El Comercio De La República - Impuestos ahogan a los pobres

Impuestos ahogan a los pobres

En un contexto económico marcado por la desigualdad y los desafíos fiscales, España enfrenta un problema crítico: la carga impositiva que recae sobre los sectores más pobres de la sociedad. Recientes análisis y datos revelan que, en algunos casos, los impuestos totales pagados por los hogares de menores ingresos superan el 100% de sus rentas, una situación que agrava la pobreza y limita las oportunidades de desarrollo económico para millones de ciudadanos.

El sistema fiscal español, aunque diseñado para ser progresivo, presenta fallos significativos que afectan desproporcionadamente a los estratos más bajos. Mientras que los hogares más ricos pagan un tipo efectivo medio del 24,1% sobre su renta, los más pobres soportan una carga del 27,5%. Esta aparente paradoja se debe, en gran parte, a la estructura de los impuestos indirectos, como el IVA, y a la tributación de las rentas del capital, que benefician a los más acaudalados. Los impuestos indirectos, que no varían en función de la capacidad económica, representan una mayor proporción de los ingresos de los hogares pobres, socavando así el principio de equidad fiscal.

En 2022, el 20% más pobre de la población española pagó un tipo efectivo del 27,5%, mientras que el 1% más rico pagó solo el 24,1%. Este desequilibrio se explica por la combinación de impuestos como el IVA, que gravan el consumo de manera regresiva, y por la menor tributación de las rentas del capital en el IRPF. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los trabajadores, especialmente los autónomos, imponen una carga adicional a los ingresos más bajos, ya que muchos deben pagar bases mínimas incluso si sus ingresos son inferiores.

La situación se agrava con la reciente implementación de nuevas medidas fiscales en 2025, que han incrementado la presión sobre los hogares de menores recursos. A partir de este año, se han introducido subidas en impuestos indirectos, como el IVA en la electricidad, que ha vuelto al 21%, y el fin de las rebajas impositivas en productos básicos como el aceite de oliva. Estas medidas, aunque necesarias para equilibrar las cuentas públicas, han impactado de manera desproporcionada a los más vulnerables, quienes destinan una mayor parte de sus ingresos a bienes de primera necesidad.

Además, el nuevo impuesto sobre los residuos, que entró en vigor en 2025, ha añadido una carga adicional a los municipios de más de 5.000 habitantes, afectando especialmente a las familias de bajos ingresos que ya luchan por cubrir sus necesidades básicas. Este tributo, destinado a financiar la gestión de residuos, se suma a otros gravámenes que, en conjunto, elevan la presión fiscal sobre los más pobres.

El impacto de esta carga impositiva es devastador. El 26,5% de la población española, es decir, unos 12,7 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta cifra refleja una realidad preocupante: la política fiscal actual no solo no logra redistribuir la riqueza de manera efectiva, sino que, en muchos casos, profundiza las desigualdades. La falta de progresividad real en el sistema tributario español ha llevado a que los más pobres paguen, en términos relativos, más impuestos que los más ricos, una situación que contradice los principios básicos de justicia fiscal.

Expertos en fiscalidad han señalado que la solución a este problema requiere una reforma profunda del sistema impositivo. Propuestas como la revisión de los tipos reducidos de IVA, la mejora de la progresividad en el IRPF y la integración plena del Impuesto sobre Sociedades en la carga tributaria efectiva de los más ricos podrían ayudar a corregir estas distorsiones. Sin embargo, hasta ahora, las medidas adoptadas por el gobierno no han abordado de manera suficiente esta problemática, y la presión fiscal sobre los más vulnerables sigue en aumento.

En este contexto, es urgente que las autoridades reconsideren la estructura fiscal del país para garantizar que los impuestos no se conviertan en una barrera insuperable para los más pobres. La sostenibilidad de las finanzas públicas no debe lograrse a expensas de los sectores más desfavorecidos, sino a través de un sistema más justo y equitativo que distribuya la carga fiscal de acuerdo con la capacidad real de cada ciudadano. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más cohesionada y con mayores oportunidades para todos.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Petro blinda a Maduro

La escalada de presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro —con recompensas judiciales inéditas, amenazas arancelarias “secundarias” y el fantasma de la descertificación antidrogas— ha empujado a Gustavo Petro a una maniobra política y diplomática de varias capas. Su objetivo declarado: desactivar cualquier escenario de intervención o asfixia que arrastre a Colombia a una crisis regional, blindando a su vez a Caracas bajo el paraguas de la “soberanía latinoamericana”.La “jugada” de Petro combina cinco vectores: (1) un escudo diplomático regional desde la CELAC; (2) un relato de seguridad compartida en la frontera colombo-venezolana; (3) recomposición económica y comercial con Caracas para elevar el costo de una ruptura; (4) una ofensiva discursiva que deslegitima operaciones militares sin aval regional; y (5) la dosificación de gestos críticos hacia Caracas en materia de derechos humanos para sostener un margen de maniobra con socios occidentales.1. El escudo de la CELAC. Con la presidencia pro tempore de la CELAC, Petro ha impulsado un frente de “no agresión” que busca fijar una línea roja: cualquier acción militar en Venezuela sin consenso regional sería tratada como agresión contra toda América Latina. Ese marco pretende trasladar el eje de la decisión desde Washington hacia un multilateralismo latinoamericano que atenúe la asimetría de poder y, de paso, ofrezca a Caracas una cobertura política. La apuesta también le sirve a Bogotá para negociar con Washington desde un bloque y no a título individual, en momentos en que se barajan sanciones comerciales de amplio alcance.2. Seguridad compartida y narrativa de contención. Petro ha ligado su postura a la gestión de riesgos en la frontera: migración, crimen transnacional y cocaína. Al subrayar que Caracas coopera —o puede cooperar— contra el narcotráfico, el Gobierno colombiano intenta desmontar la premisa de que Maduro es solo un factor de desestabilización. De cara a Washington, la señal es clara: la coordinación binacional ofrece mejores resultados que la coerción extraterritorial. De cara a Caracas, el mensaje es de respaldo frente a amenazas externas, a cambio de mantener canales de cooperación operativa en la zona limítrofe.3. Amarre económico para elevar el costo de la confrontación. El restablecimiento de pasos fronterizos, el aumento del intercambio comercial y la discusión sobre integración energética no son meras medidas técnicas. Construyen interdependencia. Si el comercio bilateral crece y se estabiliza, el precio político y social de cualquier escalada —arancelaria o militar— sube para ambos lados. Petro calcula que cuanto mayor sea la densidad económica entre Colombia y Venezuela, más difícil será justificar en foros regionales una ruptura impulsada por terceros.4. Discurso de soberanía frente a medidas de “máxima presión”. El endurecimiento de la política estadounidense —incluida la duplicación de la recompensa por la captura de Maduro y la amenaza de imponer aranceles a países que compren crudo venezolano, directa o indirectamente— ha sido contestado por Petro con una retórica que equipara esas medidas a una injerencia que reaviva las peores dinámicas del siglo XX en la región. Presentar la “no intervención” como causa latinoamericana le permite alinear a gobiernos diversos bajo un mínimo común denominador, complicando la formación de una coalición hemisférica pro-sanciones.5. El matiz: derechos humanos y salidas negociadas. Para no romper puentes con Europa y sectores demócratas en EE. UU., la Casa de Nariño alterna el blindaje soberanista con exhortos sobre libertades públicas, liberación de presos y garantías a la oposición. Es un equilibrio frágil: suficiente para evitar que se etiquete a Colombia como satélite de Caracas, pero no tan severo como para dinamitar la sintonía con Maduro en la frontera. Petro necesita ambas cosas: contención regional y margen con Occidente.Choques y costes de la maniobra. La estrategia tiene precio. En Washington crecen las voces que plantean descertificar a Colombia en la lucha antidrogas —una decisión con efectos simbólicos y presupuestales— y presionar con aranceles de amplio espectro si Bogotá no se distancia de Caracas. El Departamento de Estado ha elevado el tono, y figuras clave de la política estadounidense han convertido a Petro en blanco retórico. En casa, la oposición lo acusa de “proteger a una dictadura” y advierte que la frontera sigue siendo un polvorín por la presencia de grupos armados. La narrativa oficial, que presenta a Venezuela como socio en seguridad, convive con episodios de violencia y desplazamiento en zonas limítrofes que recuerdan la volatilidad del terreno.Cálculo estratégico de fondo. ¿Se trata de “proteger a Maduro” o de proteger a Colombia? Para Palacio, ambas cosas convergen: si la presión externa provoca un estallido en Venezuela, el impacto humanitario y criminal se desborda primero sobre Norte de Santander, Arauca, La Guajira y el Caribe. Por eso, la contención —aun cuando alivie a Maduro— es presentada como una política de interés nacional. En paralelo, el reencuadre desde CELAC busca que cualquier negociación con Washington sobre drogas, migración y comercio se haga con la región sentada a la mesa, no desde la unilateralidad.Lo que viene. Tres tableros marcarán la eficacia —o el fracaso— de la jugada:- Decisiones de Washington. Si se concreta una descertificación o se activan aranceles “secundarios” por el petróleo venezolano, la presión sobre Bogotá aumentará y pondrá a prueba la cohesión regional.Comportamiento de Caracas. Sin gestos verificables en derechos humanos y garantías políticas, la postura matizada de Colombia pierde defensas en foros occidentales.- Frontera y comercio. Si la cooperación de seguridad produce resultados medibles y el intercambio legal crece sin alimentar economías ilícitas, el argumento de la “contención cooperativa” gana aire.- En síntesis, Petro intenta convertir un pulso bilateral asimétrico —Trump vs. Maduro— en un dilema colectivo latinoamericano donde el costo de “ir por libre” sea demasiado alto. Es una protección por red: diplomática, económica y narrativa. Pero toda red se tensiona si uno de sus nudos —Washington, Caracas o la propia frontera— se rompe.