El Comercio De La República - El Pacto UE‑India al desnudo

Lima -

El Pacto UE‑India al desnudo




Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, la Unión Europea (UE) y la India anunciaron a finales de enero de 2026 la conclusión de un acuerdo de libre comercio que aspira a crear la mayor zona comercial bilateral del planeta. El pacto abarca un mercado de casi 2.000 millones de personas y cerca de una cuarta parte del producto interior bruto mundial. Para ambas partes representa mucho más que un simple tratado: la UE, segunda economía mundial, busca diversificar sus socios comerciales y reducir la dependencia de China y Estados Unidos, mientras que la India, ya la nación más poblada y la cuarta economía del mundo, pretende consolidar su ascenso como potencia global.

Las conversaciones comenzaron en 2007, se paralizaron en 2013 por diferencias sobre patentes, seguridad de datos y movilidad de profesionales, y se retomaron finalmente en 2022. En un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos y rivalidad geopolítica con China, Bruselas calificó el acuerdo como “la madre de todos los acuerdos” y lo enmarcó en una estrategia para una “nueva Europa”.

Claves económicas: reducción de aranceles y apertura del mercado
El núcleo del pacto reside en la eliminación casi total de los derechos aduaneros. India se compromete a suprimir o reducir los aranceles sobre el 96,6 % del valor de las exportaciones europeas, mientras que la UE liberalizará el 99,5 % de sus partidas arancelarias en un plazo de siete años. La Comisión Europea estima que los exportadores del bloque ahorrarán hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos aduaneros. El comercio bilateral, que ya sostiene unos 800.000 puestos de trabajo en Europa, podría duplicar las exportaciones de bienes de la UE a la India para 2032.

Las exportaciones europeas de maquinaria y material eléctrico (16.300 millones de euros en 2024) soportaban aranceles de hasta un 44 %; estos derechos se eliminarán en gran medida en un periodo de entre cinco y diez años. Los aviones y naves espaciales europeos, gravados hasta ahora con aranceles del 11 %, verán reducidos sus derechos a cero de forma gradual. Productos químicos, farmacéuticos y bienes de equipo también disfrutarán de rebajas arancelarias sustanciales. El sector automovilístico se beneficiará especialmente: los impuestos indios sobre vehículos de motor bajarán del 110 % al 10 %, con una cuota anual para 250.000 vehículos europeos. Para productos agroalimentarios de alto valor —vino, aceite de oliva, confitería y bebidas espirituosas—, el acuerdo prevé reducciones drásticas de aranceles, que pasarán del 150 % a una horquilla del 20 % al 40 %.

Desde la perspectiva europea, el acceso al vasto mercado indio supone una oportunidad histórica para diversificar exportaciones y reforzar la autonomía económica en un mundo de cadenas de suministro fragmentadas. La UE mantiene un arancel medio de sólo el 4 % para los productos indios, mientras que India aplicaba tasas medias del 37 % a los bienes agroalimentarios europeos y entre el 10 % y el 44 % a productos industriales. La apertura del mercado asiático es por tanto cualitativamente mayor y se prevé particularmente beneficiosa para sectores como maquinaria, automoción, química, aeroespacial, farmacéutica y agroalimentación. Además, España aspira a duplicar sus exportaciones a la India en pocos años gracias al pacto.

Servicios, digital y pequeñas empresas
Más allá del comercio de bienes, el acuerdo introduce la liberalización más ambiciosa de servicios que la India haya ofrecido a un socio externo. Nueva Delhi abrirá 144 subsectores —incluidos servicios financieros, transporte marítimo, servicios profesionales y educación— y facilitará la movilidad laboral. La UE, por su parte, busca un acceso más predecible para sus empresas, con normas claras sobre licencias, presencia local y dirección de las compañías. En 2024, las exportaciones de servicios de la UE a la India sumaron 26.000 millones de euros; Bruselas confía en que esta cifra crezca significativamente gracias a las nuevas reglas.

El tratado también establece un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas (pymes), con puntos de contacto y plataformas digitales para facilitar la información sobre aranceles, procedimientos aduaneros y requisitos de acceso al mercado. Se refuerza la protección de la propiedad intelectual y se simplifican trámites aduaneros y normas de origen, de modo que sólo los productos transformados significativamente en una de las partes puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias. Esta cláusula pretende evitar que bienes de terceros países, incluida Rusia, se reexporten a Europa a través de la India.

Compromisos laborales, de género y medioambientales
Uno de los aspectos destacados del pacto es la inclusión de compromisos vinculantes en materia de trabajo digno, igualdad de género y sostenibilidad. Ambas partes se obligan a respetar los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, a mejorar la inspección laboral y a promover la igualdad de género. El acuerdo recoge también cláusulas de cooperación para implementar el Acuerdo de París sobre el clima, la Convención sobre la Diversidad Biológica y otras iniciativas ambientales. Estos compromisos se ejecutarán a través de mecanismos de consulta capaces de abordar cuestiones laborales, ambientales y de género de manera sostenible.

En el ámbito digital, las normas pactadas buscan crear un entorno de comercio electrónico seguro y previsible, reforzar la confianza del consumidor y mantener el derecho a regular en materia de privacidad y seguridad. La protección de la propiedad intelectual se eleva al nivel de los estándares europeos.

Críticas y preocupaciones
Aunque Bruselas presenta el acuerdo como un hito histórico, diversos colectivos han denunciado la opacidad de las negociaciones y advierten de que el tratado podría favorecer sobre todo a las grandes corporaciones. Organizaciones sociales sostienen que el pacto se negoció a puerta cerrada y que incluso algunos miembros del Parlamento Europeo tuvieron dificultades para acceder a los textos. Para estos críticos, el acuerdo responde ante todo a los intereses de empresas multinacionales europeas e indias, mientras que los posibles impactos en los derechos laborales, el acceso a medicamentos, los servicios públicos y la soberanía regulatoria han sido minimizados.

La liberalización de la propiedad intelectual ha generado inquietud en el ámbito sanitario. India es conocida como la “farmacia del Sur global” por su capacidad para producir medicamentos genéricos asequibles. Las nuevas reglas de patentes podrían retrasar la fabricación de genéricos y encarecer tratamientos contra enfermedades como el VIH, el cáncer o la hepatitis. También preocupa el efecto sobre la agricultura de subsistencia india: la entrada de productos europeos subsidiados podría arrasar los medios de vida de millones de familias campesinas. En Europa, productores y sindicatos temen que los salarios y estándares laborales se vean presionados a la baja por la competencia de bienes indios más baratos.

Desde un ángulo geopolítico, algunos analistas señalan que el acuerdo no persigue tanto la creación de un bloque indo‑europeo frente a Washington o Pekín como la búsqueda de un nuevo mercado que sustituya a China. India ofrece salarios seis veces inferiores a los de China y veintiocho veces inferiores a los de Alemania, lo que explica la atracción que ejerce sobre el capital europeo. Sin embargo, replicar la estrategia de deslocalización de principios de los 2000 puede exacerbar las desigualdades y no garantiza la reindustrialización europea. Además, India mantiene estrechos vínculos con Rusia y China y no renuncia a su lógica de multilateralidad, por lo que el acuerdo difícilmente alterará los grandes equilibrios mundiales.

Otras voces subrayan la dificultad de implementar el tratado. India tiene una tradición profundamente proteccionista y cuenta con barreras jurídicas, administrativas y culturales muy distintas a las europeas. La diferencia cultural y empresarial convierte a este pacto en uno de los acuerdos comerciales más complejos de gestionar. Los analistas advierten de que, si bien la reducción gradual de aranceles podría generar 4.000 millones de euros en ahorros, el verdadero reto será superar la burocracia y las barreras no arancelarias que históricamente han frenado a los inversores europeos.

También existe preocupación por la posible reexportación de productos de terceros países a través de la India y por la exposición de la industria y el campo europeos a una competencia que consideran desleal. Algunos productores temen que se sacrifiquen sectores estratégicos y la autonomía económica en nombre de grandes cifras macroeconómicas, mientras el productor europeo continúa asfixiado por impuestos y regulaciones. Expertos señalan que las normas de origen, aunque necesarias, son difíciles de controlar y no siempre evitan la triangulación comercial.

Proceso de ratificación y perspectivas futuras
El tratado aún debe superar la revisión jurídica, la traducción a todas las lenguas oficiales de la UE y la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo, así como la ratificación india. Las disposiciones arancelarias y regulatorias se aplicarán de forma gradual durante un periodo de hasta diez años. Algunos sectores sensibles —carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar— quedan excluidos o sujetos a cuotas, protegiendo a los agricultores europeos e indios.

La evolución del acuerdo dependerá de la capacidad de ambas partes para equilibrar los beneficios económicos con la protección de los derechos laborales, la salud pública, el medio ambiente y la soberanía regulatoria. Si se implementa con transparencia y vigilancia social, el pacto podría impulsar la creación de empleo, el acceso a un inmenso mercado y la diversificación de las cadenas de suministro. Sin embargo, sin mecanismos eficaces de control y participación, corre el riesgo de profundizar las asimetrías económicas y reproducir los errores de una globalización que ya muestra signos de agotamiento.



Destacados


Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?

En la madrugada del 3 de enero de 2026 aviones de combate estadounidenses irrumpieron en Caracas. La operación, bautizada Resolución Absoluta, terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Dos días después, el presidente depuesto se declaraba inocente ante un tribunal federal en Nueva York, acusado de narcotráfico y conspiración. Mientras tanto, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumía el poder interino, pero sin garantías de elecciones inmediatas. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno dirigiría Venezuela «hasta que podamos hacer una transición adecuada», sugiriendo un tutelaje de la industria petrolera venezolana y despertando dudas sobre la legalidad internacional de la intervención. Las potencias regionales protestaron, y la captura de Maduro se convirtió en un terremoto que reverberó en La Habana y Managua.En La Habana el efecto fue casi inmediato. Cuba vive la peor crisis económica en décadas: el peso perdió más del 10 % de su valor en tres semanas y las colas para conseguir combustible se alargan en una isla castigada por apagones de hasta doce horas. La falta de petróleo venezolano y mexicano —bloqueado por las nuevas sanciones de Washington— dejó a las gasolineras sin reservas. Los cubanos soportan precios de alimentos y transporte por las nubes, largas filas para comprar pan y un racionamiento de combustible que obliga a muchos a pagar en dólares, una moneda inaccesible para la mayoría. Aunque las penurias han desencadenado protestas esporádicas, la represión y el exilio de hasta dos millones de personas desde la pandemia han desarticulado cualquier oposición organizada. Según organismos de derechos humanos, en 2025 había al menos 203 personas detenidas arbitrariamente y cerca de 700 presos políticos en la isla. Las detenciones masivas, los juicios sin garantías y la vigilancia sobre las familias de los presos forman parte de un patrón de intimidación estatal.La Nicaragua de Daniel Ortega sigue una deriva parecida. Desde las protestas de abril de 2018, que dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen ha reprimido sistemáticamente la disidencia. En 2023 expulsó a 222 presos políticos y les retiró la nacionalidad; cientos más perdieron su ciudadanía y sus bienes por decreto. Al menos 81 críticos permanecían encarcelados a finales de 2023, acusados de «menoscabar la integridad nacional», muchos en condiciones inhumanas. La persecución no se limita a la oposición secular: el obispo Rolando Álvarez recibió una condena de 26 años de prisión y fue incomunicado, y las cuentas bancarias de varias diócesis fueron congeladas. Desde 2018 el gobierno ha clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, confiscaron universidades y medios de comunicación y obligaron a exiliarse a centenares de periodistas.En agosto de 2024 el Parlamento nicaragüense canceló de un plumazo 1.500 organizaciones sin ánimo de lucro, incluida la Cruz Roja, elevando a más de 5.200 el número de asociaciones cerradas desde 2018. Un mes después, 135 presos políticos fueron liberados y expulsados del país, mientras siete sacerdotes fueron enviados al Vaticano. En noviembre el oficialismo aprobó una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y designa a Rosario Murillo como «copresidenta», consolidando la concentración del poder. La reforma también autoriza despojar de ciudadanía a quien el Ejecutivo considere traidor. Las autoridades, además, ampliaron la ley de ciberdelitos para penalizar publicaciones en redes sociales y aprobaron normas que permiten perseguir y confiscar bienes de opositores que residen en el extranjero.Este clima de persecución ha empujado a miles de nicaragüenses al exilio. En 2018, unos 40 000 huyeron a Costa Rica; las oleadas se han multiplicado desde entonces, alimentadas por la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y el cerco a la Iglesia católica. En febrero de 2023 el gobierno quitó la nacionalidad a 222 presos excarcelados y, días después, privó de ciudadanía a otros 94 opositores, entre ellos destacados escritores y religiosos. La Organización de las Naciones Unidas denunció que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 se despojó de la nacionalidad a 452 personas y que el régimen extendió sus amenazas al extranjero mediante vigilancia digital y castigos contra familiares de exiliados. En diciembre de 2024 el oficialismo prohibió el ingreso de periodistas y activistas; esa misma política se ha traducido en investigaciones por «lavado de dinero» contra congregaciones religiosas y el cierre de la universidad jesuita UCA.El fantasma venezolanoLa crisis venezolana es el ejemplo que más temen los nicaragüenses. En el primer semestre de 2024, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales plagadas de irregularidades en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con poco más del 51 % de los votos, sin entregar las actas de votación ni permitir auditorías. Organismos internacionales y centros de observación consideraron que el opositor Edmundo González había obtenido la mayoría, pero el régimen emitió una orden de detención contra él y forzó su exilio. Antes de la votación, el gobierno lanzó el plan «Furia Bolivariana» y detuvo a decenas de militares, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos bajo acusaciones de conspiración.La represión ha ido acompañada de un colapso económico. Alrededor de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional sin acceso a alimentos ni medicinas esenciales. Más de ocho millones han abandonado el país desde 2014, lo que ha generado la mayor crisis de desplazamiento del hemisferio. Colombia alberga a 2,8 millones de migrantes, Perú a 1,6 millones y otros cientos de miles han cruzado la peligrosa selva del Darién. La hiperinflación, la corrupción y la dependencia del petróleo han destruido la economía. Las remesas y la explotación informal de oro han sido la principal fuente de supervivencia de muchas familias.La captura de Maduro en enero de 2026 abre un nuevo capítulo incierto. Muchos venezolanos celebraron la noticia, pero expertos advierten que la destitución del líder no garantiza un cambio democrático. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora dirige el país, formó parte del núcleo autoritario y enfrenta sanciones internacionales. La posibilidad de que Estados Unidos supervise la transición genera preocupación tanto en la región como entre organizaciones internacionales, que cuestionan la legalidad de la operación y temen que el conflicto se prolongue.¿Puede Nicaragua terminar como Cuba o Venezuela?Existen paralelismos evidentes entre los tres países. En Nicaragua, como en Venezuela y Cuba, el poder se concentra en un núcleo familiar que controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; las reformas constitucionales eliminan los contrapesos y prolongan los mandatos. Las detenciones arbitrarias, la represión de protestas y la criminalización de la libertad de expresión son patrones comunes. La cancelación de organizaciones civiles, la expropiación de bienes y la retirada de ciudadanía recuerdan a las políticas de La Habana que, desde 2021, han encarcelado a centenares de manifestantes y mantienen a casi 700 presos políticos.También hay diferencias. A pesar de la represión, la economía nicaragüense creció un 3,9 % en el primer semestre de 2025 gracias a remesas y a la estabilidad macroeconómica, y se proyecta un crecimiento del 3,4 % en 2026. La inflación está controlada y la deuda pública ha disminuido. En cambio, la economía venezolana se contrajo más del 75 % desde 2013 y la cubana enfrenta un desabastecimiento crónico. Las sanciones internacionales contra la minería de oro nicaragüense y la congelación de préstamos extranjeros podrían, no obstante, socavar esta relativa estabilidad.El régimen de Ortega parece seguir aprendiendo del manual cubano y venezolano: utiliza la represión, la propaganda y el despojo de ciudadanía para consolidar su poder. El cierre masivo de ONG y universidades ha dejado a la sociedad civil sin capacidad de organización. La información oficial se reduce a los monólogos diarios de Rosario Murillo, mientras los datos sobre pobreza, salud o educación se ocultan o manipulan.Sin embargo, el desenlace no está escrito. La captura de Maduro demuestra que las autocracias no son invulnerables y que la región vive un momento de gran volatilidad. Nicaragua mantiene vínculos económicos con Estados Unidos y Europa que podrían erosionarse si el gobierno insiste en convertir al país en un Estado paria. La experiencia cubana también muestra que una economía asediada por sanciones y una población empobrecida pueden perdurar durante décadas a costa de un éxodo masivo y la represión constante.El futuro de Nicaragua dependerá de la capacidad del régimen para adaptarse a un entorno regional cambiante y de la presión interna y externa por restaurar la democracia. Las lecciones de Cuba y Venezuela son claras: la concentración de poder, la persecución de la disidencia y el aislamiento internacional llevan a la estagnación económica, al deterioro de las condiciones de vida y a la emigración masiva. Ortega puede temblar ante ese espejo, pero aún tiene la posibilidad de evitar que Nicaragua se convierta en la próxima Cuba o Venezuela.