El Comercio De La República - Colapso demográfico Alemán

Colapso demográfico Alemán

Alemania se enfrenta a un profundo cambio demográfico cuyas consecuencias ya se perciben hoy. Una tasa de natalidad en descenso desde hace décadas, unida a una esperanza de vida en constante aumento y a la jubilación de las generaciones del baby boom, está transformando fundamentalmente la estructura de edades del país. Mientras que en 1983 un sexto de la población tenía entre 15 y 24 años, a finales de 2024 sólo era uno de cada diez. Al mismo tiempo, la proporción de personas mayores de 65 años aumentó del 15 % en 1990 a alrededor del 30 % previsto para 2040. Este envejecimiento de la sociedad hace que una parte creciente de la población tenga derecho a pensión y necesite más servicios de atención.

Cotizantes a la baja, jubilados al alza
El envejecimiento deja huellas profundas en el sistema de pensiones alemán. En 1990 cuatro trabajadores financiaban a un jubilado; hoy dos cotizantes sufragan una pensión. Cuando la generación del baby boom se retire por completo en los próximos años, esta relación se deteriorará a unos 1,5 cotizantes por pensionista. Las previsiones del Instituto de la Economía Alemana de Colonia indican que en 2050 incluso sólo habrá alrededor de 1,3 activos por jubilado. Ahora mismo cada vez menos jóvenes tienen que mantener a cada vez más mayores, una descompensación que pone en apuros al sistema de reparto.

La Oficina Federal de Estadística calcula que el número de personas en edad de jubilarse aumentará hasta al menos 20,4 millones hacia finales de la década de 2030. La proporción de jóvenes disminuye mientras la esperanza de vida sigue creciendo (83,5 años para las mujeres y 78,9 años para los hombres). Con el envejecimiento también aumenta el número de personas dependientes: entre 1999 y 2023 pasó de dos a 5,7 millones, y se prevé un déficit de unas 690.000 personas cuidadoras hasta 2049.

Un agujero de 120.000 millones de euros en la caja de las pensiones
Para estabilizar el nivel de las pensiones en el 48 % hasta 2031 y evitar su reducción, el Gobierno federal ha aprobado un paquete de pensiones. La medida pasa por alto el núcleo del problema: en lugar de reformar el sistema, inyecta más dinero público en la caja de las pensiones. Según los planes, entre 2031 y 2040 el Estado deberá transferir unos 120.000 millones de euros adicionales al régimen legal de pensiones para mantener el nivel elevado. El presupuesto para 2025 ya prevé una subvención estatal de 121.000 millones de euros, después de que en los últimos diez años estas aportaciones hayan aumentado en más de 30.000 millones.

Estas cifras muestran la magnitud del déficit demográfico. Mantener el alto nivel de las pensiones encarece aún más el sistema. Economistas advierten de que, sin reformas estructurales, se producirán costes adicionales de decenas de miles de millones. Al mismo tiempo, el potencial de población activa se reduce: un estudio de la Fundación Bertelsmann pronostica que el número de personas en edad de trabajar caerá a unos 35 millones en 2060 si no hay inmigración. Menos cotizantes significan menos ingresos: los 120.000 millones son sólo la parte visible de un agujero financiero creciente.

Prueba de fuego para las finanzas públicas y el sistema sanitario
El cambio demográfico no afecta únicamente a las pensiones. Menos trabajadores implican menos ingresos fiscales, mientras que el gasto en salud y cuidados aumenta. Expertos calculan que el déficit del seguro público de salud podría ascender a unos 87.000 millones de euros ya en 2030, incluso si se aplican todas las medidas de ahorro previstas. Al mismo tiempo, faltan cuidadores y el creciente número de personas de edad muy avanzada seguirá cargando los sistemas sociales y sanitarios. El aumento de las cotizaciones podría elevar los costes laborales al 50 % del salario bruto en 2040.

La economía también sufre: la disminución de la oferta de mano de obra frena el crecimiento potencial. La automatización y la digitalización pueden sustituir parcialmente a los trabajadores que faltan, pero no aportan cotizaciones sociales. Además, el "tsunami gris" demográfico plantea desafíos al mercado inmobiliario: cada vez más personas mayores venden sus viviendas mientras desciende el número de compradores potenciales. En las regiones rurales se avecinan bajadas de precios.

Preguntas sin resolver y posibles salidas
La situación es grave, pero la política evita reformas profundas. Una solución sostenible a largo plazo debe accionar varios resortes: vincular de forma flexible la edad de jubilación a la esperanza de vida, implantar una previsión profesional y privada obligatoria al estilo neerlandés, mejorar las condiciones para las familias y fomentar la inmigración cualificada. También sería importante reforzar la capitalización de las pensiones para aliviar a las generaciones más jóvenes.

El colapso demográfico no se puede detener, pero sus efectos pueden mitigarse. Sin reformas decididas, Alemania corre el riesgo de caer en un agujero financiero cada vez más profundo. El déficit de 120.000 millones en la caja de las pensiones es una señal de alarma: representa una evolución que cuestiona fundamentalmente el modelo social alemán. La política, la economía y la sociedad deben enfrentarse urgentemente a esta realidad para asegurar el bienestar y la cohesión social.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Iran se ahoga sin Agua

En Irán, el agua se ha convertido en el bien más escaso y disputado. Tras varias sequías consecutivas, el país vive la peor crisis hídrica en décadas. Las lluvias han caído a niveles mínimos y las estadísticas oficiales indican que la temperatura media nacional ha subido casi dos grados en los últimos años. La Organización Meteorológica Nacional reconoce que 2025 fue uno de los años más secos de la historia reciente, con precipitaciones en algunas regiones 45 % por debajo de la media y más de 80 % de déficit en varias provincias del sur. El resultado es que diecinueve provincias están catalogadas en situación de sequía severa y los embalses que abastecen a Teherán y otras ciudades importantes están al 10 % de su capacidad, lo que ha obligado a reducir la presión nocturna y planear racionamientos. La capital depende de cinco grandes presas —Lar, Latian, Karaj, Taleqan y Mamloo— que reciben cada vez menos agua de los ríos de las montañas. En noviembre, el presidente Masud Pezeshkian llegó a advertir que, si no llueve, Teherán podría quedar deshabitada y sus diez millones de habitantes tendrían que ser evacuados. No se trata de una hipérbole: las reservas de la ciudad han caído a menos de la mitad respecto del año anterior y algunos embalses, incluido el Amir Kabir, apenas contienen un 8 % de su capacidad. En Mashhad, segunda ciudad del país, las reservas están por debajo del 3 %.Sequía y mala gestión: una combinación explosivaEl régimen atribuye la escasez a la falta de lluvias y al cambio climático, pero los propios expertos iraníes señalan que la crisis no se debe solo al cielo. Décadas de mala planificación, perforación descontrolada de pozos, creación de centenares de presas sin estudios ambientales y una política agrícola insostenible han agotado acuíferos y humedales. Irán destina más del 80 % del agua disponible a la agricultura, a menudo con una eficiencia inferior al 40 %. Aun así, el gobierno insiste en la autosuficiencia alimentaria mediante cultivos como el trigo o el arroz, que consumen enormes cantidades de agua. Mientras tanto, el consumo doméstico representa menos del 10 % del total y los ciudadanos son responsabilizados por un despilfarro que en realidad proviene de un modelo productivo ineficiente. Desde los años noventa, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y su filial constructora Khatam al‑Anbiah han liderado un frenesí de presas y canales que muchas veces desvían el agua hacia industrias afines y zonas favorecidas políticamente. El exministro de Agricultura Isa Kalantarí ya advirtió en 2013 que la escasez de agua era un peligro mayor para el país que cualquier enemigo externo. La expresión “mafia del agua” se ha popularizado para describir a los conglomerados que obtienen contratos millonarios a costa de ecosistemas como el lago Urmia, que ha perdido 90 % de su volumen desde la década de 1970. Más del 60 % de los humedales se han secado y más de la mitad de las grandes presas funcionan por debajo del 50 % de su capacidad.Protestas y descontento socialLa falta de agua no solo afecta a los cultivos; también enciende la mecha de un descontento que amenaza la estabilidad del régimen. Desde 2021, las provincias de Juzestán, Sistan‑Baluchistán e Isfahán han sido escenario de manifestaciones contra los cortes de suministro. Agricultores que ven secarse el río Zayandeh Rud han bloqueado carreteras y exigido que se detengan los desvíos hacia industrias asociadas a los guardianes de la revolución. En 2025 las protestas se extendieron a 31 provincias: camioneros, panaderos, estudiantes y funcionarios se unieron bajo consignas que denunciaban la corrupción, los apagones y la falta de agua potable. Las autoridades respondieron con represión y ocasionalmente cerraron escuelas, bancos y oficinas para ahorrar energía y agua, una medida que solo evidenció la falta de soluciones a largo plazo. La ausencia de transparencia alimenta la indignación. Muchos pueblos del interior dependen de camiones cisterna para abastecerse y algunas zonas de Teherán y Mashhad pasan horas sin agua. Los ciudadanos se ven obligados a comprar depósitos y bombas para almacenar lo que puedan, mientras pagan facturas cada vez más altas. Para una población que ya sufre inflación y sanciones internacionales, esta “sed forzada” se siente como un nuevo ataque a su dignidad.Tensiones regionales y consecuencias geopolíticasLa escasez también tiene un componente internacional. Gran parte del agua de las provincias orientales proviene de ríos compartidos con Afganistán, como el Helmand y el Harirud. La construcción de presas por los talibanes ha reducido el caudal que llega a Irán, secando los humedales de Hamun y agudizando la pobreza en Sistan‑Baluchistán. A su vez, Turquía ha construido numerosas presas en los ríos Tigris y Éufrates, disminuyendo el flujo hacia Irak e Irán. Estas tensiones transfronterizas se suman a una población ya resentida por la falta de agua y han originado disputas diplomáticas que el gobierno iraní utiliza para desviar la responsabilidad interna.Una amenaza existencial para los ayatolásLa crisis hídrica se ha convertido en el mayor desafío para el poder de los ayatolás. La legitimidad del régimen, construida sobre promesas de justicia social y autosuficiencia, se resquebraja a medida que millones de iraníes pierden el acceso a un recurso básico. Las fallas en la gestión del agua son perceptibles en todo el país y ya no pueden atribuirse solo a sanciones externas o a enemigos imaginarios. El propio líder supremo, Alí Jameneí, ha reconocido que el país se enfrenta a una “guerra del agua”. La posibilidad de una evacuación de Teherán o de que grandes zonas queden inhabitables plantea escenarios impensables para un gobierno que basa su autoridad en la estabilidad interna. Además, el agotamiento de acuíferos y el hundimiento del suelo amenazan patrimonios históricos y la viabilidad de ciudades enteras. La emigración masiva del campo a las metrópolis por falta de agua exacerba el desempleo y empuja a los jóvenes a protestar. Sin reformas profundas, la combinación de cambio climático, mala gestión y desgaste social podría desencadenar una crisis política aún mayor que la surgida por la represión de las mujeres en 2022.¿Hay solución?Revertir la sed iraní requiere medidas estructurales. Los expertos recomiendan reorientar la agricultura hacia cultivos menos intensivos en agua y mejorar sistemas de riego para reducir las pérdidas por evaporación. También es imprescindible reparar las redes urbanas, reducir las filtraciones y abandonar proyectos de presas que dañan ecosistemas. Se propone rescatar el antiguo sistema de qanats —galerías subterráneas que aprovechan acuíferos de forma sostenible— y combinarlo con tecnologías modernas. Igualmente importante es reformar la gobernanza del agua: acabar con la corrupción y la opacidad, crear organismos independientes que gestionen recursos de manera transparente y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. La comunidad internacional podría ofrecer asistencia tecnológica y financiera, pero la voluntad política debe partir de las autoridades iraníes. Sin una respuesta integral, la amenaza de la sed seguirá creciendo. El agua podría ser el factor que decida el futuro del país y determine si los ayatolás conservan su poder o se ven superados por una crisis que ya no pueden controlar.