El Comercio De La República - OCDE: Alerta final a España

OCDE: Alerta final a España

España afronta un momento crítico en sus finanzas públicas. En su último examen económico, publicado a finales de 2025, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo sonar todas las alarmas. Aunque el organismo reconoce que la economía española ha mostrado una sorprendente resiliencia tras la pandemia y que el crecimiento del producto interior bruto podría alcanzar el 2,9 % en 2025 y el 2,2 % en 2026, advierte de que ese impulso está sostenido por pilares frágiles: deuda elevada, un déficit estructural enquistado y presiones demográficas que amenazan con desbordar el sistema de prestaciones públicas.

Según los datos del primer semestre de 2025, la economía española creció principalmente gracias al endeudamiento. Por cada euro adicional de producto interior bruto, la deuda pública aumentó 1,5 euros. Los ingresos tributarios subieron un 6,5 %, pero el gasto lo hizo un 6,1 %, generando un desequilibrio de 32.800 millones en sólo seis meses. Los intereses de la deuda alcanzaron más de 20.500 millones de euros, un 8,2 % más que un año antes, una cifra que ya supera el presupuesto anual de muchas políticas públicas. Estos datos reflejan una dinámica insostenible: la economía crece, pero lo hace apoyada en un endeudamiento masivo que absorbe casi toda la capacidad de expansión real.

La OCDE comparte ese diagnóstico: la deuda pública se mantiene en niveles elevados y el déficit estructural ronda el 3 % del PIB. Aunque el déficit nominal descendió al 3,2 % en 2024, el desequilibrio de fondo apenas se ha corregido. Sin medidas contundentes, el organismo alerta de que el envejecimiento de la población y el aumento del gasto público pueden abocar al país a un colapso fiscal. La institución advierte de que, entre 2023 y 2050, el gasto en pensiones crecerá 3,2 puntos del PIB, y si se añaden los costes sanitarios y de cuidados de larga duración la presión total ascenderá a 5,2 puntos. Esta tendencia se agrava porque las prestaciones están indexadas a la inflación y ya no existe un factor automático de sostenibilidad: los ajustes que contemplaba la reforma anterior se pospusieron y el gasto en pensiones depende enteramente del IPC. La OCDE propone volver a vincular la edad y el cálculo de las pensiones a la esperanza de vida o ampliar el periodo de cómputo para mejorar la sostenibilidad.

El organismo también critica que el Plan de Estabilidad a medio plazo presentado por el Gobierno carece de detalles sobre cómo reducir el déficit al 0,8 % y llevar la deuda al 90,6 % del PIB en 2031. Señala que el gasto público está demasiado concentrado en transferencias corrientes –especialmente pensiones y prestaciones por desempleo– mientras que la inversión en educación, servicios básicos e infraestructuras se sitúa por debajo de la media europea. Recomienda reforzar la eficiencia del gasto, recortar partidas improductivas y priorizar el gasto orientado al crecimiento.

Uno de los focos que más preocupa a la OCDE es el mercado laboral. España mantiene la tasa de paro más alta de la organización, a pesar de la creación récord de empleo en 2024. El organismo subraya la necesidad de aprovechar mejor el potencial de los trabajadores sénior y de los inmigrantes para sostener la oferta laboral. Insta a mejorar la formación para adultos, revisar los incentivos al subsidio de mayores de 52 años y facilitar la integración de las personas migrantes. También llama a reducir la carga administrativa y ampliar el acceso a la financiación para pymes y emprendedores, uno de los grandes obstáculos a la productividad española.

La recaudación tributaria es otro punto crítico. El llamado “tax wedge” –la diferencia entre el coste laboral total y el salario neto que percibe el trabajador– se sitúa en el 40,6 % para un trabajador medio sin hijos, muy por encima de la media de la OCDE. La presión fiscal se apoya demasiado en las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta, mientras que el IVA recauda poco debido a los numerosos tipos reducidos y exenciones. El organismo propone ampliar la base del IVA, revisar las bonificaciones que generan distorsiones y reorientar la carga hacia impuestos menos perjudiciales para el crecimiento, como los ambientales.

El informe dedica un capítulo específico a la vivienda. Entre 2022 y 2024 se concedieron apenas 345.000 licencias de construcción, mientras se formaron 604.000 nuevos hogares; el resultado es un déficit de unas 600.000 viviendas. La OCDE considera que la regulación del alquiler y las trabas urbanísticas estrangulan la oferta, provocando subidas de precios de doble dígito. Recomienda liberar suelo, agilizar y digitalizar los permisos, invertir en vivienda social y establecer un sistema nacional de ayudas al alquiler ajustado a ingresos y precios locales. Sin una intervención decidida, advierte, la tensión en los precios de la vivienda seguirá aumentando y se convertirá en un freno adicional para la competitividad.

El organismo internacional reconoce que España ha tenido un desempeño mejor que el de sus socios en términos de crecimiento y creación de empleo, gracias al consumo privado, la llegada de inmigrantes y la inversión impulsada por los fondos europeos. Sin embargo, insiste en que la productividad por trabajador sigue siendo baja y que el capital humano y tecnológico crece lentamente. La inversión en investigación y desarrollo se mantiene por debajo del objetivo europeo, y muchas pymes siguen teniendo dificultades para acceder a financiación alternativa. Estas debilidades estructurales limitarán el crecimiento potencial si no se abordan con reformas profundas.

El diagnóstico de la OCDE coincide con las advertencias de economistas independientes. José Ramón Riera, uno de los analistas más críticos con la evolución macroeconómica reciente, sostiene que la economía se está inflando artificialmente; por cada euro de PIB que se genera, la deuda pública aumenta 1,5 euros. El déficit consumió en seis meses el 80 % del límite autorizado por Bruselas, y el coste financiero de la deuda supera ya presupuestos completos de ministerios. En su opinión, sin contención del gasto y sin un impulso decidido a la productividad, España entrará en diciembre de 2026 en una situación fiscal extremadamente preocupante.

En 2026 entrará en vigor la nueva regla fiscal europea, que obligará a todos los Estados a situar el déficit por debajo del 3 % y a reducir la deuda de manera sostenida. La OCDE considera que el margen de maniobra del Gobierno español es cada vez menor y que los próximos meses serán decisivos para reconducir las cuentas públicas. Sin reformas estructurales, el crecimiento robusto de hoy podría convertirse en una falsa calma previa a un ajuste doloroso.

El mensaje es claro:
El tiempo se agota. La OCDE no sólo mejora sus previsiones de crecimiento, sino que lanza una advertencia final. España necesita un pacto de Estado para restaurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, reformar el sistema de pensiones, reorientar la política fiscal, mejorar la competitividad y garantizar vivienda asequible. De lo contrario, los desequilibrios acumulados acabarán por desatar una crisis fiscal que las generaciones futuras no podrán evitar.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.