El Comercio De La República - Lanza del sur en vilo

A mediados de noviembre de 2025 el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la Operación Lanza del Sur a instancias de la Casa Blanca. La misión, coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, se presentó como una campaña contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico. El secretario Pete Hegseth explicó que se trataba de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio” y proteger al país de la droga que entra por el sur. En la práctica, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región desde la Guerra del Golfo: comprende un portaaviones de propulsión nuclear con más de 4 000 marineros, un grupo anfibio con unos 2 200 marines y buques de guerra, además de destructores lanza‑misiles, cruceros, un submarino de ataque, aviones F‑35, drones de reconocimiento y 150 tropas de operaciones especiales embarcadas en el buque MV Ocean Trader. Estas fuerzas se combinan con plataformas robotizadas de superficie y drones capaces de despegar verticalmente, integrados con buques de la Guardia Costera en el marco de una red de vigilancia de alta tecnología.

Ataques recientes y balance de víctimas
Desde agosto se han llevado a cabo al menos una veintena de ataques contra lanchas consideradas “narcolanchas”, con un saldo que ya supera las ochenta muertes. El 10 de noviembre, un ataque cinético contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe acabó con la vida de sus cuatro tripulantes, acción que el Comando Sur justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico. Cinco días después, el 15 de noviembre, otra intervención en el Pacífico oriental destruyó una lancha que transportaba estupefacientes; murieron tres hombres que Estados Unidos calificó de narcoterroristas. Las autoridades militares estadounidenses insisten en que los objetivos recorrían rutas habituales del tráfico de drogas y que los ataques cuentan con respaldo legal. Sin embargo, la cifra acumulada de víctimas y la ejecución de los operativos —que dejan sin posibilidad de captura a los ocupantes— alimentan las críticas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza y sobre la pérdida de potencial información de inteligencia.

Declaraciones ambiguas de Donald Trump
El presidente estadounidense ha mantenido una estrategia de ambigüedad. Tras reunirse con altos mandos del Pentágono para analizar opciones sobre Venezuela, aseguró que “ya se decidió” acerca de los próximos pasos, aunque evitó revelar la naturaleza de sus órdenes. Trump sostiene que el despliegue militar ha frenado la entrada masiva de drogas y, en declaraciones a la prensa, dejó abierta la puerta a conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario también ha deslizado la posibilidad de autorizar ataques contra carteles en México y Colombia, afirmando que consultaría al Congreso y que contaría con el respaldo de ambos partidos para combatir a organizaciones criminales. Esta postura ambivalente —mezcla de mano dura y eventual disposición al diálogo— mantiene a la región en vilo y multiplica las especulaciones sobre un ataque terrestre.

Objetivos y designaciones de grupos terroristas
Uno de los ejes de la operación es la criminalización de redes asociadas al poder venezolano. Washington ha anunciado que designará al Cartel de los Soles, organización vinculada a altos mandos de la fuerza armada venezolana, como una organización terrorista extranjera. Según el Departamento de Estado, la medida busca tipificar como delito cualquier apoyo material a este cartel y responde a la supuesta cooperación de este grupo con bandas como el Tren de Aragua para enviar narcóticos a Estados Unidos. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cincuenta millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una estructura criminal de tráfico de drogas. Esta estrategia de designaciones se acompaña de ofertas de conversación al propio Maduro, lo que refleja la contradicción entre la vía judicial y la política.

Reacción venezolana: movilización y retórica de soberanía
La respuesta de Caracas ha sido contundente. El gobierno venezolano considera que la Operación Lanza del Sur es un pretexto para una intervención militar. Nicolás Maduro ha movilizado 200 000 efectivos —incluidos soldados, milicias civiles y policías— y ha instruido la creación de “grupos de calle” para defender cada centímetro del territorio. En un encuentro con juristas, el mandatario pidió al pueblo estadounidense que detenga “la mano enloquecida de quien ordena bombardear” y preguntó si el continente está dispuesto a vivir “otra Gaza en Suramérica”. Caracas también ha convocado vigilias y marchas permanentes y ha elevado la alerta militar ante la presencia de buques estadounidenses en Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, funcionarios venezolanos buscan articular denuncias ante instancias internacionales para, según dicen, defender el derecho a la paz y la soberanía. Este discurso combina la retórica antiimperialista con la preparación para una eventual confrontación armada.

Reacción colombiana: ruptura de cooperación e investigaciones
Colombia, aliado tradicional de Estados Unidos en materia de narcotráfico, rompió filas cuando el presidente Gustavo Petro ordenó suspender la cooperación en inteligencia hasta que cesen los ataques a lanchas rápidas. El mandatario escribió en redes que su ejército debe terminar “las comunicaciones y otros acuerdos” con las agencias de seguridad estadounidenses, al considerar que la ofensiva viola derechos humanos y constituye ejecuciones extrajudiciales. Petro sostiene que la lucha contra las drogas debe supeditarse a los derechos de las comunidades caribeñas y pidió que Donald Trump sea investigado por crímenes de guerra. Según las cifras que maneja Bogotá, al menos 75 personas han muerto en estos bombardeos desde agosto. El líder colombiano afirma que las víctimas incluían pescadores civiles y que existían alternativas legales como la incautación y el procesamiento de las embarcaciones. La Casa Blanca respondió imponiendo sanciones económicas a Petro y a miembros de su familia bajo acusaciones de connivencia con cárteles de droga, lo que profundizó una crisis diplomática sin precedentes.

Controversias y críticas internacionales
La actuación estadounidense ha suscitado un amplio rechazo. Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad cuestionan que bombardear embarcaciones sin intentar capturar a sus ocupantes elimina fuentes valiosas de inteligencia y podría costar más que el valor de la droga incautada. La Guardia Costera de Estados Unidos ha obtenido incautaciones récord de cocaína mediante interdicciones convencionales —225 toneladas en un año— mientras que las incursiones militares apenas han mostrado resultados medibles. La ONU, por su parte, acusó a Washington de violar el derecho internacional; el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, señaló que más de 60 personas murieron en quince ataques antes de noviembre y exigió el fin de las operaciones. Naciones Unidas insiste en que las acciones no tienen la cobertura de un conflicto armado y constituyen ejecuciones extrajudiciales que deben investigarse. Estas críticas se suman a las de los gobiernos de Venezuela y Colombia, así como a un creciente malestar en Trinidad y Tobago por los ejercicios navales estadounidenses cerca de su costa.

Balance y perspectivas
A tres meses de su inicio, la Operación Lanza del Sur ha provocado más tensión que logros verificables. Estados Unidos exhibe la destrucción de embarcaciones como un avance en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Venezuela y Colombia la califican de agresión. La región observa con inquietud la posibilidad de que los bombardeos a narcolanchas evolucionen hacia ataques a objetivos en tierra, dado que Trump, al mismo tiempo que insinúa conversaciones, no descarta un “siguiente paso” y algunas unidades militares están preparadas para recibir órdenes. La designación de grupos como el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas y las sanciones contra mandatarios latinoamericanos completan un escenario en el que la política antidrogas se mezcla con la estrategia geopolítica. En ausencia de transparencia sobre los criterios y la legalidad de los ataques, la campaña amenaza con convertirse en un nuevo foco de inestabilidad en América Latina, con riesgos de escalada y de violaciones a los derechos humanos.