El Comercio De La República - El Mayor cambio en décadas

El Mayor cambio en décadas

A pocas semanas de arrasar en las elecciones legislativas de octubre de 2025, el Gobierno de Javier Milei se prepara para ejecutar la transformación más profunda de la estructura estatal desde los años noventa. La victoria en las urnas le dio a La Libertad Avanza un control parlamentario que ningún oficialismo había obtenido desde 2001, lo que permitirá tratar en sesiones extraordinarias un paquete de reformas laborales y tributarias que, según el Presidente, inaugurarán una “nueva Argentina” orientada al crecimiento y a la libertad económica.

Triunfo electoral y nueva relación de fuerzas
El 27 de octubre los argentinos renovaron la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La coalición oficialista saltó de 35 diputados a más de 90 y se convirtió en la fuerza mayoritaria en ambas cámaras; este resultado abre la puerta para debatir en diciembre los proyectos de modernización laboral y simplificación impositiva. El jefe de Gabinete, entonces Guillermo Francos, explicó que la nueva composición les da un “margen de maniobra” suficiente para impulsar los cambios estructurales.

Reforma laboral: modernización del empleo
Uno de los ejes centrales del paquete de reformas es la modificación profunda de la legislación laboral. El proyecto parte de la “Ley de promoción de inversiones y empleo” elaborada por la diputada Romina Diez y retoma disposiciones del DNU 70/23. Entre sus puntos más destacados se encuentran la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de doce horas diarias, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y la habilitación a las pequeñas y medianas empresas para pagar indemnizaciones en hasta doce cuotas. También plantea flexibilizar los convenios colectivos mediante bancos de horas, restaurar el uso de vales o canastas como parte del salario y ofrecer incentivos fiscales a las PyMES que contraten nuevos empleados.

El programa oficial incluye elementos de flexibilización adicionales. Se prevé un sistema de “salarios dinámicos” que premie el mérito y permita pactar remuneraciones en distintas monedas, bancos de horas y convenios negociados por empresa. Otra novedad es la digitalización de trámites para reducir la burocracia y el reconocimiento de contratos en cualquier moneda, incluido el dólar; el propio Presidente subrayó que quien desee cobrar “el 100 % de su salario en dólares” podrá hacerlo. Según el Gobierno, el objetivo es formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores que actualmente se desempeñan en la economía informal, terminar con la denominada “industria del juicio” y garantizar seguridad jurídica para que las empresas contraten.

Este enfoque recuerda a las reformas de los años noventa porque promueve negociaciones salariales por productividad y por empresa, reduce la ultraactividad de los convenios y amplía el período de prueba. Defensores y críticos coinciden en que los cambios podrían dinamizar el mercado laboral, aunque los opositores advierten sobre el riesgo de precarización y pérdida de derechos. Para mitigar resistencias, el proyecto se debatirá en el Consejo de Mayo con gremios y empresarios.

Reforma tributaria: simplificación y competitividad
La segunda gran arista es la reforma tributaria. El Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que enviarán al Congreso un proyecto para eliminar alrededor de 20 impuestos que consideran distorsivos. Entre las medidas que se discuten figura la creación de un “Súper IVA”: la Nación conservaría un porcentaje fijo del impuesto sobre el valor agregado —alrededor del 9 %— y las provincias podrían fijar su propia alícuota hasta un tope de 21 %, generando competencia impositiva para atraer inversiones.

La propuesta también incluye reducir la alícuota y simplificar el impuesto a las Ganancias, ampliar las deducciones y adoptar un régimen simplificado que elimine la obligación de reportar consumos personales. El Ejecutivo estudia la eliminación del impuesto al cheque cuando se consolide el superávit fiscal. Expertos consultados por analistas destacan que Argentina tiene 155 tributos distintos, pero sólo doce de ellos representan el 94 % de la recaudación; por eso, reducir gravámenes de baja recaudación podría simplificar el sistema sin grandes pérdidas de ingresos.

Caputo ha asegurado que el nuevo esquema tributario devolverá al sector privado hasta 500 mil millones de dólares hacia 2031. No obstante, estudiosos del régimen de IVA advierten que algunas provincias podrían enfrentar dificultades para autofinanciarse y que la eliminación de Ingresos Brutos será clave para viabilizar el Súper IVA.

Reestructuración del Estado y la Ley de Bases
Detrás del paquete legislativo se encuentra la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, promulgada en julio de 2024. Esta norma otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante un año; en ese lapso se dictaron 88 normas, la mitad de ellas en el último trimestre. Más del 50 % de las medidas se orientaron a intervenir, transformar o eliminar organismos públicos, un 19 % fueron desregulaciones, un 11 % supusieron la disolución de fondos fiduciarios y un 9 % consistieron en privatizaciones.

El informe sobre el primer año de aplicación de la ley señala la disolución o desjerarquización de instituciones como la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y varios organismos de ciencia y salud. También se cerraron 16 fondos fiduciarios vinculados a programas de vivienda, desarrollo productivo y federalismo. Otra medida polémica fue declarar “servicios esenciales” a actividades como la salud, la educación y los servicios energéticos, lo que restringe el derecho de huelga.

Como parte de la reestructuración, el 11 de noviembre de 2025 se eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios y se transfirieron sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, mediante el decreto 793/2025. La medida concentró la difusión gubernamental en la figura del nuevo jefe de Gabinete y buscó “optimizar” la gestión pública. Adorni asumió el cargo tras la renuncia de Guillermo Francos y rápidamente inició negociaciones con gobernadores, junto con el ministro del Interior Diego Santilli, para consensuar el presupuesto 2026 y las reformas en materia laboral, tributaria y previsional.

Resultados económicos e inversiones históricas
La motosierra fiscal y la liberalización económica tuvieron efectos inmediatos en los mercados. En el primer día hábil de 2025 el riesgo país cayó a 610 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018. Las acciones argentinas se dispararon hasta 14 % en Wall Street y el índice S&P Merval en dólares subió casi 8 %, rozando los 2.300 puntos. Analistas internacionales destacaron que la inflación y el gasto público descendieron, la deuda se redujo y la confianza en la economía mejoró, lo que motivó el regreso de capitales al país.

El nuevo contexto también disparó los anuncios de inversión. En el último año se comprometieron más de 100 000 millones de dólares en proyectos productivos. Entre ellos destacan un acuerdo entre la empresa estatal YPF y una petrolera italiana para exportar gas natural licuado por 30 000 millones de dólares; 25 000 millones de dólares en obras bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ya aprobados, otros 25 000 millones pendientes y un proyecto para instalar centros de datos por 25 000 millones.

El Gobierno firmó además un acuerdo comercial con los Estados Unidos que prevé la reducción recíproca de aranceles, la eliminación de barreras no arancelarias y el reconocimiento de normas estadounidenses en sectores como automotores y productos médicos. Este tratado, presentado como un hito fundacional, se suma a la inversión de ENI y al compromiso de organismos tecnológicos para posicionar a Argentina como proveedor global de energía y servicios.

Junto con los proyectos energéticos, la administración libertaria impulsa una ley de zonas periglaciares para que las provincias definan sus propios límites glaciares y puedan expandir la minería. El Presidente sostiene que la minería de cobre, oro, litio y tierras raras podría generar un millón de empleos directos. Además, insiste en modernizar el sector ferroviario y expandir la industria nuclear y de inteligencia artificial para desencadenar un “nuevo siglo de oro”.

Desafíos y perspectivas
El comienzo de esta “nueva Argentina” representa el intento más ambicioso de desmantelar el modelo estatal y corporativo heredado del siglo XX. La administración libertaria se apoya en el respaldo electoral y en indicadores financieros favorables para avanzar con reformas que, en conjunto, cambiarían la estructura productiva, laboral y fiscal del país. Sin embargo, el éxito del programa dependerá de su aprobación parlamentaria, de la capacidad de diálogo con los gobernadores y de la reacción de la sociedad.

Existen advertencias sobre los costos sociales de la “motosierra”: organizaciones civiles señalan que la eliminación de organismos y fondos puede limitar servicios esenciales y provocar despidos, y que declarar esenciales áreas como educación y salud restringe derechos laborales. En materia tributaria, expertos advierten que el Súper IVA podría agravar la desigualdad entre provincias.

A pesar de estas tensiones, la gestión de Javier Milei está decidida a avanzar con el mayor cambio estructural desde los noventa. Si logra equilibrar la reducción del Estado con crecimiento económico, atraer inversiones y mantener la gobernabilidad, Argentina podría iniciar la época dorada que el Presidente prometió. Si fracasa, quedará la sensación de otra oportunidad perdida. En las próximas semanas, cuando el Congreso comience a discutir las reformas, se sabrá si el sueño de una nueva Argentina se concreta o se diluye.

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Rusia y el terrorismo contra Ucrania

Rusia es un estado terrorista, algo que todo el mundo sabe desde el 24 de febrero de 2022. ¡Desde febrero de 2022, el estado terrorista ruso comete a diario crímenes de guerra, violaciones, asesinatos, saqueos, tomas de rehenes y otros crímenes bestiales!La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, continúa generando incertidumbre sobre su desenlace. Mientras algunos analistas apuntan a que Moscú ha alcanzado ciertos objetivos estratégicos, otros señalan que aún no puede hablarse de una victoria rotunda, dado el prolongado conflicto y la resistencia ucraniana, respaldada en gran medida por la ayuda militar y financiera de Occidente. En este contexto, surgen preguntas fundamentales: ¿ha ganado Rusia la guerra? ¿Qué escenarios se plantean para el futuro de Ucrania?Estancamiento y guerra de desgaste:Uno de los panoramas más mencionados por los expertos es el de un conflicto prolongado, caracterizado por escaramuzas en puntos clave y por un avance lento y costoso para ambas partes. La dinámica de esta «guerra de desgaste» implica que Ucrania mantenga un alto nivel de movilización, con el apoyo técnico y diplomático de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia trataría de afianzar su control sobre las zonas que ya ocupa, reforzando sus posiciones militares y logísticas.Posibles consecuencias: desgaste económico para ambas naciones, mayor dependencia de Ucrania de la asistencia occidental y riesgo de crisis humanitaria en las regiones más afectadas.Negociaciones y acuerdo de paz parcial:Otro posible desenlace reside en un eventual acuerdo de paz que no necesariamente implicaría una restauración total de las fronteras ucranianas previas a la invasión. Con la mediación de potencias internacionales, se ha especulado sobre la posibilidad de un alto el fuego y la fijación de nuevas líneas de demarcación.Posibles consecuencias: consolidación de facto del control ruso en territorios disputados, alivio temporal de la tensión, pero persistencia de un conflicto latente que podría reactivarse si no se abordan las causas de fondo.Escalada y riesgo de confrontación mayor:A pesar de que numerosos países han abogado por la vía diplomática, existe el temor de que el conflicto pueda escalar. Un escenario extremo contemplaría un aumento de la presión militar por parte de Rusia o la intervención más directa de otras potencias, lo que elevaría significativamente el peligro para la estabilidad europea e internacional.Posibles consecuencias: agravamiento de la crisis humanitaria, mayor número de desplazados y potencial expansión del conflicto a otros Estados de la región.Victoria ucraniana con apoyo internacional:No se descarta, por otra parte, un escenario favorable a Ucrania. La combinación de la resistencia local y la asistencia militar extranjera podría permitirle recuperar parte de los territorios ocupados o, al menos, defender con éxito las zonas aún bajo su control.Posibles consecuencias: reposicionamiento geopolítico de Ucrania como aliado firme de Occidente, fortalecimiento de sus fuerzas armadas y la posible redefinición del equilibrio de poder en Europa del Este.¿Ha ganado Rusia la guerra?Por ahora, no existe un consenso definitivo sobre si Rusia puede considerarse vencedora. Si bien ha obtenido algunas ganancias territoriales y ha forzado a Ucrania y a Europa a una respuesta militar y económica de gran calado, los costes —tanto para el Kremlin como para la población ucraniana— se han disparado. El conflicto ha puesto de relieve la determinación de Kiev y el compromiso de la OTAN y la UE en sostener la defensa ucraniana.En última instancia, el futuro de Ucrania dependerá de la capacidad de ambas partes para mantener o intensificar el esfuerzo militar, la voluntad política de negociar y el respaldo de la comunidad internacional. La guerra, lejos de haberse resuelto, sigue definiendo un nuevo orden geopolítico, cuyas repercusiones marcarán el curso de Europa y del mundo durante los próximos años.

EE. UU.: Trump y la crisis sanitaria

En un movimiento sorpresivo que ha generado intensos debates en el panorama político de Estados Unidos, el expresidente Donald J. Trump ha designado a un nuevo referente para encarar la compleja crisis de salud que atraviesa el país. Se trata del doctor Jonathan H. Miller, un reputado especialista en políticas sanitarias y exasesor de la Organización Mundial de la Salud.Según fuentes cercanas al círculo de Trump, Miller tendrá plenos poderes para rediseñar el sistema de atención médica a fin de reducir costes, agilizar procesos y ampliar la cobertura para millones de estadounidenses que aún carecen de seguro. Su nombramiento, sin embargo, no está exento de controversia. Mientras algunos sectores conservadores aplauden la decisión por considerar a Miller un experto en optimización de recursos y recortes presupuestarios, grupos progresistas y diversas organizaciones de derechos civiles temen que las futuras reformas puedan perjudicar a las poblaciones más vulnerables.“Miller se ha destacado por su enfoque pragmático y su afán de eficiencia, pero su historial en la implantación de programas de salud pública es limitado”, señala la analista política Michelle Ortiz. “Por un lado, Trump busca una solución rápida y contundente; por otro, no está claro hasta qué punto se priorizarán las necesidades de quienes históricamente han estado al margen del sistema”.Durante su breve comparecencia ante los medios, Miller se comprometió a “revisar de inmediato” las leyes que rigen el acceso a la salud y a proponer un plan de acción que contemple la modernización de los hospitales y clínicas rurales, así como la incorporación de tecnología punta en la gestión de historias clínicas. No obstante, evitó entrar en detalles sobre la posible derogación de normativas vigentes, incluido el polémico Affordable Care Act, emblema de la administración Obama.La comunidad médica observa con cautela el rumbo que podría tomar el sistema sanitario bajo esta nueva iniciativa. Mientras algunos doctores y especialistas en salud pública reconocen la necesidad de cambios profundos para hacer frente al envejecimiento de la población, el encarecimiento de los medicamentos y la disparidad en el acceso a seguros, otros temen que una visión excesivamente economicista arriesgue el principio de universalidad.Por el momento, el futuro de la reforma sanitaria estadounidense permanece incierto. Lo que sí parece seguro es que la apuesta de Trump por el doctor Miller como adalid del cambio marcará un nuevo capítulo en la incesante pugna entre quienes defienden un mayor rol del Estado en la protección de la salud y quienes abogan por iniciativas privadas y la desregulación del sector. Queda por ver si este nuevo liderazgo será capaz de generar consensos duraderos o si se sumará a la larga lista de intentos fallidos por reparar un sistema que, a juicio de muchos, lleva décadas en crisis.

Lanza del sur en vilo

A mediados de noviembre de 2025 el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur a instancias de la Casa Blanca. La misión, coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, se presentó como una campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico. El secretario Pete Hegseth explicó que se trataba de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger al país de la droga que entra por el sur. En la práctica, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra del Golfo: comprende un portaaviones de propulsión nuclear con más de 4 000 marineros, un grupo anfibio con unos 2 200 marines y buques de guerra, además de destructores lanza‑misiles, cruceros, un submarino de ataque, aviones F‑35, drones de reconocimiento y 150 tropas de operaciones especiales embarcadas en el buque MV Ocean Trader. Estas fuerzas se combinan con plataformas robotizadas de superficie y drones capaces de despegar verticalmente, integrados con buques de la Guardia Costera en el marco de una red de vigilancia de alta tecnología.Ataques recientes y balance de víctimasDesde agosto se han llevado a cabo al menos una veintena de ataques contra lanchas consideradas “narcolanchas”, con un saldo que ya supera las ochenta muertes. El 10 de noviembre, un ataque cinético contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe acabó con la vida de sus cuatro tripulantes, acción que el Comando Sur justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico. Cinco días después, el 15 de noviembre, otra intervención en el Pacífico oriental destruyó una lancha que transportaba estupefacientes; murieron tres hombres que Estados Unidos calificó de narcoterroristas. Las autoridades militares estadounidenses insisten en que los objetivos recorrían rutas habituales del tráfico de drogas y que los ataques cuentan con respaldo legal. Sin embargo, la cifra acumulada de víctimas y la ejecución de los operativos —que dejan sin posibilidad de captura a los ocupantes— alimentan las críticas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre la pérdida de potencial información de inteligencia.Declaraciones ambiguas de Donald TrumpEl presidente estadounidense ha mantenido una estrategia de ambigüedad. Tras reunirse con altos mandos del Pentágono para analizar opciones sobre Venezuela, aseguró que “ya se decidió” acerca de los próximos pasos, aunque evitó revelar la naturaleza de sus órdenes. Trump sostiene que el despliegue militar ha frenado la entrada masiva de drogas y, en declaraciones a la prensa, dejó abierta la puerta a conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario también ha deslizado la posibilidad de autorizar ataques contra carteles en México y Colombia, afirmando que consultaría al Congreso y que contaría con el respaldo de ambos partidos para combatir a organizaciones criminales. Esta postura ambivalente —mezcla de mano dura y eventual disposición al diálogo— mantiene a la región en vilo y multiplica las especulaciones sobre un ataque terrestre.Objetivos y designaciones de grupos terroristasUno de los ejes de la operación es la criminalización de redes asociadas al poder venezolano. Washington ha anunciado que designará al Cartel de los Soles, organización vinculada a altos mandos de la fuerza armada venezolana, como una organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, la medida busca tipificar como delito cualquier apoyo material a este cartel y responde a la supuesta cooperación de este grupo con bandas como el Tren de Aragua para enviar narcóticos a Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una estructura criminal de tráfico de drogas. Esta estrategia de designaciones se acompaña de ofertas de conversación al propio Maduro, lo que refleja la contradicción entre la vía judicial y la política.Reacción venezolana: movilización y retórica de soberaníaLa respuesta de Caracas ha sido contundente. El gobierno venezolano considera que la Operación Lanza del Sur es un pretexto para una intervención militar. Nicolás Maduro ha movilizado 200 000 efectivos —incluidos soldados, milicias civiles y policías— y ha instruido la creación de “grupos de calle” para defender cada centímetro del territorio. En un encuentro con juristas, el mandatario pidió al pueblo estadounidense que detenga “la mano enloquecida de quien ordena bombardear” y preguntó si el continente está dispuesto a vivir “otra Gaza en Suramérica”. Caracas también ha convocado vigilias y marchas permanentes y ha elevado la alerta militar ante la presencia de buques estadounidenses en Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, funcionarios venezolanos buscan articular denuncias ante instancias internacionales para, según dicen, defender el derecho a la paz y la soberanía. Este discurso combina la retórica antiimperialista con la preparación para una eventual confrontación armada.Reacción colombiana: ruptura de cooperación e investigacionesColombia, aliado tradicional de Estados Unidos en materia de narcotráfico, rompió filas cuando el presidente Gustavo Petro ordenó suspender la cooperación en inteligencia hasta que cesen los ataques a lanchas rápidas. El mandatario escribió en redes que su ejército debe terminar “las comunicaciones y otros acuerdos” con las agencias de seguridad estadounidenses, al considerar que la ofensiva viola derechos humanos y constituye ejecuciones extrajudiciales. Petro sostiene que la lucha contra las drogas debe supeditarse a los derechos de las comunidades caribeñas y pidió que Donald Trump sea investigado por crímenes de guerra. Según las cifras que maneja Bogotá, al menos 75 personas han muerto en estos bombardeos desde agosto. El líder colombiano afirma que las víctimas incluían pescadores civiles y que existían alternativas legales como la incautación y el procesamiento de las embarcaciones. La Casa Blanca respondió imponiendo sanciones económicas a Petro y a miembros de su familia bajo acusaciones de connivencia con cárteles de droga, lo que profundizó una crisis diplomática sin precedentes.Controversias y críticas internacionalesLa actuación estadounidense ha suscitado un amplio rechazo. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionan que bombardear embarcaciones sin intentar capturar a sus ocupantes elimina fuentes valiosas de inteligencia y podría costar más que el valor de la droga incautada. La Guardia Costera de Estados Unidos ha obtenido incautaciones récord de cocaína mediante interdicciones convencionales —225 toneladas en un año— mientras que las incursiones militares apenas han mostrado resultados medibles. La ONU, por su parte, acusó a Washington de violar el derecho internacional; el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, señaló que más de 60 personas murieron en quince ataques antes de noviembre y exigió el fin de las operaciones. Naciones Unidas insiste en que las acciones no tienen la cobertura de un conflicto armado y constituyen ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse. Estas críticas se suman a las de los gobiernos de Venezuela y Colombia, así como a un creciente malestar en Trinidad y Tobago por los ejercicios navales estadounidenses cerca de su costa.Balance y perspectivasA tres meses de su inicio, la Operación Lanza del Sur ha provocado más tensión que logros verificables. Estados Unidos exhibe la destrucción de embarcaciones como un avance en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Venezuela y Colombia la califican de agresión. La región observa con inquietud la posibilidad de que los bombardeos a narcolanchas evolucionen hacia ataques a objetivos en tierra, dado que Trump, al mismo tiempo que insinúa conversaciones, no descarta un “siguiente paso” y algunas unidades militares están preparadas para recibir órdenes. La designación de grupos como el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas y las sanciones contra mandatarios latinoamericanos completan un escenario en el que la política antidrogas se mezcla con la estrategia geopolítica. En ausencia de transparencia sobre los criterios y la legalidad de los ataques, la campaña amenaza con convertirse en un nuevo foco de inestabilidad en América Latina, con riesgos de escalada y de violaciones a los derechos humanos.