SDDR mantiene las botellas y latas dentro de un circuito cerrado, lo que permite fabricar nuevos envases con material reciclado de mayor calidad y reduce drásticamente el abandono en la vía pública. Especialistas del sector recuerdan que en Alemania o Noruega las tasas de retorno superan el 95 % y que los envases recolectados son de una pureza que permite convertirlos en nuevas botellas. También señalan que mezclar plásticos con otros materiales, como ocurre ahora, impide fabricar nuevos envases y condena al material a usos de menor valor, como la producción de tejidos. Los defensores del SDDR argumentan que los datos reales del Ministerio, alrededor del 41 % de recogida de botellas, demuestran la necesidad de un cambio de modelo y que sin un sistema con garantías de trazabilidad no se podrán cumplir los objetivos europeos.

Incendios y falta de control
A la opacidad de los datos se suma un fenómeno inquietante: los incendios en plantas de reciclaje. En 2023 la Guardia Civil registró 109 incendios en instalaciones de tratamiento de residuos y en 2024 se alcanzó un nuevo récord, con 143 siniestros documentados. Al menos 22 de las empresas afectadas estaban homologadas por Ecoembes para gestionar material recuperado de la recogida selectiva y diez de ellas eran adjudicatarias de contratos. Solo en abril de 2025 se incendiaron instalaciones en Guadalajara, Vitoria, Almería e Igualada, y en mayo un fuego en Silla (Valencia) obligó a cortar el tráfico ferroviario. Organizaciones ambientalistas y sindicatos alertan de que muchos de estos incendios no tienen causas naturales y que podrían esconder intereses económicos para eliminar material acumulado o cobrar seguros.

La fragmentación del sistema de residuos español agrava el problema. Coexisten diecisiete modelos autonómicos diferentes y apenas el 12 % de las plantas son auditadas anualmente. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados introdujo sanciones de hasta 1,75 millones de euros por infracciones graves y prohibió los plásticos de un solo uso, pero su aplicación es desigual y más del 40 % de las sanciones impuestas no se ejecutan. La ausencia de un registro público de incendios y de una trazabilidad digital de los residuos dificulta conocer cuántos materiales se pierden y qué empresas se benefician de la falta de controles. Algunos informes denuncian que adjudicatarios almacenan plástico de forma irregular, lo entierran o lo exportan a países con estándares cuestionables.

Exportaciones y colonialismo de residuos
Las deficiencias de la infraestructura de reciclaje española impulsan una práctica que muchos califican de colonialismo de residuos: exportar basura plástica a otros países. España generó 1,8 millones de toneladas de residuos de envases de plástico en 2021, pero su tasa de reciclaje cayó del 51 % en 2019 al 45,7 % en 2021 y se mantiene por debajo de la media europea. Para aliviar la saturación de plantas y el aumento del impuesto de 0,45 euros por kilogramo de envase no reutilizable, muchas empresas optan por enviar los residuos a Asia o Turquía, donde los controles ambientales son más laxos. Las organizaciones de justicia ambiental denuncian que esta práctica desplaza la contaminación a comunidades vulnerables y contradice el discurso oficial de economía circular.

¿Qué se puede mejorar?
Frente a esta situación, diversos actores proponen medidas para recuperar la confianza de los ciudadanos y cumplir los objetivos europeos. Las principales son:

Implantar el sistema de depósito y devolución. Se trata de una obligación legal si no se cumplen los objetivos de recogida y una herramienta que ha demostrado eficiencias superiores al 90 % en otros países. Permitiría recuperar envases de alta calidad y reducir la basura dispersa.
Crear un registro público y una trazabilidad digital. Los expertos reclaman un sistema de datos verificado por la administración que obligue a productores y gestores a declarar los envases que ponen en el mercado y el destino final de los residuos, con auditorías independientes y acceso público a la información.
Unificar criterios entre comunidades autónomas. La fragmentación del sistema provoca desigualdades y dificulta el control. Una armonización normativa permitiría aplicar sanciones de manera uniforme, mejorar la gestión y facilitar campañas de educación ambiental coherentes.
Impulsar la reducción en origen. Además de reciclar, es necesario reducir la generación de residuos. La Ley 7/2022 fija objetivos de reducción del 13 % en 2025 y del 70 % en el uso de plásticos de un solo uso para 2030, pero las empresas siguen utilizando envases complejos y capas de material que dificultan el reciclaje. Fomentar la venta a granel, el uso de envases reutilizables y la eliminación de embalajes innecesarios son pasos esenciales.
Mayor vigilancia sobre las exportaciones de residuos. España debe garantizar que los materiales enviados al exterior se gestionan de acuerdo con normas ambientales adecuadas. La Comisión Europea trabaja en un tratado global contra el comercio de residuos plásticos y varios países han prohibido la importación de residuos de naciones que no demuestran una gestión responsable.

Conclusión
Algo turbio ocurre con el reciclaje en España. La brecha entre el relato oficial y la realidad de los residuos refleja un sistema opaco, con incendios recurrentes en instalaciones, exportaciones masivas de basura y datos poco fiables. La ciudadanía sigue separando sus envases con la esperanza de contribuir a la economía circular, pero el modelo actual no garantiza que esos materiales se reciclen. A menos de un año de que venza el plazo para implantar el sistema de depósito y devolución, el país se enfrenta a la necesidad de reformar profundamente la gestión de residuos, mejorar la transparencia y asegurar que la responsabilidad recae en quienes ponen los envases en el mercado. Solo así podrá España abandonar las sombras y situarse a la altura de los países que han hecho del reciclaje un pilar real de la sostenibilidad.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.