El Comercio De La República - EEUU domina el oro venezolano

EEUU domina el oro venezolano

El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses reconfiguró el poder en Venezuela. Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidenta bajo el chavismo, asumió interinamente la jefatura del Estado. La nueva administración busca reactivar la maltrecha economía y ha aceptado la estrecha tutela de Washington a cambio de aliviar sanciones. Estados Unidos, por su parte, persigue dos objetivos: asegurar el suministro de recursos naturales y tener mayor influencia en el proceso de transición.

Aunque Washington levantó el bloqueo directo al oro venezolano, no devolvió el control completo al gobierno interino. En enero se supo que unas 31 toneladas de oro —el 15 % de las reservas venezolanas— permanecen congeladas en el Banco de Inglaterra; el valor, estimado en 1.950 millones de dólares en 2020, hoy supera los 3 mil millones. Gran Bretaña mantiene el bloqueo porque no reconoce a la administración de Rodríguez y, según la ministra británica Yvette Cooper, pretende presionar para que Venezuela “transite a la democracia”. Este oro, depositado en Londres desde los años ochenta, es una de las piezas claves en el ajedrez geopolítico y aún no se sabe cuándo podrá ser liberado.

La “Licencia General 51” y sus implicaciones
El 27 de marzo de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 51 A (GL51A) que autoriza a empresas estadounidenses a comprar, transportar y vender minerales de origen venezolano, incluido el oro. La licencia sustituyó a la anterior GL51, ampliando la autorización para minerales distintos del oro y complementándose con otras licencias (GL54 y GL55) que permiten proporcionar bienes y servicios al sector minero y negociar contratos.

Sin embargo, impone varias restricciones:
- No permite la extracción ni el refinado dentro de Venezuela, de modo que las actividades deben realizarse fuera del territorio o con metales ya extraídos.
- Prohíbe transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, y excluye el uso de criptomonedas emitidas por el gobierno venezolano.
- Obliga a que los pagos se canalicen a través de un fondo depositario controlado por el Tesoro estadounidense, lo que otorga a Washington capacidad de retener o administrar ingresos.
- Exige que las empresas reporten detalles de las operaciones y de la cadena de custodia en un plazo de diez días y de forma periódica. Washington justifica estas medidas como un incentivo para atraer inversión y formalizar un sector dominado por la minería ilegal, pero los críticos señalan que equivalen a entregar la riqueza venezolana a firmas extranjeras bajo supervisión norteamericana.

Transporte de oro y apertura del sector
Poco después de la aprobación de la licencia, Estados Unidos trasladó barras de oro valoradas en 100 millones de dólares desde Venezuela —la primera operación de este tipo en más de dos décadas. El secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, visitó Caracas a inicios de marzo y anunció la operación en un foro energético en Texas, afirmando que la industria minera venezolana estaba “colapsada” y dominada por bandas, pero que observó voluntad oficial para modernizarla. Burgum viajó acompañado de ejecutivos petroleros y mineros y se reunió más de diez horas con Delcy Rodríguez. El oro transportado será utilizado para inversiones industriales y establece un precedente de cooperación que antes estaba prohibido por las sanciones.

Paralelamente, la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley de minas que ampliaría las concesiones y permitiría contratos de hasta 20 años con empresas privadas. La reforma prevé rebajar impuestos y permitir arbitrajes internacionales. Estos cambios han despertado el interés de conglomerados occidentales; la canadiense Roland Mineral Enterprises anunció que buscará “agresivamente” adquirir proyectos mineros en Venezuela. Para el gobierno interino, la minería se ha convertido en motor clave para atraer divisas y reconstruir la economía.

Controversia ambiental y social
El anuncio de la licencia y de la apertura minera generó fuerte oposición entre organizaciones ambientales y de derechos humanos. La ONG SOS Orinoco advirtió que la licencia legitima un ecocidio: el Arco Minero del Orinoco —una región de 112 000 kilómetros cuadrados— está plagado de minería ilegal, uso de mercurio y presencia de grupos armados, lo que ha provocado contaminación irreversible de ríos y bosques. Según un informe elaborado con World Heritage Watch, al menos 1 500 hectáreas dentro del Parque Nacional Canaima (Patrimonio de la Humanidad) están afectadas por la extracción clandestina. La explotación se realiza sin consultar a comunidades indígenas y bajo un sistema de concesiones opaco.

Las organizaciones sostienen que sustituir a Maduro por Delcy Rodríguez no ha modificado el modelo extractivista: el Estado trata el sur del país como un “feudo minero”, permitiendo que funcionarios y militares se enriquezcan mientras se violan derechos humanos. Denuncian además negociaciones para vender hasta una tonelada de oro a la firma comercial Trafigura, lo que, a su juicio, lavaría capitales obtenidos en zonas controladas por bandas criminales. Frente a ello, activistas piden que las compras de oro incluyan debida diligencia en toda la cadena de suministro, así como medidas para proteger a los pueblos indígenas y a la Amazonía.

Historia reciente de las reservas de oro venezolanas
La presión sobre el oro venezolano no es nueva. Entre 2012 y 2018, el país vendió grandes cantidades de oro para obtener liquidez; las reservas del Banco Central cayeron de 366 a aproximadamente 53 toneladas. Gran parte de la producción del Arco Minero fue exportada irregularmente a Turquía, Irán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, a veces a cambio de alimentos o gasolina. Sólo alrededor del 30 % del oro producido llegaba al Banco Central, según antiguos trabajadores; el resto era contrabandeado por comerciantes chinos, turcos o brasileños.

En el país se han registrado además tragedias humanas vinculadas a la minería. En octubre de 2025, el derrumbe de una mina artesanal en El Callao dejó al menos 14 muertos, subrayando la precariedad y falta de supervisión en las explotaciones auríferas. Estos accidentes ponen de relieve el desprecio sistemático por la seguridad laboral en las minas ilegales y el costo humano de un negocio multimillonario.

Reacción de la sociedad y percepciones populares
A nivel interno, la noticia del acercamiento entre Caracas y Washington generó sentimientos encontrados. Sectores opositores celebran la caída de Maduro y confían en que la alianza con Estados Unidos traerá inversiones y estabilidad; algunos ven a Delcy Rodríguez como una administradora pragmática que intenta normalizar la economía. Otros, en cambio, temen que el país se convierta en un protectorado estadounidense y que el oro termine beneficiando a corporaciones extranjeras mientras la mayoría sigue empobrecida. La desconfianza hacia el gobierno interino es evidente: activistas cuestionan que figuras asociadas al chavismo controlen el proceso de apertura y advierten que pueden repetirse prácticas corruptas. También surgen expresiones de orgullo nacionalista y resistencia: hay quienes proclaman que defenderán la soberanía y que el oro no debería salir sin consultar al pueblo.

En redes sociales, muchos venezolanos han mostrado preocupación por el impacto ambiental y social de la minería, exigiendo que cualquier acuerdo garantice transparencia y reparación para las comunidades afectadas. Algunos comentarios satíricos comparan a la presidenta interina con caricaturas, reflejando la burla hacia la clase política. Otros ironizan con que la captura de Maduro sólo “cambia de dueño” la riqueza del país. En general, la discusión pública revela una mezcla de esperanza, escepticismo y resentimiento ante un proceso que podría redefinir el futuro de Venezuela.

Posibles consecuencias y escenarios
- Dependencia de Washington: Al centralizar los pagos en un fondo controlado por el Tesoro estadounidense y fijar las condiciones de los contratos, EE UU se asegura un rol de auditor y acreedor. Aunque esto podría facilitar la formalización del sector, limita la capacidad de Venezuela para decidir sobre sus propios recursos.
- Aumento de la extracción y riesgo ambiental: La combinación de nuevas licencias y la reforma de la ley de minas probablemente intensificará la explotación del oro. Sin una fiscalización rigurosa, es posible que se reproduzcan los mismos patrones de degradación ecológica denunciados por las ONG. Las comunidades indígenas podrían verse más afectadas si la expansión ocurre en zonas protegidas.
- Reordenamiento geopolítico: La exclusión de Rusia, Irán y China de las operaciones y la preferencia por empresas occidentales supone un alineamiento estratégico con Washington. Esto podría tensar las relaciones con países que habían apoyado al chavismo y generar fricciones en organismos internacionales.
- Escenario económico incierto: La entrada de capital extranjero y la mayor venta de oro podrían aliviar la crisis de divisas a corto plazo. No obstante, si el oro se exporta en bruto sin desarrollo industrial, el país corre el riesgo de profundizar su dependencia de materias primas. Además, la persistencia de la disputa por las reservas en el Reino Unido añade incertidumbre sobre el acceso a activos importantes.

Conclusión
La decisión de Estados Unidos de ir por el oro venezolano abre una nueva etapa de oportunidades y peligros para un país que lleva años sumido en crisis. La cooperación con Washington podría traer inversiones y tecnología, pero sólo será beneficiosa si existe transparencia, protección ambiental y respeto a los derechos humanos. De lo contrario, la riqueza aurífera podría convertirse en una maldición que agrave los problemas sociales y ecológicos de Venezuela. Mientras se discuten licencias y leyes en despachos oficiales, el futuro del oro —y del país— sigue estando en manos de quienes lo extraen, lo defienden y lo sueñan.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.