El Comercio De La República - ¿Ataca EE.UU. a Venezuela?

Lima -

¿Ataca EE.UU. a Venezuela?




La pregunta vuelve a encenderse en Caracas, Washington y en todo el Caribe: ¿está Estados Unidos a punto de atacar Venezuela? En los últimos días, el aumento de activos navales y aéreos estadounidenses en el Caribe, sumado a una escalada retórica entre ambos gobiernos, ha elevado la tensión regional a niveles no vistos desde 2020. No obstante, los datos disponibles retratan un cuadro más complejo: una operación antidrogas de gran escala con potencial de disuasión —y de error de cálculo—, pero sin anuncio formal de acciones militares directas contra territorio venezolano.

Hechos sobre el terreno. Estados Unidos ha reposicionado buques de guerra y plataformas anfibias con miles de marinos y soldados en apoyo de operaciones contra redes criminales transnacionales. El despliegue incluye destructores con capacidad de defensa aérea y misiles guiados, aeronaves de patrulla marítima de largo alcance y, en el componente anfibio, una fuerza expedicionaria de Infantería de Marina capaz de ejecutar un abanico de misiones: desde interdicción marítima y apoyo humanitario hasta operaciones de precisión contra objetivos de alto valor. Aunque estas fuerzas pueden actuar desde aguas y espacio aéreo internacionales, su sola presencia altera cálculos políticos y militares en la región.

La respuesta de Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la movilización masiva de milicias civiles y ha enmarcado la presencia militar estadounidense como una amenaza a la paz regional. El mensaje busca cohesionar apoyos internos en un contexto de alta conflictividad política tras las elecciones de 2024 y proyectar capacidad de resistencia. En paralelo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha intensificado ejercicios, vigilancia costera y mensajes de “defensa integral” del territorio.

La dimensión política y económica. La política de presión sobre Caracas combina sanciones financieras y sectoriales con licencias específicas que abren o cierran válvulas de la economía petrolera en función de objetivos políticos. Tras la controversia electoral, Washington endureció la línea, pero al mismo tiempo autorizó en agosto una reanudación limitada de exportaciones de crudo venezolano por parte de una empresa estadounidense con operaciones en el país, un gesto que sugiere que la vía económica sigue siendo palanca central. Este vaivén —presión y, puntualmente, licencias— es incompatible con la lógica de una guerra abierta e inmediata, pero no excluye acciones puntuales contra redes criminales si se les vincula a amenazas directas.

Un triángulo delicado:
Venezuela, el Caribe y Guyana. La disputa por el Esequibo entre Venezuela y Guyana, reactivada desde 2023 con referendos, leyes y episodios navales, añade un polvorín a corta distancia de rutas energéticas clave. Estados Unidos ha reforzado su cooperación de seguridad con Georgetown y con socios caribeños en ejercicios y patrullajes. Cualquier incidente en aguas disputadas —un abordaje, un sobrevuelo agresivo, un disparo de advertencia— podría escalar de forma rápida y no intencional.

Riesgos de escalada involuntaria. La doctrina de interdicción marítima contra carteles requiere aproximaciones cercanas, abordajes y persecuciones de alta velocidad. En entornos saturados de unidades militares y milicias movilizadas, la línea entre una interceptación policial y un enfrentamiento armado puede difuminarse. El riesgo no es tanto el “inicio” de una guerra declarada, como una cadena de incidentes que obligue a respuestas de prestigio, aumente la presencia militar y cierre espacio a la diplomacia.

Señales a vigilar. Para evaluar si la situación se acerca a una acción cinética contra objetivos en Venezuela, conviene observar: 1) cambios en reglas de enfrentamiento y anuncios formales de misiones más allá de interdicción marítima; 2) traslado sostenido de medios de ataque de precisión (por ejemplo, incremento de plataformas aéreas con armamento aire–tierra preposicionado); 3) coordinación pública con aliados regionales para operaciones en tierra; 4) evacuaciones de personal civil o advertencias consulares reforzadas en Venezuela; 5) interrupciones abruptas de las licencias energéticas que hoy siguen permitiendo cierto flujo petrolero.

Escenarios probables:
-  Base case (más probable a corto plazo): operación antidroga ampliada con demostración de fuerza y patrullajes intensos, acompañada de presión diplomática y sancionatoria.

-  Escenario de “pinchazo”: golpes quirúrgicos contra nodos logísticos de organizaciones designadas como terroristas o de narcotráfico, realizados desde aguas internacionales o con medios aéreos, buscando evitar daño colateral y negando autoría directa.

-  Escalada regional: un incidente en el Esequibo o un choque en alta mar dispara respuestas simétricas y despliegues adicionales; sube el precio del crudo y se ralentiza cualquier alivio de sanciones.

-  Desescalada controlada: canales diplomáticos discretos, garantías mutuas de no intervención, cooperación técnica con países del Caribe y Surinam–Guyana para enfriar la frontera y mantener la interdicción focalizada en carteles.

Conclusión:
No hay señales concluyentes de un ataque inminente de Estados Unidos contra Venezuela en forma de invasión o campaña militar abierta. Sí existe una operación de gran escala con capacidad de presión y disuasión, en un contexto político volátil y con frentes energéticos y fronterizos que elevan la temperatura. La prioridad de ambos lados —si el objetivo es evitar una crisis mayor— pasa por blindar los canales de comunicación táctica en el mar y el aire, y separar con claridad las misiones de seguridad transnacional de las disputas políticas internas y territoriales.



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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

No habrá Estado Palestino?

En la semana de la Asamblea General de la ONU del 26 de septiembre de 2025, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró públicamente que no permitirá la creación de un Estado palestino y prometió “terminar el trabajo” en Gaza. No se trata de una declaración aislada, sino de la culminación de una línea política y operativa sostenida durante los últimos años que ha ido cerrando las vías para la solución de dos Estados.En el plano político-institucional, la Knesset aprobó el 18 de julio de 2024 una resolución que rechaza la creación de un Estado palestino, incluso en el marco de un acuerdo negociado. Un año después, el 23 de julio de 2025, la cámara respaldó —con una mayoría amplia— una moción simbólica para anexar formalmente partes de Cisjordania. Aunque no vinculantes, ambas decisiones marcan la posición oficial del legislativo y refuerzan el discurso del Ejecutivo.En el terreno, el Gobierno ha acelerado la expansión de asentamientos en Cisjordania y la regularización de puestos de avanzada levantados sin permiso previo. En mayo de 2025 se anunció la creación/regularización de 22 asentamientos adicionales, y desde 2024 funciona un mecanismo gubernamental que permite financiar y dotar de infraestructura a decenas de estos enclaves mientras se completan trámites formales. Esta dinámica densifica el mapa de control israelí en el Área C y estrecha los márgenes de maniobra de la Autoridad Palestina.La pieza clave de ese rediseño espacial es el plan E1, al este de Jerusalén, concebido para conectar Ma’ale Adumim con la capital. Su avance administrativo en 2025 —con luz verde de instancias de planificación— encendió alarmas internacionales porque partiría Cisjordania en dos y aislaría Jerusalén Este del resto del territorio palestino, comprometiendo la contigüidad necesaria para un Estado viable. La estrategia de “hechos sobre el terreno”, combinada con nuevos corredores de seguridad y demoliciones en comunidades beduinas de la zona, cartografía una realidad que neutraliza la opción de soberanía palestina en un horizonte previsible.En Gaza, la guerra iniciada tras el ataque del 7 de octubre de 2023 continúa con la promesa de “victoria total”. Las autoridades sanitarias locales sitúan el balance de víctimas por encima de las 65.000 personas, en un contexto de destrucción masiva de infraestructuras y de desplazamientos internos repetidos. Al mismo tiempo, instancias de la ONU han advertido de planes de control permanente y de la reducción efectiva del territorio disponible para la población civil mediante zonas tapón y corredores.Mientras tanto, en el frente diplomático, el reconocimiento de Palestina como Estado por 157 miembros de la ONU —incluidas varias potencias occidentales en septiembre de 2025— ha ganado tracción, pero no altera la ecuación sobre el terreno ni desbloquea la membresía plena en Naciones Unidas, sujeta al Consejo de Seguridad. La brecha entre la simbolización internacional y la realidad físico-administrativa se ensancha.Conclusión. El mensaje y las medidas del Gobierno israelí configuran una ofensiva total no solo militar, sino normativa y territorial, orientada a impedir la emergencia de un Estado palestino contiguo, soberano y funcional. Con resoluciones parlamentarias, expansión de asentamientos y el impulso del E1, la promesa de Netanyahu —“no habrá Estado palestino”— se traduce en arquitectura de hechos que, a día de hoy, cierran la ventana a la solución de dos Estados.