El Comercio De La República - El Mayor cambio en décadas

El Mayor cambio en décadas

A pocas semanas de arrasar en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Gobierno de Javier Milei se prepara para ejecutar la transformación más profunda de la estructura estatal desde los años noventa. La victoria en las urnas le dio a La Libertad Avanza un control parlamentario que ningún oficialismo había obtenido desde 2001, lo que permitirá tratar en sesiones extraordinarias un paquete de reformas laborales y tributarias que, según el Presidente, inaugurarán una “nueva Argentina” orientada al crecimiento y a la libertad económica.

Triunfo electoral y nueva relación de fuerzas
El 27 de octubre los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La coalición oficialista saltó de 35 diputados a más de 90 y se convirtió en la fuerza mayoritaria en ambas cámaras; este resultado abre la puerta para debatir en diciembre los proyectos de modernización laboral y simplificación impositiva. El jefe de Gabinete, entonces Guillermo Francos, explicó que la nueva composición les da un “margen de maniobra” suficiente para impulsar los cambios estructurales.

Reforma laboral: modernización del empleo
Uno de los ejes centrales del paquete de reformas es la modificación profunda de la legislación laboral. El proyecto parte de la “Ley de promoción de inversiones y empleo” elaborada por la diputada Romina Diez y retoma disposiciones del DNU 70/23. Entre sus puntos más destacados se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de doce horas diarias, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y la habilitación a las pequeñas y medianas empresas para pagar indemnizaciones en hasta doce cuotas. También plantea flexibilizar los convenios colectivos mediante bancos de horas, restaurar el uso de vales o canastas como parte del salario y ofrecer incentivos fiscales a las PyMES que contraten nuevos empleados.

El programa oficial incluye elementos de flexibilización adicionales. Se prevé un sistema de “salarios dinámicos” que premie el mérito y permita pactar remuneraciones en distintas monedas, bancos de horas y convenios negociados por empresa. Otra novedad es la digitalización de trámites para reducir la burocracia y el reconocimiento de contratos en cualquier moneda, incluido el dólar; el propio Presidente subrayó que quien desee cobrar “el 100 % de su salario en dólares” podrá hacerlo. Según el Gobierno, el objetivo es formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en la economía informal, terminar con la denominada “industria del juicio” y garantizar seguridad jurídica para que las empresas contraten.

Este enfoque recuerda a las reformas de los años noventa porque promueve negociaciones salariales por productividad y por empresa, reduce la ultraactividad de los convenios y amplía el período de prueba. Defensores y críticos coinciden en que los cambios podrían dinamizar el mercado laboral, aunque los opositores advierten sobre el riesgo de precarización y pérdida de derechos. Para mitigar resistencias, el proyecto se debatirá en el Consejo de Mayo con gremios y empresarios.

Reforma tributaria: simplificación y competitividad
La segunda gran arista es la reforma tributaria. El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que enviarán al Congreso un proyecto para eliminar alrededor de 20 impuestos que consideran distorsivos. Entre las medidas que se discuten figura la creación de un “Súper IVA”: la Nación conservaría un porcentaje fijo del impuesto sobre el valor agregado —alrededor del 9 %— y las provincias podrían fijar su propia alícuota hasta un tope de 21 %, generando competencia impositiva para atraer inversiones.

La propuesta también incluye reducir la alícuota y simplificar el impuesto a las Ganancias, ampliar las deducciones y adoptar un régimen simplificado que elimine la obligación de reportar consumos personales. El Ejecutivo estudia la eliminación del impuesto al cheque cuando se consolide el superávit fiscal. Expertos consultados por analistas destacan que Argentina tiene 155 tributos distintos, pero sólo doce de ellos representan el 94 % de la recaudación; por eso, reducir gravámenes de baja recaudación podría simplificar el sistema sin grandes pérdidas de ingresos.

Caputo ha asegurado que el nuevo esquema tributario devolverá al sector privado hasta 500 mil millones de dólares hacia 2031. No obstante, estudiosos del régimen de IVA advierten que algunas provincias podrían enfrentar dificultades para autofinanciarse y que la eliminación de Ingresos Brutos será clave para viabilizar el Súper IVA.

Reestructuración del Estado y la Ley de Bases
Detrás del paquete legislativo se encuentra la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada en julio de 2024. Esta norma otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante un año; en ese lapso se dictaron 88 normas, la mitad de ellas en el último trimestre. Más del 50 % de las medidas se orientaron a intervenir, transformar o eliminar organismos públicos, un 19 % fueron desregulaciones, un 11 % supusieron la disolución de fondos fiduciarios y un 9 % consistieron en privatizaciones.

El informe sobre el primer año de aplicación de la ley señala la disolución o desjerarquización de instituciones como la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y varios organismos de ciencia y salud. También se cerraron 16 fondos fiduciarios vinculados a programas de vivienda, desarrollo productivo y federalismo. Otra medida polémica fue declarar “servicios esenciales” a actividades como la salud, la educación y los servicios energéticos, lo que restringe el derecho de huelga.

Como parte de la reestructuración, el 11 de noviembre de 2025 se eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios y se transfirieron sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, mediante el decreto 793/2025. La medida concentró la difusión gubernamental en la figura del nuevo jefe de Gabinete y buscó “optimizar” la gestión pública. Adorni asumió el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y rápidamente inició negociaciones con gobernadores, junto con el ministro del Interior Diego Santilli, para consensuar el presupuesto 2026 y las reformas en materia laboral, tributaria y previsional.

Resultados económicos e inversiones históricas
La motosierra fiscal y la liberalización económica tuvieron efectos inmediatos en los mercados. En el primer día hábil de 2025 el riesgo país cayó a 610 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018. Las acciones argentinas se dispararon hasta 14 % en Wall Street y el índice S&P Merval en dólares subió casi 8 %, rozando los 2.300 puntos. Analistas internacionales destacaron que la inflación y el gasto público descendieron, la deuda se redujo y la confianza en la economía mejoró, lo que motivó el regreso de capitales al país.

El nuevo contexto también disparó los anuncios de inversión. En el último año se comprometieron más de 100 000 millones de dólares en proyectos productivos. Entre ellos destacan un acuerdo entre la empresa estatal YPF y una petrolera italiana para exportar gas natural licuado por 30 000 millones de dólares; 25 000 millones de dólares en obras bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobados, otros 25 000 millones pendientes y un proyecto para instalar centros de datos por 25 000 millones.

El Gobierno firmó además un acuerdo comercial con los Estados Unidos que prevé la reducción recíproca de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y el reconocimiento de normas estadounidenses en sectores como automotores y productos médicos. Este tratado, presentado como un hito fundacional, se suma a la inversión de ENI y al compromiso de organismos tecnológicos para posicionar a Argentina como proveedor global de energía y servicios.

Junto con los proyectos energéticos, la administración libertaria impulsa una ley de zonas periglaciares para que las provincias definan sus propios límites glaciares y puedan expandir la minería. El Presidente sostiene que la minería de cobre, oro, litio y tierras raras podría generar un millón de empleos directos. Además, insiste en modernizar el sector ferroviario y expandir la industria nuclear y de inteligencia artificial para desencadenar un “nuevo siglo de oro”.

Desafíos y perspectivas
El comienzo de esta “nueva Argentina” representa el intento más ambicioso de desmantelar el modelo estatal y corporativo heredado del siglo XX. La administración libertaria se apoya en el respaldo electoral y en indicadores financieros favorables para avanzar con reformas que, en conjunto, cambiarían la estructura productiva, laboral y fiscal del país. Sin embargo, el éxito del programa dependerá de su aprobación parlamentaria, de la capacidad de diálogo con los gobernadores y de la reacción de la sociedad.

Existen advertencias sobre los costos sociales de la “motosierra”: organizaciones civiles señalan que la eliminación de organismos y fondos puede limitar servicios esenciales y provocar despidos, y que declarar esenciales áreas como educación y salud restringe derechos laborales. En materia tributaria, expertos advierten que el Súper IVA podría agravar la desigualdad entre provincias.

A pesar de estas tensiones, la gestión de Javier Milei está decidida a avanzar con el mayor cambio estructural desde los noventa. Si logra equilibrar la reducción del Estado con crecimiento económico, atraer inversiones y mantener la gobernabilidad, Argentina podría iniciar la época dorada que el Presidente prometió. Si fracasa, quedará la sensación de otra oportunidad perdida. En las próximas semanas, cuando el Congreso comience a discutir las reformas, se sabrá si el sueño de una nueva Argentina se concreta o se diluye.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Israel y su frente en Líbano

Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo ya no puede explicarse como una cadena de represalias aisladas. La ofensiva abierta contra Irán ha terminado por reactivar con toda crudeza la frontera libanesa, y el frente de Hezbolá ha dejado de ser un teatro periférico para convertirse en una pieza central del cálculo israelí. La gran pregunta que domina ahora el análisis regional es si Israel pretende no solo golpear hasta el límite la capacidad estratégica de Irán, sino también dejar a Hezbolá sin una capacidad real de amenaza sobre su frontera norte.La secuencia de los últimos días refuerza esa lectura. Tras el arranque de la campaña sobre territorio iraní, Hezbolá volvió a lanzar cohetes y drones desde Líbano, y la respuesta israelí no se quedó en una represalia puntual ni en un simple castigo táctico. Los bombardeos alcanzaron Beirut y amplias zonas del sur y del este libanés, acompañados por órdenes de evacuación, ataques contra depósitos, centros de mando, estructuras logísticas y posiciones vinculadas tanto a Hezbolá como a la red iraní desplegada en suelo libanés. El mensaje es claro: para Israel, el frente iraní y el frente libanés forman ya parte de una misma operación estratégica.El ataque de este domingo en Beirut, dirigido contra mandos iraníes vinculados a la estructura de la Guardia Revolucionaria presente en Líbano, ha reforzado todavía más esa percepción. Israel no está actuando como si combatiera dos crisis separadas, sino como si estuviera desmontando una sola arquitectura regional: la que conecta a Teherán con sus milicias aliadas, sus canales de transferencia de armas, sus redes de asesoramiento militar y sus plataformas de presión sobre Israel desde distintos puntos del mapa.No es casual que esta fase haya llegado ahora. Se ha instalado la percepción de que Israel cree haber encontrado una ventana de oportunidad para aprovechar la debilidad actual de Hezbolá. Esa lectura parte de varios factores acumulados. El grupo llega a esta nueva etapa después de un largo desgaste, con pérdidas severas en su cadena de mando, bajo vigilancia constante, con parte de su libertad operativa erosionada y, sobre todo, con Irán obligado a concentrarse en su propia supervivencia militar y política. A eso se suma un dato especialmente delicado: el propio Estado libanés ha endurecido el tono frente a cualquier decisión de guerra tomada fuera de sus instituciones, una señal de que el margen político interno de Hezbolá también se ha estrechado.Desde la lógica israelí, dejar intacto a Hezbolá mientras se golpea a Irán tendría un límite evidente. Teherán podría perder instalaciones, mandos y capacidad industrial, pero conservaría a escasos kilómetros de la frontera israelí una fuerza armada con potencial para reconstituir la presión mediante misiles, drones, infiltraciones y hostigamiento prolongado. Por eso la campaña no parece orientarse solo a castigar un lanzamiento o a responder a una jornada de fuego. Apunta a degradar la estructura que convierte a Hezbolá en el brazo regional más valioso de Irán.Eso explica también el cambio de escala. Las operaciones ya no buscan únicamente contener la frontera norte, sino alterar el equilibrio futuro. La insistencia israelí en que Hezbolá debe quedar desarmado y sin capacidad de amenaza efectiva sugiere un objetivo más ambicioso: impedir que, cuando baje la intensidad del choque con Irán, el movimiento libanés pueda presentarse otra vez como la gran baza disuasoria del eje proiraní. En otras palabras, la guerra no solo se ha extendido geográficamente; también se han ampliado sus fines políticos y militares.Sin embargo, hablar de un golpe definitivo contra Hezbolá sería todavía prematuro. El grupo ha quedado dañado, pero no borrado. Conserva arraigo social en parte de Líbano, experiencia de combate, cuadros intermedios, redes clandestinas y una capacidad probada de adaptación bajo presión. La historia del sur libanés demuestra que destruir arsenales o eliminar mandos no equivale automáticamente a liquidar una organización insertada en el territorio, en una base social y en una lógica regional de alianzas. Cuanto más se profundice la operación, mayor será el riesgo de una guerra larga, fragmentada y extremadamente costosa.El precio humano ya es devastador. El balance en Líbano se acerca a los 400 muertos y el número de desplazados vuelve a dispararse, con familias huyendo de los suburbios del sur de Beirut, del valle de la Bekaa y de numerosas localidades sometidas a bombardeos o advertencias de evacuación. Niños, hospitales tensionados, refugios saturados y barrios enteros bajo pánico describen un escenario que recuerda una verdad elemental: cada ampliación militar multiplica la vulnerabilidad civil. En Israel, la continuidad de las alertas y de los ataques misilísticos mantiene a la población bajo amenaza constante. Y en Irán, la ofensiva ha golpeado no solo instalaciones estratégicas, sino también la vida cotidiana de millones de personas.La dimensión regional de esta crisis ya no admite eufemismos. La guerra está salpicando a más de una decena de Estados, con consecuencias sobre infraestructuras críticas, aviación, posiciones militares extranjeras y enclaves energéticos sensibles. La presión sobre el Golfo, sobre las rutas de abastecimiento y sobre instalaciones clave introduce un factor económico y geopolítico que agrava el conflicto. Cuando los ataques alcanzan nodos energéticos, sistemas esenciales o corredores de transporte, el efecto deja de ser únicamente militar y pasa a sentirse en los mercados, en la logística internacional y en la percepción global del riesgo.También por eso la expansión hacia Hezbolá tiene una lógica que va mucho más allá de la frontera libanesa. Israel intenta reducir la capacidad de Irán para responder de manera indirecta, encarecer cualquier reconstrucción futura de su red de aliados y dejar a Teherán sin una plataforma robusta de presión en el Levante. El cálculo es duro y, desde el punto de vista israelí, parece coherente: si Irán sale debilitado pero Hezbolá conserva masa crítica, la guerra podría reanudarse en cualquier momento bajo otra forma. Si, en cambio, ambos quedan simultáneamente degradados, Israel cree que puede ganar años de margen estratégico.El problema es que esa lógica militar no garantiza una salida política. Incluso una Hezbolá severamente golpeada puede mantener capacidad de sabotaje, reconstrucción y desgaste. Incluso un Irán castigado puede optar por dispersar sus respuestas y arrastrar a más actores. Y un Líbano sometido otra vez a una devastación masiva difícilmente saldrá reforzado institucionalmente por el mero retroceso de uno de sus actores armados. La destrucción puede debilitar a una organización, pero no reconstruye por sí sola un Estado ni cura una fractura regional.A eso se añade una realidad incómoda: cada parte sigue convencida de que ceder ahora equivale a perder mañana. Israel interpreta este momento como una oportunidad excepcional para rediseñar el mapa de amenazas que lo rodea. Irán lo vive como una batalla existencial. Y Hezbolá, atrapado entre el deber de sostener el eje proiraní, su desgaste interno y la presión sobre la sociedad libanesa, trata de no quedar reducido a una irrelevancia estratégica. Esa combinación hace que la desescalada sea hoy más difícil que hace solo unos días.Por eso la cuestión de fondo ya no es solo si Israel quiere ir también contra Hezbolá. Los hechos indican que ya lo está haciendo de forma abierta, intensiva y sistemática. La verdadera incógnita es si esta nueva fase persigue una neutralización limitada o una redefinición completa del mapa de seguridad en Oriente Próximo. A día de hoy, la dirección de los ataques, la amplitud de los objetivos y el lenguaje de la cúpula militar israelí apuntan más a lo segundo que a lo primero.En ese contexto, la fórmula más precisa para describir el momento no es que la guerra se amplía, sino que cambia de naturaleza. Lo que empezó como una ofensiva contra Irán se está convirtiendo en un intento de desmontar, al mismo tiempo, el sistema regional de presión que Teherán ha construido durante años. Si esa apuesta prospera, Oriente Próximo entrará en una etapa nueva, profundamente inestable y marcada por reacomodos forzados. Si fracasa, el resultado puede ser todavía peor: una guerra más larga, más descentralizada y con más frentes abiertos que nunca.