El Comercio De La República - Trump cierra la puerta legal

Trump cierra la puerta legal

En 2025 y 2026, el paisaje migratorio de Estados Unidos se transformó de forma radical. La segunda administración de Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de “ordenar” la frontera y combatir la inmigración irregular. Sin embargo, la batería de órdenes ejecutivas y proclamaciones que siguieron no solo endurecieron la entrada irregular, sino que afectaron de lleno a quienes querían emigrar de forma legal, desde estudiantes universitarios y trabajadores cualificados hasta refugiados y familiares de ciudadanos estadounidenses.

Una cascada de prohibiciones de viaje
Durante el primer semestre de 2025, la Casa Blanca reeditó las llamadas vetas migratorias. En junio se anunció una prohibición total de entrada para personas procedentes de doce países, entre ellos Afganistán, Birmania, Chad, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y una prohibición parcial para siete países como Burundi, Cuba y Venezuela. La medida impide la expedición de casi cualquier tipo de visado, incluso a familiares directos de ciudadanos estadounidenses. Apenas seis meses después, una nueva proclamación añadía ocho naciones más a la lista de vetas completas y quince países a las restricciones parciales. Para enero de 2026, casi 60 % de los países del mundo estaban sometidos a algún tipo de restricción de visados para Estados Unidos.

Los motivos oficiales de la Casa Blanca fueron la “seguridad nacional” y la supuesta falta de colaboración de los gobiernos afectados en la repatriación de deportados. Sin embargo, análisis independientes indican que los criterios eran arbitrarios. Países con bajas tasas de visados vencidos, como Sierra Leona o Laos, fueron vetados, mientras que otros con niveles más altos no aparecían en la lista. La ampliación de diciembre se justificó tras un tiroteo atribuido a un ciudadano afgano en Washington, pero Afganistán ya figuraba en la prohibición original. El resultado fue un caos: estudiantes con cartas de admisión, personal sanitario y académicos vieron canceladas sus citas en consulados y cientos de miles de familias quedaron separadas.

Visados más caros y sorteo restringido
Las prohibiciones de viaje se complementaron con cambios drásticos en el programa H‑1B. En septiembre de 2025, Trump firmó una proclamación que impuso una tarifa suplementaria de 100 000 dólares para cada petición de visado H‑1B presentada después del 21 de septiembre. Hasta entonces, el coste oscilaba entre 2 000 y 5 000 dólares por solicitud. Además, el sorteo al azar se eliminó para dar prioridad a los solicitantes con salarios más altos, dejando fuera a pequeñas empresas y start‑ups incapaces de afrontar el nuevo coste. A menos que la empresa demuestre que la contratación entra en el “interés nacional”, el trabajador no puede entrar al país.

La medida generó un aluvión de críticas. Empresas tecnológicas estadounidenses —algunas de las mayores patrocinadoras de visados H‑1B— advirtieron que la tasa era en realidad un impuesto al talento y que obligaría a trasladar puestos de trabajo a otros países. Abogados de inmigración señalaron que el gobierno pretendía utilizar el dinero para sufragar parte del muro fronterizo y que la regla excluía a la mayoría de los aspirantes de la India, que representan más del 70 % de los beneficiarios del H‑1B. Varios estados y la Cámara de Comercio demandaron al gobierno, aunque los tribunales federales avalaron la medida a finales de 2025.

Parálisis en las tarjetas de residencia
En enero de 2026 la administración anunció otra suspensión: un “pausa” en la expedición de tarjetas de residencia para nacionales de 75 países mientras se revisaban las políticas para evitar que los nuevos inmigrantes recurrieran a la asistencia social. La pausa dejó en el limbo a cientos de miles de personas que llevaban años esperando un número de visa disponible. La decisión fue impugnada por organizaciones de derechos civiles y ciudadanos estadounidenses patrocinadores de familiares, que denunciaron que el Ejecutivo pretendía redefinir la ley migratoria sin pasar por el Congreso.

En paralelo, se propuso una nueva versión de la regla de “carga pública” que otorga a los funcionarios consulares un amplio margen para denegar tarjetas de residencia a solicitantes que, a juicio de los agentes, podrían llegar a necesitar ayudas públicas. Los criterios incluyen la edad, el estado de salud e incluso la obesidad. Las organizaciones de defensa alertan de que estas normas discriminan a personas con discapacidades y a familias de bajos ingresos.

Estudiantes a la deriva y revocación de visados
No solo los trabajadores cualificados se vieron afectados. A principios de abril de 2025, el gobierno revocó repentinamente 1 800 visados de estudiantes F‑1 y J‑1, y poco después todos los consulados suspendieron las entrevistas para nuevos alumnos. Cuando se reanudaron, se introdujeron requisitos de revisión de redes sociales y se propuso limitar la estancia de los estudiantes a cuatro años. Estas medidas produjeron un descenso del 17 % en la matriculación internacional en otoño de 2025, la mayor caída en una década. Universidades y centros de investigación alertaron de pérdidas millonarias y de la fuga de talento hacia Canadá, Reino Unido y Australia.

El propio gobierno se jactó de haber revocado más de 100 000 visados durante el primer año del segundo mandato, un aumento del 150 % respecto a 2024. Entre los afectados había miles de estudiantes y trabajadores especializados. Las causas alegadas incluían delitos menores como conducir bajo los efectos del alcohol, pero organizaciones humanitarias señalaron que el procedimiento carecía de garantías y se basaba en criterios arbitrarios.

La “tarjeta dorada” y los refugiados olvidados
Mientras se multiplicaban las trabas para la inmigración ordinaria, la Casa Blanca lanzó la llamada “Gold Card” en septiembre de 2025. Este programa permite la residencia expedita a individuos que inviertan al menos un millón de dólares (o dos millones en el caso de empresas), más 15 000 dólares de tasas. El requisito es mucho más alto que el del tradicional visado EB‑5, y está diseñado para atraer a millonarios extranjeros. Los críticos denuncian que, al crearse por orden ejecutiva, la iniciativa elude al Congreso y privilegia la riqueza sobre el mérito.

El giro hacia la inmigración de élite contrastó con la política de refugiados. La administración suspendió el Programa de Admisión de Refugiados en 2025 y estableció un cupo máximo de 7 500 personas para el año fiscal 2026, el nivel más bajo desde 1980. Además, más de un millón de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal vieron canceladas o programadas las fechas de expiración de sus permisos. La prioridad se desplazó hacia un grupo concreto: Afrikaners y otras minorías blancas de Sudáfrica, a quienes se concedieron casi todas las plazas disponibles.

Consecuencias económicas y humanas
La combinación de vetas, tarifas prohibitivas y suspensiones ha generado una atmósfera de incertidumbre que ahuyenta a quienes antes consideraban a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Según un análisis del Real Instituto Elcano, la contracción sistemática de la inmigración legal está redefiniendo la composición demográfica de Estados Unidos y generando una clase creciente de personas sin documentos. Empresas tecnológicas han comenzado a trasladar operaciones a centros de investigación en la India, Europa y Canadá. Universidades reportan la pérdida de profesores y estudiantes internacionales, mientras que hospitales rurales se enfrentan a la escasez de personal médico debido a las vetas y la pausa en la emisión de visados.

En algunos sectores, como la agricultura, el gobierno ha suavizado requisitos, simplificando el proceso de visados H‑2A y reduciendo los salarios mínimos para trabajadores extranjeros. Esta excepción responde al temor de que la ausencia de mano de obra extranjera provoque escasez de alimentos. Sin embargo, sindicatos y organizaciones de trabajadores han demandado la medida al considerar que deprime los salarios y precariza aún más a los temporeros.

Un giro radical con efectos duraderos
Donald Trump llegó al poder prometiendo priorizar a los estadounidenses y proteger la frontera. Su retorno ha ido mucho más allá de reforzar el control migratorio: ha cerrado puertas que tradicionalmente se abrían para estudiantes, científicos, familiares de ciudadanos, refugiados y emprendedores. La pregunta que surge es si estas políticas están sirviendo al interés nacional o si representan un error de cálculo que dañará la competitividad y el liderazgo global de Estados Unidos.

La experiencia de estos dos años sugiere que muchos inmigrantes legales prefieren buscar oportunidades en otros países con normas más estables y procesos más predecibles. Mientras tanto, Estados Unidos corre el riesgo de perder talento, inversión y diversidad cultural. Si el objetivo era frenar la inmigración irregular, la evidencia demuestra que el impacto se ha hecho sentir con mayor intensidad sobre quienes cumplían las reglas.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.