El Comercio De La República - Pensiones: Francia en crisis

Pensiones: Francia en crisis

El gobierno francés ha entrado de lleno en una crisis política y económica provocada por su sistema de pensiones. En octubre de 2025 el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció en la Asamblea Nacional la suspensión temporal de la reforma de 2023 que elevaba gradualmente la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y aumentaba el periodo de cotización hasta 43 años en 2027. El objetivo de Lecornu era salvar su mayoría y evitar nuevas mociones de censura, pero el precio de ese aplazamiento es alto: el gobierno calcula que la suspensión costará 400 millones de euros en 2026 y 1 800 millones de euros en 2027, un agujero adicional que la coalición pretende cubrir con nuevos impuestos a las grandes fortunas y a los beneficios empresariales.

La reforma era la pieza central de la agenda de modernización del expresidente Emmanuel Macron. Fue aprobada en marzo de 2023 mediante el controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar leyes sin votación parlamentaria, tras semanas de paros y manifestaciones masivas que paralizaron servicios públicos y colapsaron el transporte. La modificación retrasaba la edad de jubilación, al tiempo que buscaba reforzar las pensiones más bajas. Dos años después, la renuncia del ejecutivo a aplicar la reforma hasta después de las elecciones presidenciales de 2027 revela la magnitud de las presiones políticas: ni la derecha nacionalista ni los partidos de izquierda aceptan elevar la edad de retiro, y los socialistas condicionaron su apoyo al gobierno a aplazar la medida.

El sistema francés se basa en el principio de reparto: las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores financian directamente las pensiones de los jubilados actuales. Esta solidaridad intergeneracional funciona sólo si el número de cotizantes y sus salarios bastan para cubrir las prestaciones. Francia gasta alrededor del 14 % de su producto interior bruto en pensiones, casi cuatro puntos más que Alemania y por encima de la media de la Unión Europea. Esta generosidad ha permitido que la pobreza entre los mayores se sitúe en torno al 3,6 %, frente a una media de 12,5 % en la OCDE, y que el pensionista medio cobre 1 626 euros brutos al mes, una cantidad que mantiene su nivel de vida cerca del de las personas en activo. Los jubilados franceses pasan en torno a 23,3 años retirados, la cifra más alta de los países desarrollados, gracias a una esperanza de vida que alcanza los 83,6 años. Mujeres y hombres disfrutan de largas jubilaciones y de pensiones que reemplazan una porción mayor de su salario previo que en la mayoría de los países europeos.

La contrapartida es que el Estado asume un peso creciente. El gasto público total roza el 57 % del PIB, el más alto del mundo desarrollado, y la deuda pública equivale al 113 % del PIB. Desde 1980 el país no logra un superávit presupuestario. La situación se ha deteriorado con una combinación de crecimiento lento, envejecimiento y demandas sociales elevadas. Para financiar el sistema, además de las cotizaciones, se recurre cada vez más a impuestos y transferencias, lo que desplaza recursos de otros servicios públicos. Algunos economistas señalan que las pensiones consumen más recursos que la educación primaria y secundaria juntas, y alertan de que la generación “baby boomer” se jubila en masa mientras la natalidad se estanca.

En febrero de 2025, la Cour des Comptes —el tribunal de cuentas francés— entregó al gobierno un informe demoledor. En él advierte de que el sistema tuvo en 2023 un pequeño superávit de 8 500 millones de euros gracias al efecto temporal de la inflación, pero que este equilibrio se revertirá rápidamente. La institución calcula que el déficit alcanzará 6 600 millones de euros en 2025 y se mantendrá en torno a ese nivel hasta 2030, cuando se haya implementado por completo la reforma de 2023. Después, el agujero crecerá a 15 000 millones en 2035 y casi 30 000 millones de euros en 2045 conforme aumente el número de pensionistas y el importe medio de sus prestaciones. Si no se adoptan nuevas medidas, la acumulación de déficits podría añadir 470 000 millones de euros a la deuda pública de aquí a 2045.

El informe subraya, además, que el sistema está fragmentado en múltiples regímenes con situaciones dispares. El régimen general y el de los trabajadores agrícolas concentran el 42 % de las pensiones y se encuentran financieramente frágiles. Las cajas de los funcionarios de ayuntamientos y hospitales ya tenían un déficit de 2 500 millones en 2023 debido al rápido deterioro de su ratio de cotizantes por jubilado. En contraste, algunos regímenes complementarios gestionados por los interlocutores sociales presentaban un superávit cercano a 9 900 millones, pero no compensan el desequilibrio global. La Cour des Comptes recuerda que el Estado contribuye con cerca de 45 000 millones de euros al año para financiar las jubilaciones de sus propios funcionarios, y que esa aportación no puede reducirse sin una reforma estructural.

Los auditores descartan la existencia de un “déficit oculto” porque cualquier desequilibrio acaba siendo absorbido por las cuentas públicas. Señalan que elevar la edad legal de jubilación a 65 años aportaría unos 17 700 millones de euros adicionales y tendría el mayor impacto positivo en el equilibrio financiero. También hacen hincapié en que mejoras moderadas de productividad o una bajada del desempleo no bastarían para cerrar la brecha; incluso con un crecimiento del 1 % de la productividad o una reducción del paro al 5 %, el déficit seguiría aumentando.

La raíz del problema es demográfica. A principios de siglo había 2,1 trabajadores por cada jubilado. En 2020 la ratio se redujo a 1,7 y se espera que caiga hasta 1,2 en 2070 debido al envejecimiento de la población y a la menor tasa de fecundidad, que se situó en 1,79 hijos por mujer en 2023. Francia cuenta actualmente con unos 17 millones de pensionistas y las proyecciones apuntan a que serán 23 millones en 2050. La combinación de vidas laborales relativamente cortas y jubilaciones largas crea tensiones en la solidaridad entre generaciones: las generaciones anteriores cotizaron menos y votaron para reducir la edad de retiro, pero ahora reciben pensiones mayores que el salario medio. Mientras tanto, el 16 % de los jóvenes de 18 a 29 años vive por debajo del umbral de pobreza y tiene dificultades para acceder a la vivienda, lo que alimenta el descontento social.

El aumento de la edad legal no garantiza que todos trabajen más tiempo. En Francia es posible jubilarse con una pensión completa a los 67 años aunque no se haya alcanzado el periodo de cotización requerido, y muchos se retiran antes gracias a regímenes especiales. La edad efectiva de jubilación es de 60,7 años, muy por debajo de la media de la OCDE (64,4), lo que acorta la etapa contributiva y amplía la carga sobre los activos. Además, la generosidad de las prestaciones y la protección de ciertos colectivos dificultan reformas profundas sin provocar un estallido social.

La cuestión de las pensiones se ha convertido en el epicentro de la crisis política francesa. Los intentos de reforma han sido recibidos con huelgas, protestas y enfrentamientos con la policía. Encuestas recientes muestran que dos tercios de la población apoya las manifestaciones y que la mayoría considera injustificado subir la edad de retiro. Los partidos de extrema derecha y de izquierda utilizan el tema para atacar al gobierno. La líder nacionalista Marine Le Pen ha prometido revertir la reforma si llega al poder, mientras que los socialistas exigen un impuesto del 2 % sobre fortunas superiores a 100 millones de euros. Sin embargo, los cálculos muestran que esa medida recaudaría unos 20 000 millones al año, apenas un pequeño alivio frente a un gasto anual en pensiones de alrededor de 388 000 millones de euros.

El propio Lecornu ha reconocido que el déficit público del país se sitúa en torno al 5,5 % del PIB, muy por encima del límite del 3 % fijado por la Unión Europea, y que la deuda podría llegar al 120 % del PIB en 2027 si no se corrige la trayectoria. Las agencias de calificación han degradado recientemente la nota soberana francesa y advierten de que el aumento de los tipos de interés encarecerá el servicio de la deuda, que se prevé consuma el 3 % del PIB en intereses hacia 2029. La suspensión de la reforma de las pensiones no sólo agrava el desequilibrio presupuestario sino que envía una señal de falta de voluntad para abordar reformas impopulares.

El debate sobre las pensiones en Francia gira en torno a una disyuntiva: reducir la generosidad de las prestaciones o aumentar la edad de jubilación y las cotizaciones. Mantener el statu quo conduciría a un endeudamiento explosivo que comprometería la capacidad del Estado para financiar educación, sanidad e infraestructuras. Por otro lado, los recortes inmediatos podrían erosionar la cohesión social y dar alas a los movimientos populistas. Algunos economistas proponen combinar varias medidas: indexar las pensiones por debajo de la inflación durante un periodo limitado, alargar gradualmente la vida laboral en función de la esperanza de vida y fomentar planes de ahorro complementarios. La Cour des Comptes recuerda que el aumento de la productividad no compensará por sí solo el envejecimiento y que la única manera de garantizar la sostenibilidad a largo plazo es trabajar más tiempo o cotizar más. Sea cual sea la solución, el caso francés se ha convertido en un aviso para Europa: incluso países con altas tasas de fertilidad y economías desarrolladas no pueden eludir las leyes de la demografía y las matemáticas financieras.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.