El Comercio De La República - Lanza del sur en vilo

Lanza del sur en vilo

A mediados de noviembre de 2025 el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur a instancias de la Casa Blanca. La misión, coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, se presentó como una campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico. El secretario Pete Hegseth explicó que se trataba de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger al país de la droga que entra por el sur. En la práctica, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra del Golfo: comprende un portaaviones de propulsión nuclear con más de 4 000 marineros, un grupo anfibio con unos 2 200 marines y buques de guerra, además de destructores lanza‑misiles, cruceros, un submarino de ataque, aviones F‑35, drones de reconocimiento y 150 tropas de operaciones especiales embarcadas en el buque MV Ocean Trader. Estas fuerzas se combinan con plataformas robotizadas de superficie y drones capaces de despegar verticalmente, integrados con buques de la Guardia Costera en el marco de una red de vigilancia de alta tecnología.

Ataques recientes y balance de víctimas
Desde agosto se han llevado a cabo al menos una veintena de ataques contra lanchas consideradas “narcolanchas”, con un saldo que ya supera las ochenta muertes. El 10 de noviembre, un ataque cinético contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe acabó con la vida de sus cuatro tripulantes, acción que el Comando Sur justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico. Cinco días después, el 15 de noviembre, otra intervención en el Pacífico oriental destruyó una lancha que transportaba estupefacientes; murieron tres hombres que Estados Unidos calificó de narcoterroristas. Las autoridades militares estadounidenses insisten en que los objetivos recorrían rutas habituales del tráfico de drogas y que los ataques cuentan con respaldo legal. Sin embargo, la cifra acumulada de víctimas y la ejecución de los operativos —que dejan sin posibilidad de captura a los ocupantes— alimentan las críticas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre la pérdida de potencial información de inteligencia.

Declaraciones ambiguas de Donald Trump
El presidente estadounidense ha mantenido una estrategia de ambigüedad. Tras reunirse con altos mandos del Pentágono para analizar opciones sobre Venezuela, aseguró que “ya se decidió” acerca de los próximos pasos, aunque evitó revelar la naturaleza de sus órdenes. Trump sostiene que el despliegue militar ha frenado la entrada masiva de drogas y, en declaraciones a la prensa, dejó abierta la puerta a conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario también ha deslizado la posibilidad de autorizar ataques contra carteles en México y Colombia, afirmando que consultaría al Congreso y que contaría con el respaldo de ambos partidos para combatir a organizaciones criminales. Esta postura ambivalente —mezcla de mano dura y eventual disposición al diálogo— mantiene a la región en vilo y multiplica las especulaciones sobre un ataque terrestre.

Objetivos y designaciones de grupos terroristas
Uno de los ejes de la operación es la criminalización de redes asociadas al poder venezolano. Washington ha anunciado que designará al Cartel de los Soles, organización vinculada a altos mandos de la fuerza armada venezolana, como una organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, la medida busca tipificar como delito cualquier apoyo material a este cartel y responde a la supuesta cooperación de este grupo con bandas como el Tren de Aragua para enviar narcóticos a Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una estructura criminal de tráfico de drogas. Esta estrategia de designaciones se acompaña de ofertas de conversación al propio Maduro, lo que refleja la contradicción entre la vía judicial y la política.

Reacción venezolana: movilización y retórica de soberanía
La respuesta de Caracas ha sido contundente. El gobierno venezolano considera que la Operación Lanza del Sur es un pretexto para una intervención militar. Nicolás Maduro ha movilizado 200 000 efectivos —incluidos soldados, milicias civiles y policías— y ha instruido la creación de “grupos de calle” para defender cada centímetro del territorio. En un encuentro con juristas, el mandatario pidió al pueblo estadounidense que detenga “la mano enloquecida de quien ordena bombardear” y preguntó si el continente está dispuesto a vivir “otra Gaza en Suramérica”. Caracas también ha convocado vigilias y marchas permanentes y ha elevado la alerta militar ante la presencia de buques estadounidenses en Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, funcionarios venezolanos buscan articular denuncias ante instancias internacionales para, según dicen, defender el derecho a la paz y la soberanía. Este discurso combina la retórica antiimperialista con la preparación para una eventual confrontación armada.

Reacción colombiana: ruptura de cooperación e investigaciones
Colombia, aliado tradicional de Estados Unidos en materia de narcotráfico, rompió filas cuando el presidente Gustavo Petro ordenó suspender la cooperación en inteligencia hasta que cesen los ataques a lanchas rápidas. El mandatario escribió en redes que su ejército debe terminar “las comunicaciones y otros acuerdos” con las agencias de seguridad estadounidenses, al considerar que la ofensiva viola derechos humanos y constituye ejecuciones extrajudiciales. Petro sostiene que la lucha contra las drogas debe supeditarse a los derechos de las comunidades caribeñas y pidió que Donald Trump sea investigado por crímenes de guerra. Según las cifras que maneja Bogotá, al menos 75 personas han muerto en estos bombardeos desde agosto. El líder colombiano afirma que las víctimas incluían pescadores civiles y que existían alternativas legales como la incautación y el procesamiento de las embarcaciones. La Casa Blanca respondió imponiendo sanciones económicas a Petro y a miembros de su familia bajo acusaciones de connivencia con cárteles de droga, lo que profundizó una crisis diplomática sin precedentes.

Controversias y críticas internacionales
La actuación estadounidense ha suscitado un amplio rechazo. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionan que bombardear embarcaciones sin intentar capturar a sus ocupantes elimina fuentes valiosas de inteligencia y podría costar más que el valor de la droga incautada. La Guardia Costera de Estados Unidos ha obtenido incautaciones récord de cocaína mediante interdicciones convencionales —225 toneladas en un año— mientras que las incursiones militares apenas han mostrado resultados medibles. La ONU, por su parte, acusó a Washington de violar el derecho internacional; el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, señaló que más de 60 personas murieron en quince ataques antes de noviembre y exigió el fin de las operaciones. Naciones Unidas insiste en que las acciones no tienen la cobertura de un conflicto armado y constituyen ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse. Estas críticas se suman a las de los gobiernos de Venezuela y Colombia, así como a un creciente malestar en Trinidad y Tobago por los ejercicios navales estadounidenses cerca de su costa.

Balance y perspectivas
A tres meses de su inicio, la Operación Lanza del Sur ha provocado más tensión que logros verificables. Estados Unidos exhibe la destrucción de embarcaciones como un avance en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Venezuela y Colombia la califican de agresión. La región observa con inquietud la posibilidad de que los bombardeos a narcolanchas evolucionen hacia ataques a objetivos en tierra, dado que Trump, al mismo tiempo que insinúa conversaciones, no descarta un “siguiente paso” y algunas unidades militares están preparadas para recibir órdenes. La designación de grupos como el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas y las sanciones contra mandatarios latinoamericanos completan un escenario en el que la política antidrogas se mezcla con la estrategia geopolítica. En ausencia de transparencia sobre los criterios y la legalidad de los ataques, la campaña amenaza con convertirse en un nuevo foco de inestabilidad en América Latina, con riesgos de escalada y de violaciones a los derechos humanos.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.