El Comercio De La República - Iran se ahoga sin Agua

Lima -

Iran se ahoga sin Agua




En Irán, el agua se ha convertido en el bien más escaso y disputado. Tras varias sequías consecutivas, el país vive la peor crisis hídrica en décadas. Las lluvias han caído a niveles mínimos y las estadísticas oficiales indican que la temperatura media nacional ha subido casi dos grados en los últimos años. La Organización Meteorológica Nacional reconoce que 2025 fue uno de los años más secos de la historia reciente, con precipitaciones en algunas regiones 45 % por debajo de la media y más de 80 % de déficit en varias provincias del sur. El resultado es que diecinueve provincias están catalogadas en situación de sequía severa y los embalses que abastecen a Teherán y otras ciudades importantes están al 10 % de su capacidad, lo que ha obligado a reducir la presión nocturna y planear racionamientos. La capital depende de cinco grandes presas —Lar, Latian, Karaj, Taleqan y Mamloo— que reciben cada vez menos agua de los ríos de las montañas. En noviembre, el presidente Masud Pezeshkian llegó a advertir que, si no llueve, Teherán podría quedar deshabitada y sus diez millones de habitantes tendrían que ser evacuados. No se trata de una hipérbole: las reservas de la ciudad han caído a menos de la mitad respecto del año anterior y algunos embalses, incluido el Amir Kabir, apenas contienen un 8 % de su capacidad. En Mashhad, segunda ciudad del país, las reservas están por debajo del 3 %.

Sequía y mala gestión: una combinación explosiva
El régimen atribuye la escasez a la falta de lluvias y al cambio climático, pero los propios expertos iraníes señalan que la crisis no se debe solo al cielo. Décadas de mala planificación, perforación descontrolada de pozos, creación de centenares de presas sin estudios ambientales y una política agrícola insostenible han agotado acuíferos y humedales. Irán destina más del 80 % del agua disponible a la agricultura, a menudo con una eficiencia inferior al 40 %. Aun así, el gobierno insiste en la autosuficiencia alimentaria mediante cultivos como el trigo o el arroz, que consumen enormes cantidades de agua. Mientras tanto, el consumo doméstico representa menos del 10 % del total y los ciudadanos son responsabilizados por un despilfarro que en realidad proviene de un modelo productivo ineficiente. Desde los años noventa, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y su filial constructora Khatam al‑Anbiah han liderado un frenesí de presas y canales que muchas veces desvían el agua hacia industrias afines y zonas favorecidas políticamente. El exministro de Agricultura Isa Kalantarí ya advirtió en 2013 que la escasez de agua era un peligro mayor para el país que cualquier enemigo externo. La expresión “mafia del agua” se ha popularizado para describir a los conglomerados que obtienen contratos millonarios a costa de ecosistemas como el lago Urmia, que ha perdido 90 % de su volumen desde la década de 1970. Más del 60 % de los humedales se han secado y más de la mitad de las grandes presas funcionan por debajo del 50 % de su capacidad.

Protestas y descontento social
La falta de agua no solo afecta a los cultivos; también enciende la mecha de un descontento que amenaza la estabilidad del régimen. Desde 2021, las provincias de Juzestán, Sistan‑Baluchistán e Isfahán han sido escenario de manifestaciones contra los cortes de suministro. Agricultores que ven secarse el río Zayandeh Rud han bloqueado carreteras y exigido que se detengan los desvíos hacia industrias asociadas a los guardianes de la revolución. En 2025 las protestas se extendieron a 31 provincias: camioneros, panaderos, estudiantes y funcionarios se unieron bajo consignas que denunciaban la corrupción, los apagones y la falta de agua potable. Las autoridades respondieron con represión y ocasionalmente cerraron escuelas, bancos y oficinas para ahorrar energía y agua, una medida que solo evidenció la falta de soluciones a largo plazo. La ausencia de transparencia alimenta la indignación. Muchos pueblos del interior dependen de camiones cisterna para abastecerse y algunas zonas de Teherán y Mashhad pasan horas sin agua. Los ciudadanos se ven obligados a comprar depósitos y bombas para almacenar lo que puedan, mientras pagan facturas cada vez más altas. Para una población que ya sufre inflación y sanciones internacionales, esta “sed forzada” se siente como un nuevo ataque a su dignidad.

Tensiones regionales y consecuencias geopolíticas
La escasez también tiene un componente internacional. Gran parte del agua de las provincias orientales proviene de ríos compartidos con Afganistán, como el Helmand y el Harirud. La construcción de presas por los talibanes ha reducido el caudal que llega a Irán, secando los humedales de Hamun y agudizando la pobreza en Sistan‑Baluchistán. A su vez, Turquía ha construido numerosas presas en los ríos Tigris y Éufrates, disminuyendo el flujo hacia Irak e Irán. Estas tensiones transfronterizas se suman a una población ya resentida por la falta de agua y han originado disputas diplomáticas que el gobierno iraní utiliza para desviar la responsabilidad interna.

Una amenaza existencial para los ayatolás
La crisis hídrica se ha convertido en el mayor desafío para el poder de los ayatolás. La legitimidad del régimen, construida sobre promesas de justicia social y autosuficiencia, se resquebraja a medida que millones de iraníes pierden el acceso a un recurso básico. Las fallas en la gestión del agua son perceptibles en todo el país y ya no pueden atribuirse solo a sanciones externas o a enemigos imaginarios. El propio líder supremo, Alí Jameneí, ha reconocido que el país se enfrenta a una “guerra del agua”. La posibilidad de una evacuación de Teherán o de que grandes zonas queden inhabitables plantea escenarios impensables para un gobierno que basa su autoridad en la estabilidad interna. Además, el agotamiento de acuíferos y el hundimiento del suelo amenazan patrimonios históricos y la viabilidad de ciudades enteras. La emigración masiva del campo a las metrópolis por falta de agua exacerba el desempleo y empuja a los jóvenes a protestar. Sin reformas profundas, la combinación de cambio climático, mala gestión y desgaste social podría desencadenar una crisis política aún mayor que la surgida por la represión de las mujeres en 2022.

¿Hay solución?
Revertir la sed iraní requiere medidas estructurales. Los expertos recomiendan reorientar la agricultura hacia cultivos menos intensivos en agua y mejorar sistemas de riego para reducir las pérdidas por evaporación. También es imprescindible reparar las redes urbanas, reducir las filtraciones y abandonar proyectos de presas que dañan ecosistemas. Se propone rescatar el antiguo sistema de qanats —galerías subterráneas que aprovechan acuíferos de forma sostenible— y combinarlo con tecnologías modernas. Igualmente importante es reformar la gobernanza del agua: acabar con la corrupción y la opacidad, crear organismos independientes que gestionen recursos de manera transparente y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. La comunidad internacional podría ofrecer asistencia tecnológica y financiera, pero la voluntad política debe partir de las autoridades iraníes. Sin una respuesta integral, la amenaza de la sed seguirá creciendo. El agua podría ser el factor que decida el futuro del país y determine si los ayatolás conservan su poder o se ven superados por una crisis que ya no pueden controlar.



Destacados


Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

El Pacto UE‑India al desnudo

Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, la Unión Europea (UE) y la India anunciaron a finales de enero de 2026 la conclusión de un acuerdo de libre comercio que aspira a crear la mayor zona comercial bilateral del planeta. El pacto abarca un mercado de casi 2.000 millones de personas y cerca de una cuarta parte del producto interior bruto mundial. Para ambas partes representa mucho más que un simple tratado: la UE, segunda economía mundial, busca diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia de China y Estados Unidos, mientras que la India, ya la nación más poblada y la cuarta economía del mundo, pretende consolidar su ascenso como potencia global.Las conversaciones comenzaron en 2007, se paralizaron en 2013 por diferencias sobre patentes, seguridad de datos y movilidad de profesionales, y se retomaron finalmente en 2022. En un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y rivalidad geopolítica con China, Bruselas calificó el acuerdo como “la madre de todos los acuerdos” y lo enmarcó en una estrategia para una “nueva Europa”.Claves económicas: reducción de aranceles y apertura del mercadoEl núcleo del pacto reside en la eliminación casi total de los derechos aduaneros. India se compromete a suprimir o reducir los aranceles sobre el 96,6 % del valor de las exportaciones europeas, mientras que la UE liberalizará el 99,5 % de sus partidas arancelarias en un plazo de siete años. La Comisión Europea estima que los exportadores del bloque ahorrarán hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros. El comercio bilateral, que ya sostiene unos 800.000 puestos de trabajo en Europa, podría duplicar las exportaciones de bienes de la UE a la India para 2032.Las exportaciones europeas de maquinaria y material eléctrico (16.300 millones de euros en 2024) soportaban aranceles de hasta un 44 %; estos derechos se eliminarán en gran medida en un periodo de entre cinco y diez años. Los aviones y naves espaciales europeos, gravados hasta ahora con aranceles del 11 %, verán reducidos sus derechos a cero de forma gradual. Productos químicos, farmacéuticos y bienes de equipo también disfrutarán de rebajas arancelarias sustanciales. El sector automovilístico se beneficiará especialmente: los impuestos indios sobre vehículos de motor bajarán del 110 % al 10 %, con una cuota anual para 250.000 vehículos europeos. Para productos agroalimentarios de alto valor —vino, aceite de oliva, confitería y bebidas espirituosas—, el acuerdo prevé reducciones drásticas de aranceles, que pasarán del 150 % a una horquilla del 20 % al 40 %.Desde la perspectiva europea, el acceso al vasto mercado indio supone una oportunidad histórica para diversificar exportaciones y reforzar la autonomía económica en un mundo de cadenas de suministro fragmentadas. La UE mantiene un arancel medio de sólo el 4 % para los productos indios, mientras que India aplicaba tasas medias del 37 % a los bienes agroalimentarios europeos y entre el 10 % y el 44 % a productos industriales. La apertura del mercado asiático es por tanto cualitativamente mayor y se prevé particularmente beneficiosa para sectores como maquinaria, automoción, química, aeroespacial, farmacéutica y agroalimentación. Además, España aspira a duplicar sus exportaciones a la India en pocos años gracias al pacto.Servicios, digital y pequeñas empresasMás allá del comercio de bienes, el acuerdo introduce la liberalización más ambiciosa de servicios que la India haya ofrecido a un socio externo. Nueva Delhi abrirá 144 subsectores —incluidos servicios financieros, transporte marítimo, servicios profesionales y educación— y facilitará la movilidad laboral. La UE, por su parte, busca un acceso más predecible para sus empresas, con normas claras sobre licencias, presencia local y dirección de las compañías. En 2024, las exportaciones de servicios de la UE a la India sumaron 26.000 millones de euros; Bruselas confía en que esta cifra crezca significativamente gracias a las nuevas reglas.El tratado también establece un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas (pymes), con puntos de contacto y plataformas digitales para facilitar la información sobre aranceles, procedimientos aduaneros y requisitos de acceso al mercado. Se refuerza la protección de la propiedad intelectual y se simplifican trámites aduaneros y normas de origen, de modo que sólo los productos transformados significativamente en una de las partes puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias. Esta cláusula pretende evitar que bienes de terceros países, incluida Rusia, se reexporten a Europa a través de la India.Compromisos laborales, de género y medioambientalesUno de los aspectos destacados del pacto es la inclusión de compromisos vinculantes en materia de trabajo digno, igualdad de género y sostenibilidad. Ambas partes se obligan a respetar los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, a mejorar la inspección laboral y a promover la igualdad de género. El acuerdo recoge también cláusulas de cooperación para implementar el Acuerdo de París sobre el clima, la Convención sobre la Diversidad Biológica y otras iniciativas ambientales. Estos compromisos se ejecutarán a través de mecanismos de consulta capaces de abordar cuestiones laborales, ambientales y de género de manera sostenible.En el ámbito digital, las normas pactadas buscan crear un entorno de comercio electrónico seguro y previsible, reforzar la confianza del consumidor y mantener el derecho a regular en materia de privacidad y seguridad. La protección de la propiedad intelectual se eleva al nivel de los estándares europeos.Críticas y preocupacionesAunque Bruselas presenta el acuerdo como un hito histórico, diversos colectivos han denunciado la opacidad de las negociaciones y advierten de que el tratado podría favorecer sobre todo a las grandes corporaciones. Organizaciones sociales sostienen que el pacto se negoció a puerta cerrada y que incluso algunos miembros del Parlamento Europeo tuvieron dificultades para acceder a los textos. Para estos críticos, el acuerdo responde ante todo a los intereses de empresas multinacionales europeas e indias, mientras que los posibles impactos en los derechos laborales, el acceso a medicamentos, los servicios públicos y la soberanía regulatoria han sido minimizados.La liberalización de la propiedad intelectual ha generado inquietud en el ámbito sanitario. India es conocida como la “farmacia del Sur global” por su capacidad para producir medicamentos genéricos asequibles. Las nuevas reglas de patentes podrían retrasar la fabricación de genéricos y encarecer tratamientos contra enfermedades como el VIH, el cáncer o la hepatitis. También preocupa el efecto sobre la agricultura de subsistencia india: la entrada de productos europeos subsidiados podría arrasar los medios de vida de millones de familias campesinas. En Europa, productores y sindicatos temen que los salarios y estándares laborales se vean presionados a la baja por la competencia de bienes indios más baratos.Desde un ángulo geopolítico, algunos analistas señalan que el acuerdo no persigue tanto la creación de un bloque indo‑europeo frente a Washington o Pekín como la búsqueda de un nuevo mercado que sustituya a China. India ofrece salarios seis veces inferiores a los de China y veintiocho veces inferiores a los de Alemania, lo que explica la atracción que ejerce sobre el capital europeo. Sin embargo, replicar la estrategia de deslocalización de principios de los 2000 puede exacerbar las desigualdades y no garantiza la reindustrialización europea. Además, India mantiene estrechos vínculos con Rusia y China y no renuncia a su lógica de multilateralidad, por lo que el acuerdo difícilmente alterará los grandes equilibrios mundiales.Otras voces subrayan la dificultad de implementar el tratado. India tiene una tradición profundamente proteccionista y cuenta con barreras jurídicas, administrativas y culturales muy distintas a las europeas. La diferencia cultural y empresarial convierte a este pacto en uno de los acuerdos comerciales más complejos de gestionar. Los analistas advierten de que, si bien la reducción gradual de aranceles podría generar 4.000 millones de euros en ahorros, el verdadero reto será superar la burocracia y las barreras no arancelarias que históricamente han frenado a los inversores europeos.También existe preocupación por la posible reexportación de productos de terceros países a través de la India y por la exposición de la industria y el campo europeos a una competencia que consideran desleal. Algunos productores temen que se sacrifiquen sectores estratégicos y la autonomía económica en nombre de grandes cifras macroeconómicas, mientras el productor europeo continúa asfixiado por impuestos y regulaciones. Expertos señalan que las normas de origen, aunque necesarias, son difíciles de controlar y no siempre evitan la triangulación comercial.Proceso de ratificación y perspectivas futurasEl tratado aún debe superar la revisión jurídica, la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE y la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, así como la ratificación india. Las disposiciones arancelarias y regulatorias se aplicarán de forma gradual durante un periodo de hasta diez años. Algunos sectores sensibles —carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar— quedan excluidos o sujetos a cuotas, protegiendo a los agricultores europeos e indios.La evolución del acuerdo dependerá de la capacidad de ambas partes para equilibrar los beneficios económicos con la protección de los derechos laborales, la salud pública, el medio ambiente y la soberanía regulatoria. Si se implementa con transparencia y vigilancia social, el pacto podría impulsar la creación de empleo, el acceso a un inmenso mercado y la diversificación de las cadenas de suministro. Sin embargo, sin mecanismos eficaces de control y participación, corre el riesgo de profundizar las asimetrías económicas y reproducir los errores de una globalización que ya muestra signos de agotamiento.