Impuestos ahogan a los pobres
En un contexto económico marcado por la desigualdad y los desafíos fiscales, España enfrenta un problema crítico: la carga impositiva que recae sobre los sectores más pobres de la sociedad. Recientes análisis y datos revelan que, en algunos casos, los impuestos totales pagados por los hogares de menores ingresos superan el 100% de sus rentas, una situación que agrava la pobreza y limita las oportunidades de desarrollo económico para millones de ciudadanos.
El sistema fiscal español, aunque diseñado para ser progresivo, presenta fallos significativos que afectan desproporcionadamente a los estratos más bajos. Mientras que los hogares más ricos pagan un tipo efectivo medio del 24,1% sobre su renta, los más pobres soportan una carga del 27,5%. Esta aparente paradoja se debe, en gran parte, a la estructura de los impuestos indirectos, como el IVA, y a la tributación de las rentas del capital, que benefician a los más acaudalados. Los impuestos indirectos, que no varían en función de la capacidad económica, representan una mayor proporción de los ingresos de los hogares pobres, socavando así el principio de equidad fiscal.
En 2022, el 20% más pobre de la población española pagó un tipo efectivo del 27,5%, mientras que el 1% más rico pagó solo el 24,1%. Este desequilibrio se explica por la combinación de impuestos como el IVA, que gravan el consumo de manera regresiva, y por la menor tributación de las rentas del capital en el IRPF. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los trabajadores, especialmente los autónomos, imponen una carga adicional a los ingresos más bajos, ya que muchos deben pagar bases mínimas incluso si sus ingresos son inferiores.
La situación se agrava con la reciente implementación de nuevas medidas fiscales en 2025, que han incrementado la presión sobre los hogares de menores recursos. A partir de este año, se han introducido subidas en impuestos indirectos, como el IVA en la electricidad, que ha vuelto al 21%, y el fin de las rebajas impositivas en productos básicos como el aceite de oliva. Estas medidas, aunque necesarias para equilibrar las cuentas públicas, han impactado de manera desproporcionada a los más vulnerables, quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a bienes de primera necesidad.
Además, el nuevo impuesto sobre los residuos, que entró en vigor en 2025, ha añadido una carga adicional a los municipios de más de 5.000 habitantes, afectando especialmente a las familias de bajos ingresos que ya luchan por cubrir sus necesidades básicas. Este tributo, destinado a financiar la gestión de residuos, se suma a otros gravámenes que, en conjunto, elevan la presión fiscal sobre los más pobres.
El impacto de esta carga impositiva es devastador. El 26,5% de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta cifra refleja una realidad preocupante: la política fiscal actual no solo no logra redistribuir la riqueza de manera efectiva, sino que, en muchos casos, profundiza las desigualdades. La falta de progresividad real en el sistema tributario español ha llevado a que los más pobres paguen, en términos relativos, más impuestos que los más ricos, una situación que contradice los principios básicos de justicia fiscal.
Expertos en fiscalidad han señalado que la solución a este problema requiere una reforma profunda del sistema impositivo. Propuestas como la revisión de los tipos reducidos de IVA, la mejora de la progresividad en el IRPF y la integración plena del Impuesto sobre Sociedades en la carga tributaria efectiva de los más ricos podrían ayudar a corregir estas distorsiones. Sin embargo, hasta ahora, las medidas adoptadas por el gobierno no han abordado de manera suficiente esta problemática, y la presión fiscal sobre los más vulnerables sigue en aumento.
En este contexto, es urgente que las autoridades reconsideren la estructura fiscal del país para garantizar que los impuestos no se conviertan en una barrera insuperable para los más pobres. La sostenibilidad de las finanzas públicas no debe lograrse a expensas de los sectores más desfavorecidos, sino a través de un sistema más justo y equitativo que distribuya la carga fiscal de acuerdo con la capacidad real de cada ciudadano. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más cohesionada y con mayores oportunidades para todos.
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